La liberación de la cúpula de Duarte evidencia las carencias de la lucha anticorrupción en México

Altos cargos del Gobierno de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte enfrentarán sus juicios en libertad. En los últimos cuatro días la cúpula política y policial del exgobernador encarcelado ha salido a la calle a pesar de las protestas de la fiscalía, que los considera la cabeza de la estructura de corrupción puesta en marcha por Duarte.

El caso más llamativo es el de Arturo Bermúdez, jefe de la policía durante su Gobierno, acusado entre otros delitos de la desaparición forzada de 15 personas. Bermúdez salió este miércoles de prisión. Días atrás abandonaron la cárcel de Pacho Viejo, Mauricio Audirac, extesorero, y Francisco Valencia, exsecretario de Obras Públicas, ambos acusados de delitos como peculado o tráfico de influencias. Además de ellos, este miércoles, el abogado de Luis Ángel Bravo, fiscal general durante la misma etapa (2010-2016) confirmó a EL PAÍS que su cliente saldrá de prisión en las próximas horas. Bravo está acusado de desaparición forzada.

Su caso se suma al de otro grupo de altos funcionarios que han dejado la prisión en los últimos días, como Juan Antonio Nemi Debi, exsecretario particular de Duarte, y Flavino Ríos el gobernador interino que facilitó la huida de Duarte al poner a su disposición un helicóptero para que dejara Veracruz. Ambos abandonaron la prisión y están en calidad de “arresto domiciliario”, con el argumento de que padecen enfermedades que no pueden ser tratadas entre rejas. Georgina Domínguez, su jefa de prensa y operadora mediática, también salió de la cárcel por problemas médicos.

Sus liberaciones y la velocidad de las mismas, en medio del relevo político tanto a nivel nacional como en Veracruz, será una prueba para el Gobierno de López Obrador, justo en el momento en el que más ha sido criticado por no querer investigar casos de corrupción del pasado.

Gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, Javier Duarte representa como pocos la corrupción durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Según señaló la fiscalía en el proceso en su contra, Duarte usó la estructura del Gobierno del Estado para crear una red de empresas inexistentes y desviar, así, cientos de millones de pesos. Por ello fue condenado en octubre a nueve años de prisión. Mientras esto ocurría, la fiscalía de Veracruz fue encarcelando a su círculo más cercano: Bravo, Bermúdez y Audirac.

La fiscalía ha condenado que se permita que los probables responsables de desapariciones forzadas y del saqueo de Veracruz enfrenten sus procesos en libertad. Según la oficina dirigida por el fiscal Jorge Winckler “nuevos criterios jurisdicionales” están permitiendo la salida de la cárcel de los responsables.

Según la fiscalía, en el caso de Bermúdez existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales y pruebas periciales que evidencian que el que fuera jefe de la policía “encabezó una estructura organizada que desde la Secretaría de Seguridad Pública cometió de manera sistemática desapariciones forzadas” por lo que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva, exigió el ministerio público en un comunicado.

Los funcionarios en prisión preventiva han salido gracias a varios amparos que los protege de unas investigaciones supuestamente parcializadas y orientadas políticamente. En el caso de Luis Ángel Bravo, el exfiscal denuncia que los dos testigos de cargo contra él son Bermúdez y Gilberto Aguirre, exjefe de servicios periciales. Ambos han pedido "que se enjuicie políticamente a Winckler" porque según su versión fueron torturados después de su detención, señaló el abogado de Bravo a EL PAÍS.

La fiscalía de Veracruz tampoco comparte la decisión jurisdiccional por la cual los probables responsables de desvío de recursos públicos han sido liberados en los últimos días, al modificarle su medida cautelar de prisión por la de una mínima garantía económica —que no se compara ni remotamente con el monto de 1.200 millones de pesos (58 millones de dólares) que ha sido acreditado como probable quebranto patrimonial causado al Estado, imputable a Mauricio Audirac y José Antonio Nemi, exsecretario particular de Duarte. En estas investigaciones se tiene acreditado plenamente por datos de auditoría, la probable participación de éstos en el enorme desfalco financiero. La Fiscalía General del Estado reitera su condena a una serie de resoluciones judiciales contrarias a tratados internacionales, interés social así como a la exigencia de justicia del pueblo de Veracruz, mismas que serán combatidas con los medios legales procedentes.

Al mismo tiempo, lo supuestos errores judiciales, han proporcionado artillería suficiente al nuevo gobernador, hombre muy cercano al presidente López Obrador, para cargar contra el fiscal por considerarlo “el abogado personal del exgobernador (Miguel Ángel) Yunes”. Cuitlahuac García ha expresado su deseo de sustituir a Winckler, pero su mandato es de nueve años por lo que, en un hecho inédito, ha instado al “pueblo de Veracruz a manifestarse” sobre si su titular debe seguir o no.