Abogados en el punto de mira de Erdogan

La represión en Turquía toca de lleno al colectivo de abogados. Más de 1.500 profesionales han sido procesados en los últimos cinco años; más de 600 han sido detenidos y enviados a prisión preventiva. Además, unos 440 han sido sentenciados y condenados a un total de casi 3.000 años de cárcel acusados de cooperar o de ser miembros de organizaciones terroristas. Son cifras del último informe de la organización The Arrested Lawyers Initiative, que hace un seguimiento periódico sobre las presiones y obstáculos a los que se enfrentan los letr...

La represión en Turquía toca de lleno al colectivo de abogados. Más de 1.500 profesionales han sido procesados en los últimos cinco años; más de 600 han sido detenidos y enviados a prisión preventiva. Además, unos 440 han sido sentenciados y condenados a un total de casi 3.000 años de cárcel acusados de cooperar o de ser miembros de organizaciones terroristas. Son cifras del último informe de la organización The Arrested Lawyers Initiative, que hace un seguimiento periódico sobre las presiones y obstáculos a los que se enfrentan los letrados. Obstáculos que, según denuncian, forman parte de una estrategia del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan para intimidar a la profesión. Es una muestra más de la política de mano dura que aplica el presidente desde el fallido golpe de Estado de 2016 y que se ceba en los defensores de acusados en procesos con trasfondo político, como los vinculados con el nacionalismo kurdo, los gülenistas y la asonada de julio de 2016, por la que esta semana la justicia condenó a más de 300 militares y civiles a cadena perpetua.

El caso de la letrada Raziye Öztürk es ilustrativo de la presión constante sobre los letrados turcos. En marzo de 2016, efectivos de la unidad antiterrorista de la Policía turca registraron la casa de Öztürk. Buscaban pruebas que la vinculasen al grupo armado kurdo PKK, considerado terrorista en Turquía y la Unión Europea. No se la llevaron detenida, pero otros nueve compañeros suyos fueron arrestados y algunos pasaron meses en prisión preventiva antes del juicio. Todos eran miembros de la Asociación de Letrados Libertarios (ÖHD, en sus siglas turcas), que presta asistencia legal a personas con pocos recursos y en procesos de alto contenido político, especialmente en los relacionados con la cuestión kurda.

Öztürk continúa enfrentándose a cargos por esa causa -un macroproceso contra el entramado del PKK-, cuyas investigaciones se iniciaron la pasada década y que reaparecen periódicamente para imputar a políticos, activistas y abogados. Las supuestas pruebas incriminatorias contra la letrada y sus compañeros son, en realidad, actuaciones que son parte del trabajo habitual de un abogado: conversaciones con sus clientes, visitas a presos, denuncias sobre las condiciones carcelarias... Öztürk, además, tiene otros juicios pendientes, por negarse a ser registrada o por una supuesta agresión a un guardia de seguridad, algo que ella niega. Ve estos procesamientos como una estrategia para “intimidar” a los letrados. “Se nos abren investigaciones, se dice en televisión que hemos sido detenidos por tal y tal cosa sin que haya habido una sentencia, se nos intenta marcar para que ningún cliente quiera trabajar con nosotros”, asegura.

“La presión ha aumentado enormemente en los últimos años. Ya no se sigue el proceso debido: el Gobierno señala y la Fiscalía actúa. El objetivo son los periodistas y los abogados, ya que son dos profesiones esenciales para la democracia”, sostiene el abogado Kemal Aytaç. Cita como ejemplo el centenar de letrados detenidos el pasado septiembre en varias provincias en operaciones policiales contra FETÖ, el acrónimo utilizado en Turquía para designar como terrorista a la organización político-religiosa de Fetulá Gülen, convertida en principal enemigo del Gobierno: estuvieron involucrados en el intento de golpe de Estado de 2016 y al propio Gülen se le acusa de liderarlo. De hecho, esta semana, más de 300 militares y cuatro civiles vinculados al gülenismo fueron condenados a cadena perpetua por su participación en la asonada. “A los abogados detenidos se les interroga sobre por qué han recibido dinero de tal persona, su cliente, o por qué han accedido a defenderle. Eso es inaceptable”, prosigue Aytaç, al que han abierto tres investigaciones y dos juicios por su participación en protestas pacíficas.

La presión que sufren los abogados turcos surte a veces efecto. Tras el intento de golpe de Estado y las purgas desatadas por el Gobierno, a las familias de los gülenistas detenidos les costó encontrar letrados dispuestos a hacerse cargo de su defensa: “Muchos abogados conservadores tenían miedo de que se les vinculase a FETÖ, así que al final los gülenistas acudieron a aquellos de conocidas credenciales izquierdistas o nacionalistas”, explica Elkan Albayrak, que ha representado a algunas de estas personas. “Los he defendido porque se está utilizando de manera muy amplia la acusación de terrorismo, metiendo en el mismo saco a quienes sí han cometido actos ilegales y a quienes simplemente tenían su dinero en Bank Asya [el banco de la cofradía gülenista]. Y porque creo que todo el mundo tiene derecho a la defensa”, destaca.

Un derecho que está siendo limitado en Turquía, tal y como ha podido comprobar el propio abogado: “Obtener permiso para examinar las pruebas de la acusación se ha hecho casi imposible. Se restringe el acceso de los abogados a sus clientes, se restringen las visitas de familiares a los presos, todo ello para forzar a los detenidos a convertirse en colaboradores y que acusen a otras personas”.

Profesionales marcados

Albayrak lamenta también que se mire con sospecha a quienes llevan los casos relacionados con ciertas organizaciones, especialmente desde los medios de comunicación progubernamentales: “Publican nuestros nombres y nos marcan como abogados del terrorismo con el objetivo de amedrentarnos”. Por ejemplo, tras la detención de Raziye Öztürk, el diario Sabah, vinculado a la familia del yerno de Erdogan, publicó una noticia en la que decía que era muy “llamativo” que un abogado que llevaba casos de policías acusados de ser gülenistas se encargase también de la defensa de una “sospechosa del PKK”, en referencia a la letrada, subrayando así la narrativa gubernamental de que todas las organizaciones terroristas -por mucho que sean de ideologías enfrentadas- cooperan entre sí para atacar a Turquía.

Uno de los casos más graves de esta estrategia es el de Ebru Timtik. Esta letrada, miembro del Bufete Legal del Pueblo (HHB, en sus siglas turcas), que defiende a imputados de la extrema izquierda, fue condenada junto a otros 17 colegas a 13 años y medio de cárcel bajo la acusación de ser miembro del grupo armado DHKP-C. El juicio, que Amnistía Internacional calificó de “golpe al derecho a un juicio justo”, se resolvió en apenas tres vistas y a partir de testigos secretos y datos de los acusados a los que los abogados de la defensa no tuvieron acceso. Timtik falleció el pasado agosto tras 238 días de huelga de hambre en protesta por la negativa de las altas instancias judiciales a repetir el juicio con mayores garantías.

Partidos de la oposición y organizaciones internacionales criticaron el trato dado a Timtik, y el Colegio de Abogados de Estambul organizó una ceremonia tras su muerte colgando un retrato de la letrada en su fachada, algo que no sentó nada bien al Gobierno turco, que ordenó a la policía retirar la imagen de una “terrorista”. “Es inaceptable que un Colegio de Abogados se convierta en el patio trasero de organizaciones ilegales y marginales”, criticó el ministro de Justicia, Abdülhamit Gül.

Erdogan ya ha avisado de que las reformas que está aprobando su Gobierno -como la división de los colegios de abogados y la modificación de su normativa de elección- están destinadas a “cortar el camino que lleva de ser abogado a terrorista”. “Si otras personas pueden ser expulsadas de su profesión por apoyar el terrorismo, deberíamos debatir la necesidad de hacerlo también con los abogados”, añadió.

“Lo que se busca con la represión de los abogados es obstaculizar el derecho a la defensa. Por desgracia, la Justicia turca funciona solo bajo órdenes del Ejecutivo y ya hasta los votantes del partido del Gobierno han dejado de confiar en ella”, lamenta el abogado Aytaç: “Y si nadie puede confiar en el proceso judicial, es imposible que funcione el resto”.

Con todo, en las últimas semanas, el Gobierno turco ha dado un nuevo giro al anunciar una reforma para mejorar la aplicación de la Justicia y garantizar los derechos humanos. Incluso el Ministerio de Justicia envió una circular según la cual los magistrados que contravengan las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quedarán excluidos de promociones. La razón fundamental es mejorar la mala imagen de Turquía para atraer inversores en un pésimo momento económico. Esto ha llevado a varios comentaristas progubernamentales a aventurar la liberación de algunos presos políticos de renombre, como el líder kurdo Selahattin Demirtas, el filántropo Osman Kavala o el periodista Ahmet Altan. Sin embargo, Erdogan y su socio de gobierno, el ultraderechista Devlet Bahçeli, rápidamente han dejado claro que en ningún momento aflojarán la mano frente a aquellos relacionados con el “terrorismo”.