Rodrigo Uprimny: “Colombia está viviendo una primavera democrática”

El constitucionalista Rodrigo Uprimny (Bogotá, 62 años) es una voz respetada en el debate público colombiano. Profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia dirigió durante una década el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, al que sigue estrechamente vinculado. Con una maestría en sociología del desarrollo en París y un doctorado en Economía en Amiens, en Francia, sus columnas en El Espectador y La Silla Vacía son de las más leídas y comentadas en Colombia. Cuenta desde su ...

El constitucionalista Rodrigo Uprimny (Bogotá, 62 años) es una voz respetada en el debate público colombiano. Profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia dirigió durante una década el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, al que sigue estrechamente vinculado. Con una maestría en sociología del desarrollo en París y un doctorado en Economía en Amiens, en Francia, sus columnas en El Espectador y La Silla Vacía son de las más leídas y comentadas en Colombia. Cuenta desde su apartamento en Bogotá que ha estado “muy guardado” durante la pandemia para cuidar su salud. En medio de la oleada de protestas contra el Ejecutivo de Iván Duque, que ya cumple más de dos semanas y se ha estrellado contra la represión policial, propone en esta entrevista virtual con EL PAÍS posibles salidas para la crisis.

Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?

Respuesta. Colombia está viviendo una crisis que admite lecturas y salidas diversas, incluso dos opuestas. La primera es que, por el efecto democratizador del acuerdo de paz, hace que salga el tema del conflicto armado que ha dominado la política colombiana durante los últimos 30 años, han surgido otras reivindicaciones, otros problemas. Colombia estaría viviendo, especialmente desde 2019, una especie de primavera democrática. La gente se está movilizando, hay nuevos actores en las calles, como los estudiantes –o más que los estudiantes incluso los jóvenes, pues algunos ni siquiera son estudiantes–, haciendo reclamos para que una cantidad de problemas acumulados sean enfrentados. Los problemas de la desigualdad, de la falta de futuro, de la implementación del acuerdo de paz, del asesinato de líderes sociales, reivindicaciones ambientales, de los pueblos indígenas. Entonces estaríamos en una democracia callejera que Colombia no ha tenido mucho, a diferencia de otros países de América latina que están acostumbrados a manifestaciones y protestas enormes. Eso sería un giro muy positivo que va a permitir una democracia más profunda y más sólida. Esa es la lectura optimista.

P. ¿Y la pesimista?

R. Que tal vez también como consecuencia del acuerdo de paz lo que estamos viendo es una sociedad polarizada, dividida, una sociedad desarticulada e ingobernable con falta de liderazgos claros y lúcidos por todos lados, tanto presidencial como de los promotores del paro. Las protestas, la crisis, las manifestaciones en plena pandemia, los bloqueos que afectan derechos de otros, las violencias inaceptables de algunos manifestantes y las graves violaciones de derechos humanos en la represión policial, todo eso muestra una sociedad polarizada. Entonces, la persistencia indefinida del paro y los bloqueos va a incrementar las violencias. Y dada la precariedad de los organismos de control y de la Fiscalía por su excesiva cercanía al Gobierno, los riesgos de una salida autoritaria y un debilitamiento de la ya débil democracia colombiana son grandes.

P. ¿Por cuál se inclina?

Estamos en una situación ambigua en la que ambas lecturas tienen elementos reales. Yo quisiera que la interpretación correcta sea la primera, pero reconozco elementos de verdad en la lectura pesimista. Estamos en una crisis compleja que puede encaminarse a cualquier de los dos lados, sin una salida clara.

P. ¿Cómo valora el liderazgo del presidente Duque en esta coyuntura? ¿Es comparable con otros momentos históricos del país?

R. Colombia ha vivido crisis muy graves, lo que no recuerdo es una crisis grave con una movilización ciudadana tan intensa. Es esa combinación la que es nueva. Antes vivimos crisis por violencias, atentados terroristas, conflicto armado, pero una crisis que esté originada por una movilización social persistente durante más de dos semanas es nueva en la historia colombiana de los últimos 50 años. El Gobierno desencadenó la crisis por varias razones. En las marchas de 2019, que ya habían sido muy intensas, trató de desactivarlas con la llamada conversación nacional, esos diálogos en Palacio o en Bogotá que realmente no condujeron a nada. Lo único que se aceptó fue defender la aprobación del acuerdo de Escazú [el tratado regional sobre asuntos ambientales que puede frenar los asesinatos de ecologistas], pero ni siquiera fue capaz de hacerlo pasar en el Congreso, entonces queda ese acumulado de que frente a las movilizaciones masivas este Gobierno va a responder con tácticas dilatorias. Y luego desencadenó la crisis planteando una reforma tributaria que tenía unos elementos positivos, pero que de todos modos le pegaba con nuevos impuestos a sectores populares y de clase media en plena pandemia. Ha faltado liderazgo.

P. ¿El Gobierno estigmatiza la movilización social?

R. Sí, la estigmatiza. A pesar de que el discurso del Gobierno siempre comienza por decir que reconoce el derecho a la protesta pacífica, lo cual está bien, porque en Colombia no siempre fue así. No llega a los extremos del expresidente Álvaro Uribe de hablar de revolución molecular disipada [el concepto de un teórico chileno que los analistas consideran un instrumento para justificar la violencia policial], pero da la misma impresión en ciertos momentos. Ha sido una movilización masiva esencialmente pacífica, aunque ha habido hechos de violencia totalmente inaceptables, como la tentativa de quemar policías en una de las noches más duras en Bogotá. En muchos momentos el presidente y sus funcionarios sí han tenido lecturas estigmatizadoras de la crisis.

P. La clave generacional ha estado muy marcada

R. Es muy fuerte el tema generacional y la participación de los jóvenes. Con muchos estudiantes, pero tampoco es mayo del 68, no es un movimiento estudiantil que genera una crisis sino una participación protagónica de la juventud en las protestas. Es algo que no es tan fácil de interpretar, salvo que es una juventud que no ve un futuro claro. Una parte tiene rabias acumuladas. A pesar de que quienes salen a las calles son esencialmente jóvenes, como en muchos casos en el mundo, creo que también pesa la pandemia. Muchos adultos mayores se abstienen de salir debido a que estamos en el peor pico de la pandemia, con 500 muertos diarios, contagios altísimos y el sistema de salud al borde del colapso. Eso inhibe a alguna gente de salir. Pero con esos matices, la brecha generacional es real. Lo cual podría darles a las universidades un protagonismo importante.

P. ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué podemos esperar llegados a este punto?

R. No hay una fórmula mágica, y no va a haber algo convocante y suficiente como la constituyente en Chile. Eso no lo hay. Pero sí hay una serie de medidas y mecanismos que deben ayudar primero a distensionar lo más rápidamente en el corto plazo, para desescalar la violencia, y al mismo tiempo generar unas negociaciones que permitan mantener una ciudadanía movilizada pero no con paros y bloqueos permanentes y prolongados. Para desescalar, hay que escalar los derechos humanos y ponerlos en el centro del manejo de la crisis. Eso puede sonar retórico, pero quiere decir cosas concretas. El presidente, que ya hizo una declaración muy débil, debe decir que no se van a tolerar abusos de la fuerza pública –que deben ser investigados y sancionados–. A su vez, los promotores del paro deben decir que están en contra de los actos de vandalismo –que debe ser investigado y sancionado–.

P. ¿Y que debe hacer la Fiscalía?

R. La Fiscalía debe realmente investigar todos esos hechos en lugar de decir bobadas como que se va a quedar con los camiones del paro. Debido a la desconfianza frente a la Fiscalía y los organismos de control, especialmente de quienes protestan, se puede crear una especie de comisión de la verdad para estos hechos. Una comisión internacional como se ha hecho en otros países que, bajo el amparo de la CIDH o la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pudiera en pocos meses sacar un informe que no va a tener valor judicial, pero permitiría esclarecer con mayor imparcialidad los hechos. Que eso permita a quienes promueven el paro aceptar levantarlo sin que eso signifique hablar de la impunidad de esos crímenes. Esos mecanismos de desescalada son muy importantes. También la necesidad de que haya unas negociaciones y deliberaciones en el ámbito local. Es decir, que todo no se juegue a una mesa nacional única, sino que dado que las protestas han sido múltiples y diversas entonces uno pueda revivir instancias de democracia local –como los cabildos abiertos o los consejos territoriales de paz– para darle a la ciudadanía que quiere seguir manteniéndose movilizada espacios que luego permitan o bien soluciones locales a ciertos temas o escalonar esas demandas a nivel nacional. No hay salida fácil, en singular, pero sí hay salidas democráticas.

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