La sentencia del Supremo complica la estrategia de seguridad de López Obrador

La Suprema Corte de Justicia de México invalidó el jueves la Ley de Seguridad Interior, una norma promulgada a finales de 2017 que pretendía regular el papel de las fuerzas armadas en las tareas de combate a la delincuencia, una tarea que el Ejército y la Armada han venido haciendo en el país desde que el presidente Felipe Calderón los sacó de los cuarteles hace 12 años. El fallo, respaldado por 10 de los 11 ministros, complica los planes de Andrés Manuel López Obrador, quien debe emprender un nuevo camino legal para crear una Guardia Nacional compuesta por militares.

El plan de López Obrador presentado la tarde del miércoles ha sido avalado por el sector privado, pero ha preocupado profundamente a las organizaciones de la sociedad civil que habían pedido expresamente al futuro Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) una nueva aproximación al problema de la violencia en México que no dependiera de las fuerzas armadas.

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El alto tribunal concluyó el jueves que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior chocaba con la Constitución mexicana, que explica en su artículo 21 que las instituciones de seguridad pública deben ser de naturaleza civil. Otros ministros razonaron que los ejércitos no fueron creados para interactuar con la población civil y que la única vía que permitía a los militares disponer del mando en cuestiones de seguridad interior es cuando se suspenden las garantías.

Los ministros denostaron dos puntos principales de la ley. El primero, que la norma volvía permanente y, por lo tanto, normal la presencia del Ejército en las calles fungiendo como policías. El segundo, que la norma era ambigua al describir el uso de la fuerza. La redacción del texto dejaba demasiado abierto a la interpretación el empleo justo y proporcionado de la fuerza de parte de organismos que arrastran cientos de señalamientos de violaciones a derechos humanos desde que comenzó con la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006.

Con ese antecedente, el Gobierno de López Obrador se encamina a un proceso legislativo para dar forma a la estrategia de seguridad anunciada, que incluye la creación de la Guardia Nacional integrado por policías militares y navales. Este cuerpo de seguridad pública, que alcanzaría los 151.000 elementos en 2021, estará bajo control militar, sus elementos serán entrenados por el Ejército y dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que en otras naciones cuerpos similares son vigilados por los ministerios de Interior. Estos guardias, además de vigilar las calles, podrán ayudar al Ministerio Público en la investigación de los delitos.

La futura Administración ha anunciado que usará su mayoría en ambas cámaras del Congreso para modificar la Constitución y eliminar los candados para que los militares se hagan cargo de tareas de seguridad pública. De esta manera, el próximo Gobierno, que asume el poder el 1 de diciembre, pretende evitar que sus planes terminen nuevamente en manos de los ministros estudiando su constitucionalidad, como sucedió con la Ley de Seguridad Interior.

No obstante, la incomodidad que han mostrado con los planes del nuevo Gobierno diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, se ha colado en el Congreso. Y más específicamente a la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de diputados. El jueves, Tatiana Clouthier, una de las legisladoras más cercanas a López Obrador por haber sido su coordinadora de campaña, subrayó la división de poderes del Estado. “El poder Judicial acaba de decirnos que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional. Hay una propuesta del Ejecutivo y esa propuesta puede ser ajustada de acuerdo con lo que se escuche, el grupo parlamentario piense y el poder Legislativo decida”, afirmó Clouthier a la prensa.

Se prevé que la bancada de Morena presente este martes la iniciativa para que los elementos de la Guardia Nacional patrullen las calles y coadyuven en la investigación de los delitos. Para sacar adelante esta reforma constitucional, no es suficiente la mayoría del partido de López Obrador en el Congreso. Su movimiento cuenta con 314 diputados si se suman las fuerzas aliadas. Sin embargo, necesita 20 votos más para alcanzar la mayoría calificada de 334 votos. El PRI, el partido que aún está en el poder, parece estar dispuesto a dárselos. En el Senado, necesita el apoyo de 15 senadores más para conseguir una reforma que abrirá una nueva etapa en México en el combate a la delincuencia justo en su año más violento.