Las FARC reconocen formalmente los secuestros como táctica de guerra

La cúpula de las FARC va a reconocer este viernes ante la justicia, por primera vez en su historia, que secuestró de manera sistemática durante su guerra contra el Gobierno colombiano. Hasta el momento, sobre el papel, utilizaba el eufemismo “política de retenciones”, pero ahora, inmersa en la implementación del acuerdo de paz, admite que secuestraba como una táctica más de la contienda. El grupo asegura que lo hacía principalmente para financiarse, aunque también para forzar un intercambio con guerrilleros encarcelados y controlar el territorio y a la población civil. Lo hacía en medio de los...

La cúpula de las FARC va a reconocer este viernes ante la justicia, por primera vez en su historia, que secuestró de manera sistemática durante su guerra contra el Gobierno colombiano. Hasta el momento, sobre el papel, utilizaba el eufemismo “política de retenciones”, pero ahora, inmersa en la implementación del acuerdo de paz, admite que secuestraba como una táctica más de la contienda. El grupo asegura que lo hacía principalmente para financiarse, aunque también para forzar un intercambio con guerrilleros encarcelados y controlar el territorio y a la población civil. Lo hacía en medio de los enfrentamientos continuos con el ejército, con el objetivo de obtener ventaja militar.

El documento de 130 páginas en el que se hace esta declaración, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se entrega este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves de esta guerra entre el Estado y la guerrilla marxista. Se produce como respuesta formal al tribunal de paz después de que les imputara en enero varios crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el secuestro, una de sus prácticas más crueles y repudiadas.

Las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se desmovilizaron tras la firma de la paz hace ya más de cuatro años, dejaron las armas —salvo algunos grupos minoritarios de disidentes que siguen escondidos en la selva y en la frontera con Venezuela— y se convirtieron en un partido político rebautizado como Comunes. La aceptación de que raptaron sistemáticamente no enfrenta a los excombatientes a penas de cárcel —pues el acuerdo contempla castigos alternativos a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas—, pero sí entraña un enorme poder simbólico.

“El secuestro es un hecho inaceptable e injustificable jurídica y políticamente (…) Nunca ha sido nuestra intención negar el dolor”, se lee en el escrito, donde también se explica las condiciones de vida de los secuestrados, que en algunos casos murieron por las malas condiciones de salubridad. En una ocasión, durante un encuentro de reconciliación, un secuestrado le dijo a su captor: “¿Por qué me tuvo usted años amarrado a un palo?”.

El informe está firmado por siete exintegrantes del secretariado de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz, entre ellos dirigentes históricos como Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pablo Catatumbo y Julián Gallo –conocido como Carlos Antonio Lozada—, quienes ocupan dos de los diez escaños que tiene el partido Comunes en el Congreso. Además de reconocer su implicación directa en delitos de este tipo, también dicen que los secuestrados sufrieron malos tratos. “Estas circunstancias se dieron en el contexto de las difíciles condiciones de la guerra. Tales conductas nunca debieron ocurrir”, añade.

Eso sí, las FARC niegan que existiera una política de violación como táctica militar. Las víctimas habían pedido a los guerrilleros que asumieran ese punto. Finalmente, no lo han hecho. Creen que se trataron de hechos aislados. Los dirigentes, además, se escudan en que las violaciones por parte de sus militantes se juzgaban en un consejo de guerra. En el caso de ser declarados culpables se sometían a la pena máxima: la muerte.

En otro de los puntos importantes del texto, las FARC se comprometen a localizar los cadáveres de 100 personas que fueron secuestradas, ejecutadas y enterradas en algún lugar sin identificar. El proceso de investigación, lento y costoso, ya ha comenzado, pero falta por hacer el trabajo de campo, que en una geografía tan extensa y accidentada como la de Colombia no resulta sencillo. También piden a la JEP hacer público el documento completo.

Durante este proceso de exorcización, Pablo Catatumbo se reunió con al menos uno de los familiares de los 12 diputados del departamento del Valle del Cauca que fueron parte de los políticos secuestrados por la guerrilla. Se trata de un suceso histórico. Miembros de las FARC, disfrazados de policías, se llevaron a la fuerza el 11 de abril de 2002 a los 12 legisladores del Valle del Cauca, en el oeste de Colombia, mientras participaban en una sesión de la Asamblea, en el corazón de Cali. Cinco años después, en un confuso episodio, sus captores masacraron a 11 de los diputados en respuesta a lo que creyeron era un asedio enemigo.

Los secuestros que las FARC perpetraron con el fin de un intercambio humanitario, como reconocen en su declaración, llevaron a retenciones de políticos que se dilataron durante años en uno de sus crímenes más repudiados —a pesar de que representa una muy pequeña fracción de las más de 21.000 víctimas de secuestro que ha documentado la JEP—. La estrategia de retener políticos, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, se intensificó en el ocaso del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), tras una fallida negociación de paz. Después, durante la época de Álvaro Uribe (2002-2010), creció la presión para hacer intercambios humanitarios. Nunca se concretaron. Esos plagios se saldaron con muertos en cautiverio, entregas unilaterales, fugados y rescatados por el Ejército, como en el caso de Ingrid Betancourt.

“Vivimos el horror de más de 50 años de confrontación y por ello decidimos silenciar los fusiles. En cumplimiento de la palabra empeñada, honrados los compromisos con el sistema y especialmente con las víctimas del conflicto armado. No sería congruente con nuestro proyecto político hoy, ni con nuestra tradición revolucionaria, rehuir u ocultar la verdad, por más cruel y atroz que sea”, escriben los exguerrilleros.

En el texto hay una crítica directa al Gobierno colombiano. El grupo lamenta la muerte violenta de 271 guerrilleros desmovilizados desde que se firmó la paz. Con ellos, dicen, se pierde la oportunidad también de restaurar la verdad sobre los crímenes que cometieron. “Le apostaron a la paz y perdieron la vida”. Aunque su compromiso con el abandono de las armas, según este escrito, es firme: “Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.