La excepción californiana: cómo el Estado más poblado de EE UU logró reducir la violencia con armas

El 26 de mayo de 2021, un empleado de 57 años de la red de transporte de la ciudad de San José entró a un patio de trenes y mató a nueve compañeros. Después se suicidó. Aquella matanza fue un duro golpe de realidad para California, el Estado con la regulación de armas más estricta de Estados Unidos. Después de tragedias como la de Búfalo o la esc...

El 26 de mayo de 2021, un empleado de 57 años de la red de transporte de la ciudad de San José entró a un patio de trenes y mató a nueve compañeros. Después se suicidó. Aquella matanza fue un duro golpe de realidad para California, el Estado con la regulación de armas más estricta de Estados Unidos. Después de tragedias como la de Búfalo o la escuela primaria de Uvalde, en Texas, el país mira al oeste para tener un referente en el control de armas. Las leyes que han sido aprobadas en este territorio desde 1989 han dado resultados, dicen las autoridades locales. Esto a pesar de que California no pueda sacudirse del todo uno de los grandes males de la nación: el Estado sufre un tiroteo masivo —cualquier incidente armado con al menos cuatro heridos o muertos— cada ocho días.

Samuel James Cassidy, el autor de la matanza de San José, perpetró el tiroteo en 10 minutos con tres pistolas semiautomáticas obtenidas legalmente y cargadores de gran capacidad, accesorios prohibidos en California. A diferencia de la mayoría de las matanzas masivas recientes, en esta no se utilizó el rifle AR 15, una popular arma entre los aficionados que provoca un enorme daño.

Los rifles de asalto llevan 23 años prohibidos en la región. Las autoridades estatales cambiaron las normas después de que un hombre asesinara en julio de 1993, en solo 15 minutos, a ocho personas e hiriera a otras seis en un bloque de oficinas ubicado en el número 101 de la calle California, en San Francisco. Este tiroteo múltiple fue un parteaguas que provocó la más ambiciosa regulación en el Estado. Seis años más tarde, en julio de 1999, el gobernador Gray Davis, un veterano de la guerra de Vietnam, promulgó la ley más dura en todo el país contra los rifles de asalto. “Amigos, las armas matan gente. Y los rifles de asalto son un asalto a nuestros valores comunes. Hoy California responde”, dijo el mandatario el día de la entrada en vigor de la norma, apenas unos meses después de la pesadilla de Columbine.

California, con casi 40 millones de habitantes, es el Estado de la Unión con la regulación de armas más estricta, según la calificación otorgada por Giffords, un reputado centro partidario de la regulación de las armas que toma su nombre de Gabrielle Giffords, una congresista de Arizona que sobrevivió un atentado hace 11 años. En California, nadie menor de 21 años puede hacerse con un arma, no se permite estar armado en público (a diferencia de Texas) y para poseer un arma se requiere una licencia expedida por la policía local, algo extremadamente difícil en algunos grandes núcleos urbanos. El diseño legal también permite a jueces ordenar la incautación de las armas de las personas que representan una amenaza para sus familiares o la sociedad.

Episodios como los que se vivieron en Uvalde, Búfalo o Laguna Woods representan el 3% de los homicidios en el Estado más poblado de Estados Unidos. Los californianos tienen 25% menos probabilidades de morir en un tiroteo masivo que los habitantes de Wyoming, Carolina del Sur, Misisipi o Missouri. De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas de California, la región tiene una tasa de homicidios en este tipo de incidentes de 1,4 personas por cada millón de habitantes, un 37% menos que la media nacional. En resumen, es el séptimo Estado con menos víctimas de violencia armada en todo el país, a pesar de ser el más poblado de la nación.

Una tendencia preocupante que señala el instituto es que los ataques racistas han ido al alza desde 2015. Uno de cada cinco tiroteos están motivados por el odio a alguna minoría. El más reciente en California fue en una iglesia taiwanesa de Orange County, donde un ciudadano chino intentó llevar a cabo un sacrificio de numerosos feligreses, un horror que fue impedido por un médico que había acompañado a su madre a misa. Esto corrobora el perfil de la mayoría de agresores, solo 10 mujeres han sido las perpetradoras en más de 400 incidentes que datan desde enero de 2013.

El presidente Joe Biden imploró el jueves al Senado para que actúe y contrarreste la epidemia de violencia armada que azota a Estados Unidos. El mandatario, en un mensaje a la nación en horario de máxima audiencia, pidió a los legisladores de ambos partidos aprobar una serie de normas a nivel federal, entre ellas la prohibición de rifles de asalto y de cargadores de gran capacidad. “Después de Columbine, Orlando, Las Vegas, Parkland, no se ha hecho nada”, dijo Biden desde la Casa Blanca, quien como senador votó en contra de la prohibición de armas de asalto que estuvo en vigor en Estados Unidos entre 1994 y 2004. También propuso elevar a los 21 años la edad para hacerse con rifles de alto poder, lo que habría evitado que Salvador Ramos, el asesino de Uvalde, comprara dos AR 15 y más de 300 balas en solo tres días y recién cumplidos los 18 años. Los familiares de las víctimas en Nueva York y Texas trasladaron un solo mensaje al mandatario: Haga algo..

Antes de la polarización que se vive hoy en Washington, una matanza era motivo suficiente para que los políticos mostraran intención de cambio. De hecho, la primera legislación de control de armas que se adoptó en California tuvo lugar en 1989, cuando un tiroteo con fusiles AK-47 dejó cinco niños de origen asiático muertos en el patio de un colegio de la ciudad de Stockton. Esta matanza de tintes racistas provocó que los políticos se movilizaran. En aquel entonces, fue un político republicano quien presentó una norma con el visto bueno de la Asociación Nacional del Rifle que hacía más difícil el acceso a armas para las personas con antecedentes penales y problemas mentales. A esta ley le siguió la prohibición de decenas de modelos específicos de armas.

Pero el control de armas de California vive un momento turbulento por culpa de la guerra cultural entre la izquierda y la derecha. Los grupos de presión conservadores han emprendido una cruzada que pretende derribar estas medidas argumentando que son inconstitucionales, pues van en contra de la Segunda Enmienda. Esto ha provocado una batalla en los tribunales que ha permitido que las leyes sigan vigentes gracias a las decisiones del circuito federal de apelaciones. La mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, no obstante, también estudia una serie de fallos que podrían borrar los avances conquistados por California a lo largo de varias décadas. “No vamos a rendirnos y aceptar el estado de las cosas”, dijo el miércoles Gavin Newsom, el gobernador de California, quien promete para finales de junio la promulgación de una ley que permitirá demandar por daños a las empresas fabricantes de armas.

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