La migración vuelve a las sombras bajo la mirada de Biden y López Obrador

Después de un año de pandemia que detuvo el mundo, a lo largo de 2021 las fronteras fueron poco a poco abandonando las restricciones y volvieron a la normalidad. Y de la mano de esta normalidad llegó la otra; la de miles de personas moviéndose por el continente americano con un único objetivo: llegar al norte.

La crisis económica derivada de la pandemia que golpea a América Latina devolvió un fenómeno que resurgió con más fuerza que antes. Aunque la emigración incluye todos los acentos posibles y el incremento de personas en tránsito buscando un futuro mejor se puede ver prácticamente e...

Después de un año de pandemia que detuvo el mundo, a lo largo de 2021 las fronteras fueron poco a poco abandonando las restricciones y volvieron a la normalidad. Y de la mano de esta normalidad llegó la otra; la de miles de personas moviéndose por el continente americano con un único objetivo: llegar al norte.

La crisis económica derivada de la pandemia que golpea a América Latina devolvió un fenómeno que resurgió con más fuerza que antes. Aunque la emigración incluye todos los acentos posibles y el incremento de personas en tránsito buscando un futuro mejor se puede ver prácticamente en cualquier punto del continente, de Ecuador a Venezuela pasando por la selva del Darién, Haití, Cuba o Centroamérica, en el caso de México, el año comenzó con una tragedia y termina con otra. El 22 de enero, 16 migrantes murieron baleados y calcinados en Camargo, en Tamaulipas, y el pasado 9 de diciembre en Chiapas, en el sur de México, el accidente de un tráiler en el que viajaban escondidos más de 150 migrantes, se cobró la vida de 56 indocumentados y dejó cientos de lesionados. El accidente evidenció que si un día las caravanas se convirtieron en la forma más visible de escapar —de manera más asequible y segura— y protestar por la miseria, la criminalización de la migración la devolvió a la clandestinidad y las sombras.

Una decena de organizaciones sociales, aglutinadas en torno a la Fundación para la Justicia, resumieron la semana pasada como “un año de retrocesos” en el campo de los derechos humanos para la migración y concluyeron que la frontera con Estados Unidos es “la más letal del mundo”. Según las organizaciones dedicadas a la vigilancia del Estado de derecho, el año que termina “refleja las consecuencias de políticas migratorias fallidas”. Estas también criticaron que, en su intento por frenar la migración, gobiernos como los de México, Honduras, Guatemala o El Salvador han endurecido y militarizado sus políticas migratorias “sin medir el costo humano que implican”. “La tragedia que viven las personas migrantes es dolorosamente cotidiana y muchas veces silenciosa”, señalaron en su informe.

Pocos países como México, lugar de destino, salida y paso de migrantes, resumen mejor la realidad migratoria del continente, inmerso en una de las olas más grandes de su historia. En octubre, México alcanzó un nuevo máximo histórico de solicitudes de asilo con más de 100.000, según las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). En los primeros diez meses del año, el número de solicitudes se triplicó con respecto al mismo periodo de 2020 cuando se contabilizaron cerca de 41.000 trámites. Venezuela ha encabezado en años pasados la lista de países de donde proviene la mayor cantidad de solicitantes. La ONU estima que unos seis millones de venezolanos han salido en los últimos años del país latinoamericano sumido en una profunda crisis económica y política.

De enero a octubre, México ha detenido a 228.115 personas y deportado a otras 82.627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años. Según las estadísticas de Migración, las autoridades han detectado un incremento de más del 1.000% en el flujo migratorio proveniente de Venezuela en los primeros nueve meses del 2021, en comparación con hace cinco años.

Esto incluye desapariciones, ejecuciones, extorsiones, violaciones, torturas y otras vejaciones, además de violaciones de los derechos humanos de los migrantes a las que las autoridades han respondido solo con parches. El volumen es tal que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas han ganado en fuerza y presencia hasta “independizarse” de los carteles tradicionales, ha reconocido esta semana el canciller Marcelo Ebrard que valoró en 14.000 millones de dólares el dinero que mueven estas organizaciones cada año.

El contexto político ha contribuido también al alza de los precios que manejan los polleros. Con la reactivación del programa migratorio Quédate en México por orden judicial, el Gobierno estadounidense de Joe Biden recupera una de las políticas antinmigrantes más crueles de su antecesor, Donald Trump. Desde principios de diciembre, los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos pueden ser devueltos a ciudades peligrosas en la frontera mexicana, donde deberán aguardar su cita con un juez y se exponen a secuestros y extorsiones. Aunque se desconocen los detalles, se espera que el programa, que ha comenzado a implementarse en Ciudad Juárez, se amplíe a otros puntos fronterizos como Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros.

Para retomar este plan, el mandatario estadounidense contó con el visto bueno de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), convertido en el policía más eficaz de la Patrulla Fronteriza. Por primera vez, ambos gobiernos reconocieron haber negociado la aplicación del programa. En él se incluyen puntos para aliviar los riesgos de los expulsados, como el límite máximo de 180 días para permanecer en México. Sin embargo, la frontera sigue siendo un lugar hostil y peligroso para las familias que huyen de las amenazas y la persecución con niños en la mano. Hasta ahora, la mayor parte de migrantes centroamericanos eran entregados a México bajo el formato de “devoluciones en caliente” por el que eran expulsados casi inmediatamente tras ser interceptados por las autoridades migratorias estadounidenses. Pero en los últimos meses, las expulsiones comenzaron a hacerse también en avión a puntos del sur del país como Tabasco, Chiapas o Campeche, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) los recoge y expulsa a Guatemala u Honduras. En todo este acuerdo, López Obrador ha sido un socio leal a la hora de deshacerse de los migrantes.

Menos de un año después de suspender Quédate en México (también llamado “Protocolos de Protección de Migrantes” o MPP, en su sigla en inglés), Biden ha reactivado el programa por mandato judicial y los nuevos expulsados por el MPP se sumarán a quienes sean devueltos por el Título 42, el decreto con el que Trump legalizó la expulsión exprés con la excusa de la covid-19. A pesar de las promesas de Biden, Trump y los colectivos republicanos más beligerantes siguen contando con poderosos aliados. Con este panorama, la migración volvió a su formato anterior y dejó de ser colectiva, a plena luz del día y por carreteras concurridas para ser nuevamente individual, nocturna y vulnerable. Las familias migrantes, que antes de la pandemia y de MPP se entregaban a las autoridades migratorias con la esperanza de que les soltaran mientras un juez decidía sus casos de asilo, tuvieron que volver a las sombras.

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