Vivanco: “Duque dice que en Colombia hay millones de líderes sociales y sugiere que proteger a todos es imposible”

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó hace dos semanas un informe sobre la violencia incesante que sufren los defensores de los derechos humanos en Colombia. Las cifras, además de dramáticas, son demoledoras para la estrategia adoptada por las autoridades. Naciones Unidas contabiliza más de 420 asesinatos desde 2...

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó hace dos semanas un informe sobre la violencia incesante que sufren los defensores de los derechos humanos en Colombia. Las cifras, además de dramáticas, son demoledoras para la estrategia adoptada por las autoridades. Naciones Unidas contabiliza más de 420 asesinatos desde 2016. Las víctimas son a menudo representantes indígenas, de comunidades afrocolombianas o líderes de organizaciones de base cuyo trabajo es fundamental en muchas zonas rurales donde las instituciones aún no han logrado imponerse a pesar de la desmovilización de las FARC. Tras la firma de los acuerdos de paz, a finales de ese año, algunos territorios pasaron a ser controlados por grupos armados, entre ellos disidentes de la organización insurgente, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales.

El trabajo de HRW mostraba que la respuesta del Gobierno ante este aumento de la inseguridad se limita a fortalecer el despliegue militar y a algunas acciones que, de vez en cuando, acaban con algún cabecilla. Sin embargo, este planteamiento, según la organización, ha resultado más que insuficiente para dar protección a los defensores de los derechos humanos y representantes comunitarios. Los avances de la justicia en los últimos años sí han sido notorios. Es decir, los fiscales han cortado a menudo las cadenas de impunidad, logrando sentar en un juicio a los autores materiales de los asesinatos. Aun así, HRW no ha detectado mayores esfuerzos para llegar a los responsables últimos de estos crímenes. La percepción de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, es que el Gobierno no está dispuesto a admitir errores. El abogado se reúne periódicamente con Duque, al igual que con otros gobernantes de América Latina, para trasladarles recomendaciones y presentarles sus informes.

“El jueves 11 de febrero me reuní con el presidente Duque para presentarle nuestro informe. Debo admitir que la reunión no fue mayormente productiva y honestamente me resultó decepcionante”, afirma Vivanco en declaraciones a EL PAÍS. “Le presenté una serie de recomendaciones concretas y prácticas que su Gobierno podría implementar para mejorar su récord en prevención y sanción sobre asesinatos de defensores de derechos humanos. Muchas eran recomendaciones que no deberían tener mayor costo político, tales como reformas al Código Procesal Penal o una enmienda a un decreto que permitiría aumentar la capacidad de la Fiscalía para procesar a los autores intelectuales detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos. También le propuse que fortalezca los mecanismos de protección colectiva, empezando por los proyectos piloto en cuatro regiones de alto riesgo que anunció el expresidente Juan Manuel Santos; que aumente el personal a una unidad especial de la policía a cargo de investigar estos asesinatos; y que implemente una comisión que ya existe en Colombia para desarrollar planes para desmantelar grupos armados”, dice.

Aun así, Vivanco asegura que no lo pudo “persuadir”. “Me parece que el presidente no estaba dispuesto a escuchar. Por el contrario, parece estar convencido de que está haciendo lo correcto”. En opinión del director para las Américas de HRW ni siquiera deberían debatirse algunos datos. “Esta es una cuestión casi matemática: si los asesinatos de defensores de derechos humanos siguen siendo constantes en Colombia, entonces las políticas del gobierno son claramente insuficientes o erradas, y hay que evaluarlas y corregirlas. No entiendo por qué el presidente Duque se empeña en el error”.

Concretamente, Vivanco señala que “el argumento principal del presidente Duque fue que en Colombia existen ocho millones de líderes sociales, lo cual sugiere -aunque el presidente no lo dijo explícitamente en la reunión— que proteger a todos los líderes sociales en el país es una tarea prácticamente imposible”. “Para mí, eso representa una posición derrotista, como si el Gobierno colombiano no pudiera hacer más ante una especie de catástrofe natural irrefrenable”. Además, sigue, los cálculos de las autoridades se basan “en un falso concepto”. Es decir, “el Gobierno dice que su posición está basada en la metodología de Naciones Unidas, lo cual no es cierto, de hecho Naciones Unidas utiliza el término de defensor de derechos humanos, no el de líder social. Estas son dos categorías distintas que no hay que confundir”.

“El argumento del Gobierno es que hay ocho millones de líderes sociales porque las Juntas de Acción Comunal, que son organizaciones de base que existen en muchas zonas de Colombia, tienen esa cantidad de miembros a nivel nacional. Pero este argumento no tiene mayor sentido: en Colombia, por ley, todos los mayores de 14 años que habiten en territorios donde existan juntas de acción comunal deben inscribirse en estas entidades. El hecho de que una persona, por ejemplo, un niño de 14 años, se inscriba en una junta de acción comunal, no lo transforma en un líder social”, mantiene Vivanco. “Por supuesto que eso no es lo que dice la ONU: defensores de derechos humanos son aquellas personas que ejercen la labor de protección o promoción de estos derechos, independientemente de que formen parte o no de una organización de base o de una ONG”, razona. “No entiendo cuál es el propósito del Gobierno”, lamenta el abogado, “por confundir a los miembros de las Juntas de Acción Comunal con los líderes de estas organizaciones, que son quienes están principalmente en riesgo en Colombia”.

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