Violencia política

Quise escribir de la violencia política en México y acumulé información sobre ella. Al revisar lo obtenido durante varias semanas, concluí que, en efecto, acumulaba. El conjunto no adquiría forma. Las diferenciaciones eran difíciles de marcar. La expresión “violencia política” enunciaba mucho y aclaraba poco. ¿La violencia se hacía desde la política? ¿Sus participantes la ejercían para preservar o para adquirir poder? ¿La violencia se hacía contra la política para eliminar a sus titulares? ¿Se les quería desplazar para generar caos o para posibilitar sustituciones? ¿La violencia se hacía dentro de la política como forma de lucha entre contrincantes? ¿Toda muerte a un político en activo o a quien pretendía serlo era violencia política, o debía existir una motivación específica? Más allá de diferencias personales u operativas o intencionalidades, el fenómeno aumenta gravemente. Su propio desorden y sus muchas expresiones hacen difícil saber frente a qué estamos. Todavía más, cuáles serán sus consecuencias en los años por venir.

Hace dos semanas se publicó el Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, por Etellekt Consultores. Sus métodos, muestras y resultados permiten dimensionar la magnitud del problema. Del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año, se produjeron 173 agresiones a políticos, de las cuales 78 fueron homicidios. Las víctimas de este último universo fueron, destacadamente, 20 precandidatos, 14 exalcaldes, 13 regidores, 10 militantes, 8 alcaldes y 6 dirigentes partidistas. El 69% de ellos murió a manos de un comando armado, primordialmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Por pertenencia partidista fueron asesinados 29 priistas, 16 perredistas, 8 panistas, 5 de Movimiento Ciudadano y 4 de Morena. Al día siguiente de la publicación del Informe, mataron al presidente municipal de Tlanepantla, Puebla, y dos días después al de Jilotlán, Jalisco (con licencia). La lista sigue aumentando.

La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno

Al cerrar este artículo no sé con precisión cuántas personas han muerto en este proceso electoral por razones políticas o por su ejercicio político. Del análisis de riesgos hecho por Etellekt Consultores y otras organizaciones, puedo suponer que el fenómeno seguirá durante el proceso electoral, incluidos los días de los muy previsibles conflictos poselectorales. Es difícil proyectar con cuántos muertos políticos acabaremos. En todo caso, es necesario formular una pregunta simple: ¿qué explica el que las personas señaladas, en los niveles de gobierno apuntados, dentro de los territorios identificados y con los modos descritos hayan sido asesinadas? De ello pocos se han ocupado (Alejandro Hope, El Universal, 20-10-17). Es relevante hacerlo para descifrar varias cosas. Comienzo con una hipótesis.

El recurso a la eliminación total y definitiva de los funcionarios actuales o presuntos, tiene que ver con la forma de operación de la delincuencia en el país. Esta se realiza cotidianamente en ámbitos acotados, donde el apoyo policial determina la vida y la subsistencia. Quien lo tenga podrá operar y, simultáneamente, detener, desplazar o eliminar a sus contrincantes. Al ser las policías una parte importante de la extensión institucionalizada de las actividades delictivas, es vital contar con ellas. Si quienes las controlan son amigos, merecen vivir. En caso contrario, no.

Si la hipótesis acabada de formular es correcta, es pertinente hablar de una “narcodemocracia” (Claudio Lomnitz, La Jornada, 25-4-18). De un régimen en el que van borrándose las fronteras entre la estatalidad y la no estatalidad. La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno. Que también lo es el modo de alcanzar el poder legítimo a fin de ejercerlo delincuencialmente, eso, sí, mediante formas estatalmente formalizadas.

José Ramón Cossío Díaz (@JRCossio) es ministro de la Suprema Corte de Justicia de México.