La ambigüedad marca el cierre de los foros por la paz de López Obrador

Desde hace casi cuatro meses México vive anclado al futuro, más pendiente de lo que dice y hace el presidente electo que el saliente. La rotunda victoria de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio, el cambio de discurso e intenciones del futuro mandatario y su gabinete, acaparan la atención, más si se trata de temas de seguridad y violencia. Y lo hacen antes siquiera de empezar a gobernar.

Este miércoles, López Obrador dio por concluidos los foros por la paz y la reconciliación, puestos en marcha tras su victoria en las urnas, toda una declaración de intenciones y de las diferencias que, dice, le separan de los gobiernos anteriores. Ante la cifra aterradora de muertos y desaparecidos de los últimos dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, su mandato, con los foros, empieza haciendo algo que, a su juicio, no hicieron los anteriores, escuchar a las víctimas.

La idea era que estos encuentros, una ventana al horror de las zonas más castigadas por la inseguridad, resultaran en un ramillete de propuestas, leyes nuevas o modificaciones de las actuales, con el objetivo de contener la violencia. Pero de momento, 16 foros después, la ambigüedad del principio se mantiene. Se ignora qué papel jugará el Ejército en su estrategia de seguridad, cómo se va a implementar la búsqueda de los miles de desaparecidos que cuenta el país o a quién afectará la famosa amnistía que prometió en tiempos de campaña electoral.

En su discurso ante representantes de los foros en Ciudad de México, López Obrador ha dicho que su Gobierno no apostará por la guerra y atenderá "las causas de la violencia". Esos dos han sido probablemente sus compromisos más concretos.

El acto se ha celebrado en la sede del Archivo General de la Nación, el Palacio de Lecumberri, de nefasto recuerdo para la sociedad mexicana. Fue allí donde torturaron y mantuvieron presos a decenas de estudiantes durante el verano de 1968. Antes y después de la matanza de octubre.

Primero, los representantes de los foros de Guerrero, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, etcétera, le han entregado, cada uno, las conclusiones de sus encuentros al mandatario. También lo han hecho los portavoces de los grupos de trabajo mantenidos con policías, expertos en seguridad, en políticas de drogas, armas de fuego...

Acompañaban a López Obrador la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. Los tres han participado en los foros y a estas alturas sería ingenuo pensar que no conocen el dolor de las víctimas. El propio Durazo ha dicho: "Escuchar directamente sus historias es un ejercicio que nos marcó a todos". Y también Sánchez Cordero: "Reconocemos que se está desapareciendo a nuestra juventud; reconocemos que no se han tomado las medidas necesarias para atajar la violencia".

Ante esto, López Obrador ha resumido la acción del futuro Gobierno en ocho compromisos. Al margen de los dos primeros, no apostar por la guerra y atajar las causas de la violencia, el futuro presidente ha asegurado que fortalecerá la formación en derechos humanos de militares, marinos y policías; que garantizará el acceso de las víctimas a "la reparación del daño"; que apoyará la búsqueda de justicia en casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; que liberará a presos políticos y luchadores sociales encarcelados; que pedirá la supervisión constante de la ONU y que creará, por último, un Consejo Nacional de Paz.

"Queremos encontrar un equilibrio entre justicia y perdón, con amnistía, pero sin impunidad. Todo eso para dar con una reconciliación y propagar el amor al prójimo", ha concluído el futuro presidente.