Turquía y Líbano aceleran los planes para repatriar a cientos de miles de refugiados sirios

Turquía y Libano, los Estados vecinos de Siria que más refugiados acogen, pretenden devolverlos a su país pese a que la guerra continúa. Ese es el plan de esos dos países, los que más han abierto sus puertas desde que en 2011 los sirios comenzaron a huir de la guerra, de la dictadura de Bachar el Asad, del autodenominado ...

Turquía y Libano, los Estados vecinos de Siria que más refugiados acogen, pretenden devolverlos a su país pese a que la guerra continúa. Ese es el plan de esos dos países, los que más han abierto sus puertas desde que en 2011 los sirios comenzaron a huir de la guerra, de la dictadura de Bachar el Asad, del autodenominado califato del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) y, en fin, del desastre y la pobreza en la que llevan sumidos más de una década. Líbano y Turquía, los dos países con mayor número de refugiados sirios (1,5 y 3,6 millones, respectivamente), han dado un giro gradual a su discurso migratorio ―a raíz de su propia situación económica y política― para retornar “voluntariamente”, dicen, a cientos de miles de sirios a su país.

Líbano reactivó el 26 de octubre el plan de retorno que comenzó por oleadas en 2017 y había frenado la pandemia. Medio millar de sirios salió en buses fletados ex profeso desde distintas partes del país. Otros 330 lo hicieron el pasado sábado, según la Agencia Nacional de Noticias. El objetivo de las autoridades es repatriar a 15.000 personas al mes.

Mientras, Turquía, que según su presidente, Recep Tayyip Erdogan, ya ha devuelto a más de 526.000 sirios desde 2016, amenaza con empezar una estrategia similar para sacar del país a un millón más. Esto hace que en Bruselas empiecen a saltar las alarmas ante un más que probable aumento de llegadas irregulares a territorio comunitario. Un total de 31.000 sirios han sido detectados por Frontex, la agencia de protección de fronteras exteriores de la Unión Europea, queriendo entrar en territorio comunitario de manera irregular entre enero y junio de 2022, el doble que en el mismo periodo que el año anterior.

Desde el pasado agosto, la ruta migratoria más oriental del Mediterráneo empezaba ya a ser la preocupación número uno para la UE en el ámbito migratorio, principalmente por el considerable aumento de las salidas de ciudadanos sirios desde Líbano y Turquía por temor a ser devueltos a su país. Las condiciones de vida en algunos países de acogida de Oriente Próximo, la crisis económica y política, y las iniciativas de retorno acordadas con el régimen de Damasco de cientos de miles de refugiados sirios que llevan años en Turquía y Líbano han hecho que Bruselas vuelva a poner la lupa sobre esta región.

En un documento interno fechado el pasado 26 de agosto al que ha tenido acceso EL PAÍS, Frontex ya advertía de que la devolución de sirios aumentaría los flujos migratorios hacia la UE. “Las medidas de repatriación pueden sumarse a la grave situación económica en el Líbano y hacer que aumenten los factores de empuje para la migración a través del Mediterráneo oriental”, advirtió la agencia comunitaria. La mayoría de migrantes hoy desde la costa libanesa son refugiados sirios. El porcentaje de los que viven en condiciones de pobreza extrema ha pasado del 55% en 2019 al 88% en 2021, según la ONU. Al calor del desplome del país, ha empeorado también el trato que reciben y ha aumentado el discurso de odio contra ellos. Pese a ello, un 67% no se plantea siquiera visitar Siria en las actuales circunstancias, según una investigación difundida por la Asociación Siria por la Dignidad de los Ciudadanos (SACD), una organización de exiliados. Un 35% tampoco lo haría aunque mejorasen.

El pasado septiembre, naufragó en las costas sirias una patera que había salido del norte de Líbano. Murieron 89 migrantes, muchos de ellos sirios que intentaban huir a Europa (vía Chipre) movidos precisamente por esa política de retornos que Líbano lleva meses negociando con Damasco. Un mes antes de la tragedia, otra patera que había salido de la ciudad libanesa de Trípoli se hundió con decenas de personas a bordo.

Poco antes de estos sucesos ―que ponen rostro a la tragedia humana de la guerra y la inmigración irregular por vías no seguras―, Siria “supuestamente se había comprometido ante Beirut a permitir que sus ciudadanos regresaran con pasaportes caducados para renovarlos en la frontera y ofrecer alojamiento a aquellos que volviesen”, según le consta a la UE. Damasco incluso prometió indultos a los críticos con el régimen de El Asad que quisieran volver a Siria, pero el escepticismo reina en las instituciones comunitarias, que añaden la preocupación por el devenir de los sirios que desertaron a Líbano cuando fueron llamados a filas para combatir en el ejército regular. Las organizaciones de exiliados sirios, como la SACD, llevan años advirtiendo de los obstáculos a los que se enfrentan quienes regresan, pues en muchas ocasiones se les acosa, extorsiona o terminan detenidos, pese a las promesas de Damasco.

Para la UE, estas repatriaciones tienen objetivos claros. De un lado, Beirut “pretende apaciguar el descontento popular” por la grave recesión económica y la devaluación brutal de su moneda, además de un “estancamiento político” que dura ya más de tres años, indica Frontex. De otro, Damasco busca transmitir cierta “normalización y estabilidad” en un país que ha sufrido una guerra civil de una década y que ahora sigue bajo el férreo control de El Asad ―a excepción de algunas zonas rebeldes―.

Cambio de paradigma

En el caso turco, las autoridades comunitarias han visto un cambio de paradigma. El Gobierno de Erdogan pasó de una política de brazos abiertos durante los primeros años de la guerra, allá por 2011, a denunciar que la UE está usando su país como “depósito de refugiados” y querer devolverlos a Siria. De hecho, en 2016 Bruselas y Ankara firmaron un millonario acuerdo (6.000 millones de euros para los primeros cuatro años, que luego se han ido ampliando) por el que Turquía se encargaría, con esos fondos comunitarios, de la manutención de los refugiados en su territorio a cambio del compromiso de Ankara de mantenerlos dentro de su territorio. El documento de Frontex sugiere que “la cooperación [de Bruselas] con Turquía debe ser reconsiderada”.

La raíz de este cambio de postura de Erdogan ―que en un inicio calificaba a los refugiados de “hermanos sirios” y “huéspedes”― son las elecciones a las que se enfrentará en los próximos meses (a más tardar, en junio de 2023) y para las que las encuestas prevén un resultado muy ajustado. Debido a la crisis económica, la opinión sobre los sirios de la mayoría de los turcos se ha tornado negativa, hecho que ha sido espoleado por los partidos de la oposición, quienes han presentado planes para devolver a todos los refugiados previa reconciliación con el régimen de El Asad.

Esto ha llevado al Ejecutivo turco a mover ficha y se han entablado conversaciones con Damasco, si bien por el momento se limitan a contactos entre los jefes de inteligencia. Por ello, los retornos se están llevando a cabo a las zonas del norte de Siria bajo control turco, donde se ha iniciado la construcción de miles de viviendas e infraestructuras. Ankara ha pedido apoyo a las organizaciones internacionales para llevar a cabo estas repatriaciones e incluso ha solicitado a la UE que el dinero que destina a Turquía para la manutención de los refugiados sirva para financiar esta iniciativa, algo a lo que Bruselas se ha negado, según explicó a EL PAÍS una fuente conocedora de las negociaciones.

La zona a la que Turquía está devolviendo a los sirios en el norte de Siria está caracterizada por la inestabilidad: Ankara ha tratado de crear instituciones locales directamente vinculadas a agencias turcas y de unificar a las milicias, pero estas siguen campando armadas y a sus anchas en un ambiente de caos y violencia.

Debido a esta situación, la mayoría de los sirios refugiados en Turquía no quieren oír ni hablar de regresar a estas zonas, que en muchos casos ni siquiera son sus regiones de origen. Aun así, las autoridades turcas han multiplicado las redadas en los últimos meses en busca de sirios que no tengan en regla los papeles o se hayan desplazado fuera de las localidades de residencia que les habían asignado. Una vez detenidos son enviados a centros de deportación y trasladados luego a la frontera con Siria, donde se les obliga a firmar, bajo amenazas o palizas, un documento en el que aceptan el regreso a Siria de forma “voluntaria”, según denunció la ONG Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe en el que recoge decenas de casos. “En violación de los derechos humanos, las autoridades turcas han detenido a cientos de refugiados sirios, incluidos menores no acompañados, y los han obligado a volver (…) Parece que ahora Turquía está convirtiendo el norte de Siria en un vertedero de refugiados”, dijo Nadia Hardman, experta de HRW. Amnistía Internacional insiste además en que los refugiados “no están en posición de tomar una decisión libre e informada” sobre regresar o no a su país. Pero Erdogan continúa con su plan y ha trascendido que los retornos se realizarán en varias fases, empezando por las localidades con mayor presencia de sirios.

También las autoridades de Líbano, el país del mundo con más refugiados per cápita (casi un tercio de la población, entre sirios y palestinos), insisten en la insostenibilidad de la situación. “Su abrumador número sobrepasa nuestros medios. Líbano no quiere ni que sean ayudados [por la comunidad internacional] en su territorio ni ser ayudado”, dijo el pasado mayo su titular de Exteriores, Abdallah Bou Habib.

Beirut cifra en 1,5 millones los sirios en su territorio y asegura que colabora con la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, en las devoluciones, aunque esta matiza que ni las promueve ni confecciona las listas. Solo “asesora a los refugiados, cuando es posible, para que tengan toda la información necesaria a la hora de tomar esa decisión” y despliega personal en los puntos de partida, dice la agencia. “Acnur respeta el derecho humano fundamental de los refugiados a regresar libre y voluntariamente a su país de origen en el momento que elijan, siempre de conformidad con los principios internacionales de retorno voluntario, digno y seguro y de la no devolución”, señala su portavoz en Líbano, Paula Barrachina.

El director de la Seguridad General Libanesa, Abbas Ibrahim, respondió a las críticas el pasado martes en una rueda de prensa en la que insistió en que los retornos son “voluntarios” y “seguros”. “No cederemos a la presión [de organizaciones humanitarias] porque los intereses del pueblo libanés son más importantes”, indicó.

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