La Justicia boliviana condena a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó este viernes a la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la política de 54 años, que se encuentra ...

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó este viernes a la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la política de 54 años, que se encuentra en prisión desde hace más de un año. El juicio se refirió a la actuación de Añez tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y su posterior proclamación como presidenta, acciones que la acusación consideró como un “golpe de Estado”.

Para el oficialismo boliviano, la condena “sienta un precedente para que nunca más se intente un golpe de Estado en Bolivia”. Del otro lado, la oposición rechazó unánimemente el desenlace de un juicio que el partido del expresidente Carlos Mesa llamó “uno de los ejemplos más vergonzosos de manejo del Ministerio Público y el Órgano Judicial a favor de intereses oscuros del partido de Gobierno”. Junto a Añez fueron sentenciados a diez años el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el anterior jefe de la Policía, Yuri Calderón, que se hallan prófugos. Otros exmandos militares recibieron penas entre dos y cuatro años.

La decisión de los jueces se conoció en una sesión virtual. El juicio sólo fue semipresencial y la determinación de cuándo debía haber reuniones físicas y cuándo no se constituyó en materia de disputa entre la defensa y los jueces. A la expresidenta no se le permitió asistir al juzgado, supuestamente por problemas de seguridad. El 9 de junio participó “en línea” en la última audiencia de alegatos desde el penal en el que se halla recluida. Se reportó adormecida por los medicamentos que le habían dado para paliar el estrés que le causaba el procedimiento. Su hija, que la acompañaba, y sus abogados defensores insistieron en que no estaba en condiciones para seguir el juicio, pero el tribunal se asesoró con los médicos de la prisión y, aunque ordenó un receso, escuchó la presentación de alegatos hasta el final. Posteriormente, la defensa denunció a la prensa “tratos crueles y denigrantes”. Los abogados del Gobierno creen que estas quejas apuntan a preparar la presentación, en el futuro, de un recurso ante un tribunal internacional.

Añez: “Fui una consecuencia de todo lo que sucedió en 2019″

Para escuchar las últimas palabras de los acusados, los jueces los visitaron en sus cárceles. Ante ellos, Añez señaló: “Me han acusado por delitos que no he cometido, inventados, solamente por darle gusto al poder político. Se me ha negado el derecho a la justicia. Así han tratado a una mujer, madre, expresidenta, inocente. Porque Bolivia entera sabe que esos delitos por los que me están acusando, no los he cometido. Bolivia entera sabe que [solo] fui una consecuencia de todo lo que sucedió en 2019″. También afirmó que tuvo “el Gobierno, pero no el poder”. Y confirmó que seguirá la batalla judicial: “Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Vamos a apelar por la vía internacional”.

La defensa objetó que se pidiera una pena tan alta por unos cargos de índole administrativa. Pero la principal observación del equipo jurídico de Añez, así como de los políticos de oposición que la respaldan, es que los hechos ilícitos por los que se la acusa se hayan dividido en varios grupos y, por tanto, en varios procesos distintos. Fue por esto que, en este caso, la fiscalía pudo procesar a Añez ante un tribunal ordinario, con el argumento de los delitos que le imputó se cometieron antes de que fuera presidenta de Bolivia. De este modo, la acusación eludió la obligación constitucional de procesar a los exmandatarios en un juicio de responsabilidades, un proceso especial que debe iniciarse en la Asamblea Legislativa con el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios. El Gobierno del presidente Luis Arce no cuenta con suficiente respaldo para ello y ha preferido ahorrarse la negociación con las fuerzas parlamentarias de oposición, que inicialmente no querían enjuiciar a Añez, pero luego cambiaron de opinión para intentar darle a la expresidenta un proceso en mejores condiciones que el que tuvo. Como resultado, los principales delitos que, según la fiscalía, fueron responsabilidad de Añez, como los actos de represión de las protestas en contra de su Gobierno en los que murieron más de 30 personas y resultaron heridas 85, no han sido incluidos en este juicio. Y no serán juzgados mientras la correlación de fuerzas parlamentarias no cambie.

La complicada y no siempre coherente estrategia jurídica del oficialismo ha terminado confundiendo a sus propias bases. Antes de que se conociera el veredicto, el poderoso Pacto de Unidad, la estructura de sindicatos y movimientos sociales del Movimiento al Socialismo (MAS), amenazaron con tomar las instituciones judiciales y movilizarse si Añez no era condenada a la máxima pena (30 años de prisión) por su gestión de Gobierno, pasando por alto que eso no era lo que estaba siendo analizado en el juicio.

Un tercer grupo de cuestionamientos al proceso que acaba de terminar se refieren a sus características inusuales: a su rapidez, ya que apenas ha durado un año cuando procesos similares suelen tardar en Bolivia el triple o el cuádruple. Uno de los abogados defensores de Añez, Luis Guillén, lo denominó un “juicio exprés”. Para lograr este récord, el tribunal juzgador limitó las pruebas y los testigos presentados por la defensa, exigiendo que todos se refirieran al corto periodo de tiempo en el que se produjeron los hechos investigados, lo que también fue denunciado por esta como un indicio de parcialidad. Según este equipo jurídico, al no considerar el contexto de lo enjuiciado se eliminó el debate sobre el supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019 como origen de la crisis política que culminó en la caída del presidente Evo Morales y su sustitución por Añez.

El tribunal determinó lo sucedido entre el 10 de noviembre de 2019, cuando Morales renunció, agobiado por las protestas en su contra, por el amotinamiento de la policía y por la deslealtad de las Fuerzas Armadas, y el 12 de noviembre, día en la que Jeanine Añez se convirtió en presidenta. Dictaminó que la entonces segunda vicepresidenta del Senado actuó en contra de la Constitución y faltó a sus deberes como funcionaria pública. Lo que correspondía era convocar a una reunión parlamentaria con quórum en la que se trataran las renuncias de Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, y luego se decidiera a quién le correspondía dirigir el Ejecutivo. En lugar de eso, Añez, con apoyo de los jefes militares y policiales, se proclamó presidenta en una sesión parlamentaria sin quórum.

La defensa, por su parte, recordó las difíciles circunstancias que se vivían en esos días en los que la policía estaba amotinada y había violencia en las calles. Acusó al MAS de haber ordenado la renuncia de todas las autoridades legislativas y haber impedido que la reunión de la Asamblea tuviera quórum, y señaló que Añez, que era la máxima autoridad del país en ese momento, asumió por sucesión constitucional para impedir un “vacío de poder” nefasto para el país.

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