Santos afirma que ningún referendo puede echar atrás el acuerdo de paz de Colombia

A cuatro años de firmado, el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC atraviesa un momento tormentoso. El incesante asesinato de líderes sociales y excombatientes, así como el resurgir de la violencia en distintos territorios, amenazan la implementación de ese histórico pacto. A pesar de los desafíos, “ningún decreto, ninguna ley, ninguna reforma constitucional, ni siquiera un referendo, los puede echar para atrás”, reafirma ...

A cuatro años de firmado, el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC atraviesa un momento tormentoso. El incesante asesinato de líderes sociales y excombatientes, así como el resurgir de la violencia en distintos territorios, amenazan la implementación de ese histórico pacto. A pesar de los desafíos, “ningún decreto, ninguna ley, ninguna reforma constitucional, ni siquiera un referendo, los puede echar para atrás”, reafirma Juan Manuel Santos, el presidente que llevó a buen puerto los diálogos de La Habana, en una carta dirigida a Rodrigo Londoño, Timochenko, el máximo líder de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido político.

“Los acuerdos y su debida implementación hacen parte de nuestra Constitución y obligan a este y a los próximos dos Gobiernos”, recuerda Santos, sin mencionar por nombre propio al presidente Iván Duque, en la misiva que hizo pública este fin de semana. El triunfo en las elecciones de Estados Unidos del demócrata Joe Biden, “promotor como pocos del acuerdo”, escribe Santos, refuerza el sólido respaldo de la comunidad internacional, que ha remolcado el esfuerzo de los colombianos para doblar la página de la guerra. El apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, los países latinoamericanos y aquellos que enviaron delegados especiales a la negociación, como el propio Estados Unidos y la Unión Europea, “constituye otra capa del blindaje”, argumenta el también Nobel de Paz en el tono optimista que lo ha caracterizado.

Esa defensa apasionada del acuerdo que Santos selló con Londoño el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, y del sistema de justicia transicional, se producen en un momento delicado. El expresidente Álvaro Uribe, mentor político de Duque, se propone derogar mediante un referendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral de los acuerdos. Esos ataques han sido una bandera para el Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por Uribe, cuyos sectores más intransigentes han insistido en hacer trizas el pacto. El propio Duque intentó en 2019 modificar la JEP pero sufrió una estruendosa derrota en el Congreso.

Santos invoca en su mensaje los conceptos de eminentes juristas e incluso cita a Eduardo Cifuentes, el expresidente de la Corte Constitucional que a comienzos de este mes asumió la presidencia de la JEP, al afirmar que los acuerdos “tienen una fuerza jurídica superior y articulan en su seno exigencias inderogables del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional”. Enfatiza que ni los acuerdos ni la JEP son derogables. “Es un imposible categórico jurídico y político”, escribe el exmandatario. “Como le dije al papa Francisco al final de su histórica visita: a la palomita de la paz hay que dejarla volar sola porque por fortuna quedó blindada”.

En la comunicación, fechada el 14 de noviembre, Santos comienza por celebrar que la Peregrinación por la Vida y por la Paz, como se conoció la marcha hasta Bogotá de cerca de 2.000 firmantes de los acuerdos para llamar la atención sobre los homicidios de 236 exguerrilleros, haya culminado con una reunión con el presidente Duque. Destaca que el Gobierno se haya comprometido a acelerar el proceso de entrega de tierras, los proyectos productivos, medidas adicionales de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y siete reuniones del Consejo Nacional de Reincorporación en los territorios para evaluar la situación en cada uno de ellos. “Es importante hacerles seguimiento a estos compromisos, en especial al tema de seguridad, porque este es uno de los aspectos que más preocupan no solo a los integrantes del partido FARC –por supuesto– sino a los colombianos en general y a la comunidad internacional”, subraya.

El mensaje es una respuesta a otra carta que le escribió Londoño a comienzos de mes. “El país oye de un proyecto de referendo que pretende hacer trizas los acuerdos de paz. Una disyuntiva que se plantea con nitidez a Colombia”, expresa alarmado el hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos, al tiempo que reafirma su compromiso de comparecer ante la JEP y la Comisión de la Verdad. “Estamos reconociendo responsabilidades conforme a la palabra empeñada”, señala Timochenko, “falta le hace al país que los otros actores del conflicto también aporten verdad al sistema”.

Colombia se asoma a la dolorosa verdad de un conflicto armado de más de medio siglo. En los últimos meses, los exguerrilleros han reconocido, entre otros, el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y dos atentados a los que sobrevivió –con secuelas– Germán Vargas Lleras, el vicepresidente de Santos, al que pidieron perdón. “A diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece. Ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto. Me basta con conocer toda la verdad”, escribió Vargas Lleras hace una semana en una impactante columna de opinión.

“Así como los parámetros de los negociadores eran buscar el máximo de justicia que nos permitiera la paz, y lo lograron, es ahora muy importante buscar el máximo de verdad –por más dolorosa que sea– que nos permita una verdadera reconciliación”, destaca Santos. “Por eso hay que facilitar que los máximos responsables de las atrocidades paramilitares comparezcan con su verdad ante la JEP”, argumenta en contravía de la postura de Duque, quien ha insistido en que los jefes paramilitares no deben tener cabida. Encargada de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, la JEP establece penas alternativas a la cárcel a cambio de que los excombatientes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.

“Las críticas al proceso de paz y a la JEP no van a parar. Es para algunos una consigna y una estrategia política electorera”, advierte el expresidente Santos. “Los avances están a la vista. La inmensa mayoría de los excombatientes abandonó definitivamente las armas y se encuentra en plena reincorporación”, concluye en un mensaje que aboga por una implementación integral. “Hay que seguir remando”.