Ortega acusa de golpistas a los impulsores de una marcha contra el machismo
El Gobierno nicaragüense despliega un fuerte dispositivo de seguridad en Managua para evitar la manifestación contra la violencia de género
La Policía Nacional de Nicaragua prohibió la organización de una manifestación prevista para el domingo, en conmemoración del Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres, porque sus organizadores “están siendo investigados” por supuestamente organizar un “fallido intento de golpe de Estado” contra el presidente Daniel Ortega, en referencia a las protestas que desde abril exigen el fin del mandato del sandinista, que ha gobernado durante más de once años este país centroamericano.
La manifestación fue convocada por organizaciones de mujeres que forman la llamada Articulación Feminista y estaba apoyada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, agrupación que reúne a más de 40 organismos opositores al régimen, entre ellas la Alianza Cívica, encargada de negociar una salida a la crisis política. Un grupo de personas se había presentado el jueves en la sede de la Policía Nacional para exigir el permiso a la manifestación, pero ningún funcionario de la institución quiso firmar el documento.
Las mujeres dijeron que con o sin permiso marcharían el domingo, pero desde la tarde del jueves el Gobierno ordenó desplegar un fuerte dispositivo de seguridad en toda la capital, con retenes policiales en las principales arterias, que detenían y revisaban automóviles, mientras que caravanas de antidisturbios patrullaban las zonas neurálgicas de una Managua convertida prácticamente en una ciudad sitiada. “A las 9 p.m. Managua es una ciudad fantasma y andar en la calle te dispara la adrenalina: retenes policiales en Carretera a Masaya, primera entrada de Las Colinas (barrio residencial) y rotonda Jean Paul Genie. Gracias a Dios llegué bien a mi casa”, escribía Katy, una capitalina, en Twitter, en un mensaje que demuestra la tensión en la que viven los habitantes de esta ciudad.
Los oficiales antidisturbios también fueron desplegados en el punto donde estaba previsto el inicio de la marcha y a lo largo de la céntrica Carretera a Masaya, que ha sido el escenario donde durante siete meses han marchado decenas de miles de nicaragüenses que exigen el fin del régimen. También fueron movilizados a la sede del Canal 100% Noticias, uno de los medios más críticos con el Gobierno y que ha sido sacado en varias ocasiones de la televisión abierta por informar de forma ininterrumpida de los ataques a las marchas opositoras por huestes leales al Ejecutivo de Ortega.
“No es la Policía la que debe decir si marchamos o no. Al solicitar el permiso cumplimos con un trámite, por las arbitrariedades que ha venido planteando la Policía”, dijo a EL PAÍS Ana Quirós, integrante de la Articulación Feminista. “La Constitución es muy clara y establece que tenemos derecho a manifestarnos, nos da plena libertad para hacerlo. La Constitución está por encima de cualquier ley, de cualquier normativa”, agregó la líder feminista.
El Gobierno de Ortega informó a finales de septiembre a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional sobre la prohibición de las protestas en Nicaragua. Y amenazaba con enjuiciar a quienes organizaran nuevas manifestaciones. Para las autoridades las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La mayoría de ellos eran civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado. El Ejecutivo sandinista, sin embargo, solo reconoce 198 muertos y hace especial hincapié a través de los medios ligados al Gobierno de que 22 de esas víctimas eran policías.
En su comunicado del viernes para prohibir la marcha de las mujeres la Policía afirma que “no autoriza ni autorizará” movilizaciones públicas “a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado” contra el Gobierno de Ortega. Ana María Tello, jefa de misión de CIDH en Managua, dijo a los medios que algunas de las personas que habían solicitado el permiso para la marcha fueron “visitadas” luego por agentes de la Policía, mientras que otras sufrieron “hostigamiento e intimidación” en sus domicilios. Tello dijo que también había fuerte despliegue policial en el norte y centro de Nicaragua. “Lo vemos con mucha preocupación. Esto violenta los derechos humanos, es un impedimento a la manifestación pública, a la protesta pacífica”, afirmó.
Las agrupaciones feministas dijeron que insistirán en obtener el permiso para la manifestación, denominada “Por una Nicaragua libre de violencia”, con la que pretenden recordar a las 54 mujeres asesinadas en el país hasta noviembre por la violencia machista, pero también a los muertos en el contexto de la crisis que cumplió siete meses sin que haya voluntad política del Gobierno para encontrar una salida negociada. La feminista Quirós pidió a los nicaragüenses que se vistan el domingo de negro y que usen pañuelos color violeta como símbolo de resistencia y protesta.
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