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De todos los horrores que ha sufrido El Salvador, la Masacre de El Mozote es el capítulo más terrible. Entre el 10 y 12 de diciembre de 1981, soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño —muchos formados en la Escuela de las Américas— llegaron hasta la aldea, localizada en la región oriental de este país centroamericano, y perpetraron la peor matanza registrada en el Hemisferio Occidental: al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas; todos campesinos) fueron asesinadas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar. Durante décadas las víctimas han exigido justicia y los sucesivos gobiernos salvadoreños —tanto de la derechista Arena como la exguerrilla del FMLN— han tenido tímidas reacciones para condenar la sangría, investigarla y enjuiciar a los culpables. Fue Nayib Bukele, un hombre de 37 años que el sábado asumió la presidencia de este pequeño país, quien tomó una decisión que reivindica a las víctimas: su primer orden como mandatario fue retirar de un cuartel militar el nombre del teniente Domingo Monterrosa, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (creada para investigar la violencia durante la guerra civil, que dejó más de 75 000 muertos) ha señalado de ser el responsable de la matanza.

Bukele hizo el anuncio en Twitter, su medio preferido para comunicar sus decisiones a sus seguidores, decenas de miles de personas, principalmente jóvenes que lo ven como la esperanza de cambio en El Salvador. “Se ordena a las Fuerzas Armadas retirar de inmediato el nombre del Coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel”, escribió el recién estrenado presidente. La decisión generó un avalancha de reacciones en la red social, con decenas de mensajes aplaudiendo la medida. Está por verse cuál será la reacción del Ejército, que en 2013 rindió homenaje a Monterrosa y al mayor José Azmitia Melara, otro de los responsables de la masacre de El Mozote. Los militares, un día después de la decisión de Bukele, no se han pronunciado. La orden, sin embargo, fue acatada y este domingo se veía a militares borrando el nombre de Monterrosa del cuartel de San Miguel.

El gesto de Bukele no solo es un reconocimiento a las víctimas, sino que un abierto desafío a los políticos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), antiguos enemigos a muerte, que ahora se han unido para promover en el Congreso una ley de amnistía que ha generado repudio internacional. El texto, denominado Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, ha sido considerado como una afrenta contras las víctimas por organizaciones de derechos humanos. Entre otras cosas, la propuesta incluye que quienes hayan sido condenados por participar en crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña pueden ser castigados con hasta 10 años de trabajos comunitarios.

“La ley libraría de cárcel a los responsables de crímenes de guerra que hayan sido condenados antes de que entre en vigencia la ley. Es decir, que una ley aprobada en estos términos sacaría de la cárcel a criminales de guerra como el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que en agosto de 2016, tras la abolición de la Ley de Amnistía, fue enviado a prisión para responder por el asesinato de los sacerdotes jesuitas ocurrido en noviembre de 1989”, explican Nelson Rauda, Roxana Lazo y Gabriela Cáceres en un amplio reportaje publicado en el periódico salvadoreño El Faro. “Las víctimas de atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador han esperado décadas para que se haga justicia, y merecen que haya una rendición de cuentas genuina. Sin embargo, este proyecto sobre justicia transicional permitirá que los responsables de estos crímenes no enfrenten ningún castigo mínimamente serio”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en un informe preparado por esa organización sobre el proyecto legislativo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió el 28 de mayo una resolución en la que ordena al Estado salvadoreño frenar el trámite de la ley. Los diputados pretendían votarla la semana pasada para que fuera sancionada por el ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, pero la presión interna y exterior logró retrasar el procedimiento. De ser aprobada, será Nayib Bukele el encargado de firmarla, aunque el joven mandatario se ha expresado abiertamente en contra de la legislación. “Las leyes de amnistía van en contra del orden jurídico internacional, de la dignidad de las víctimas. Las revictimizan. Son leyes de impunidad. Buscan proteger a sus perpetradores y sus cómplices. Los que la aprueben se convertirán en transgresores”, escribió en Twitter el 14 de mayo. Las esperanzas de las víctimas de las atrocidades de la guerra civil que terminó en 1992 tras los acuerdos de paz están puestas en este empresario de la publicidad convertido en mandatario. La decisión de retirar el nombre del militar Monterrosa de un cuartel militar es un gesto que abre una luz para que El Salvador, por fin, encare su dolorosa historia.