Derechos humanos: la peor fractura

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de vetar que se vuelva a designar al brasileño Paulo Abrão como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abrão fue postulado por la totalidad de los miembros de la Comisión. Almagro no está obligado a acatar la recomendación. Pero es la primera vez que un secretario general ignora ese dictamen. La novedad no es técnica. Es política. La fractura que se registra en la política doméstica de la mayor parte de los países de la región ha producido alineamientos internacionales cada vez más intransigentes. Ahor...

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de vetar que se vuelva a designar al brasileño Paulo Abrão como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abrão fue postulado por la totalidad de los miembros de la Comisión. Almagro no está obligado a acatar la recomendación. Pero es la primera vez que un secretario general ignora ese dictamen. La novedad no es técnica. Es política. La fractura que se registra en la política doméstica de la mayor parte de los países de la región ha producido alineamientos internacionales cada vez más intransigentes. Ahora esa polarización se está trasladando a las instituciones continentales. La discusión que se abrió en la CIDH hace juego con la que agita al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No se trata de una semejanza azarosa. Las dos crisis están inspiradas en la estrategia que, con aires imperiales, el Gobierno de Donald Trump se ha fijado para América Latina. Están conectadas entre sí.

La CIDH tiene una misión importantísima en la vida de la región. Es la institución a la que puede asistir cualquier latinoamericano que se enfrente a una violación de sus derechos básicos. En ese rol, la Comisión determina los casos que debe tratar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus siete integrantes son designados por la Asamblea General de la OEA. A lo largo de las últimas décadas, no solo ha perfeccionado estándares para la prevención y sanción de delitos de lesa humanidad. También ha dictado medidas cautelares ante las que los estados de la OEA deben allanarse. La gestión operativa de esa agenda está a cargo del secretario ejecutivo. Es la posición que venía ocupando Abrão.

Almagro objetó a este funcionario alegando 61 denuncias de acoso laboral. Hasta ahora no se conocieron esos cargos. Por eso adquiere más relieve la decisión de ignorar el parecer de la Comisión en la designación. Es una decisión sin antecedentes contra la que se pronunciaron muchos excomisionados. En cambio, solo dos Gobiernos formularon una advertencia: el del mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el del argentino Alberto Fernández.

Más allá de los reproches que merezca la conducta de Abrão como ejecutivo, su figura irrita a una parte de la clase política regional que le asocia a la izquierda brasileña. Del mismo modo que Almagro está ligado al grupo de republicanos que, liderados por el senador Marco Rubio, orientan la política latinoamericana de la Casa Blanca. Esta es la razón por la que se sospecha que la recusación de Abrão expresa a quienes reducen la agenda de los derechos humanos a los ultrajes de las dictaduras de Cuba, Venezuela o Nicaragua.

La conducta de la Comisión en los últimos años fue bastante ecuánime. Molestó a los Gobiernos de Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y a las dos Bolivias: la de Evo Morales y la de Jeanine Áñez. En el caso de Nicaragua, Abrão tuvo un enfrentamiento estridente con Daniel Ortega, quien le expulsó después de una trabajosa visita en la que se denunció el desborde autoritario del Gobierno.

El fenómeno más significativo es que, detrás de la decisión de Almagro, el espíritu faccioso parece contaminar a una política que, por definición, debería ser de una ecuanimidad universal: la de los derechos humanos. Sería tenebroso que esa bandera pase a convertirse en un arma arrojadiza de un grupo contra otro en medio de la ardiente disputa ideológica que se despliega a nivel internacional.

En la arena del BID también sigue la batalla. El encargado de América Latina en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, estrechísimo aliado del senador Rubio, ya tiene los votos para hacerse elegir presidente en una videoconferencia convocada para el próximo sábado 12. Prestigiosos expresidentes de la región, igual que voceros de la campaña de Joe Biden, rechazaron que, por primera vez, el banco no sea conducido por un latinoamericano, como indica una regla tácita. Los Gobiernos del chileno Sebastián Piñera y del argentino Fernández pidieron que la elección se postergue hasta marzo próximo. La Argentina postula a Gustavo Béliz para la presidencia.

La gran incógnita es si ese pedido de aplazamiento pasará a mayores. Es decir, si habrá un grupo de países dispuestos a negar el quorum necesario para que se produzca la elección. Muchos temen represalias. O no consideran tan relevante la disputa. Otros se resisten a trasladar a un directorio financiero un método propio de la oposición parlamentaria. Para ese bloqueo hace falta reunir 25% de los votos. Si todos los que pretenden prorrogar la votación también se ausentaran, no alcanzarían esa cifra. Los países europeos son los dueños de la llave que podría impedir a Claver-Carone, es decir, a Trump, conquistar la presidencia del BID. Muchos disidentes miran hacia España. A Pedro Sánchez y la ministra Nadia Calviño, la representante del país en el banco. Pero hay voces escépticas. Son las que dicen que, en los últimos años, España dejó de ser el puente entre el viejo y el nuevo mundo. Que el destino de Claver-Carone, si dependiera de los europeos, está en manos de Angela Merkel. En plena campaña electoral norteamericana, ¿Merkel querrá poner un freno a Trump en un continente ajeno?

Contra el telón de fondo de esta incertidumbre, el expresidente de Chile Ricardo Lagos acaba de defender una tesis muy audaz: amparándose en una resolución de Naciones Unidas de 2018, según la cual la costumbre sistemática adquiere status jurídico, sostuvo que la elección de Claver-Carone podría ser anulada. Un camino insospechado.

Hace dos semanas, un detalle anecdótico permitió vislumbrar un puente entre la discusión de la CIDH y esta controversia por el BID. El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, recibió la visita de Gustavo Cinosi. Argentino, controvertido y misterioso, Cinosi es un asesor crucial de Almagro y, acaso, su vínculo más activo con la diplomacia de los Estados Unidos. Cinosi explicó a Bustillo que lo veía en su calidad de jefe de campaña de Claver-Carone, para que Uruguay se sume a los 17 países que votarían por el candidato de Trump. Bustillo cortó la conversación. Alegó, con lógica, que su país habla con los Estados Unidos a través de canales oficiales.

América First, la consigna de Trump, parece desplergarse en el espacio regional como una hegemonía tan descarnada como paradójica. Porque, como observó Juan Gabriel Tokatlian en Open Democracy, “el uso del garrote sin zanahoria por parte de Washington ha sido la realidad de la agenda interamericana de los últimos cuatro años. Sin embargo, el récord de fracasos de los Estados Unidos en la región no tiene precedentes”.