Incapacidad moral permanente

Hace menos de tres meses el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llegó al Congreso de este país para presentar su defensa ante la moción de vacancia (destitución) presidencial. Había esa solemnidad extraña y mórbida que ocurre cuando se mezclan los protocolos presidenciales con los preparativos de una ejecución.

En los casi doscientos años de turbulenta historia peruana hubo apenas tres precedentes de destitución del presidente por el Congreso y solo uno (Alberto Fujimori, el año 2000) por la causa que el pasado diciembre se esgrimió para la vacancia: incapacidad moral permanente. Difícil de definir, ¿verdad? Tanto por el concepto en sí como por quien aplica la definición. Eso dice, empero, la Constitución, que encarga resolver un problema de magnitud kantiana al Congreso, aunque el coeficiente intelectual del actual solo pueda medirse con ayuda del álgebra.

La suerte de Kuczynski parecía echada. Pero el presidente sobrevivió la ejecución anunciada y convirtió lo que parecía una aplastante e inexorable victoria del partido mayoritario de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en otra inesperada derrota, una más en su notable palmarés de victorias inminentes que acaban en derrotas sorpresivas. Así ocurrió antes en las elecciones presidenciales de 2011 y 2016. La derrota de Keiko Fujimori fue doblemente contundente porque esta no solo se dio por la decisión de una importante bancada de izquierda (Nuevo Perú) de votar con los pies —marcharse de la sesión del Congreso, para negar sus votos— sino por la deserción de 10 de sus propios congresistas, incluyendo a su hermano Kenji Fujimori, que al abstenerse impidieron lograr los dos tercios necesarios para la vacancia.

Kuczynski sobrevivió y Kenji Fujimori dirigió en las semanas siguientes un cisma que redujo la mayoría de 72 congresistas de Fuerza Popular a 59. Kuczynski indultó a su padre, el exgobernante Alberto Fujimori, e hizo del nuevo grupo de Kenji (con el apoyo tácito de Alberto) un aliado, mientras Keiko Fujimori quedaba reducida durante un par de meses a un estupor políticamente catatónico.

Lo del presidente Kuczynski pareció una maniobra moralmente cuestionable (incumplió en 24 horas su palabra de no indultar al exdictador), pero políticamente inteligente. No lo fue.

La ira contra la doblez de Kuczynski por parte de los sectores democráticos, incluida la izquierda, que lo condujeron (luego de procesar tercas dudas) a la victoria electoral el 2016 y ayudaron nuevamente a sobrevivir la vacancia en 2017, no solo se expresó en marcha tras marcha de protesta en todo el país, sino llevó a que la bancada de Nuevo Perú promoviera una nueva moción de vacancia por el indulto.

Parecían lejos de los dos tercios necesarios. Pero entonces, en este país fértil en estratagemas y celadas, el partido de Keiko Fujimori unió fuerzas con sus enemigos izquierdistas para reintentar la vacancia, a menos de tres meses de la anterior. Los izquierdistas tuvieron que tragar el sapo de renunciar al indulto como causa explícita de vacancia y concentrarse en acusar a Kuczynski de haber mentido con respecto a sus relaciones (y pagos) con Odebrecht y otras empresas del caso Lava Jato. Eran esas mentiras las que configuraban el reestreno de la “incapacidad moral permanente”. Que Kuczynski ha mentido sobre Odebrecht y Lava Jato no cabe duda. Mentiras patéticas, de aquellas que suelen darse en adulterios imperfectos antes que en transacciones presumiblemente sofisticadas. Hasta ahora no se le han detectado sobornos, pero sí gruesos (y lucrativos) conflictos de interés.

Pero sus acusadores de peso han mentido igual o peor con respecto al mismo caso. Pese a sus negativas reiteradas —y en más de un caso amenazantes— es virtualmente seguro que Keiko Fujimori recibió 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011. Lo peor para ella es que de esa cantidad, un millón de dólares provino del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Se trata de dinero negro, lo que la coloca dentro del ámbito de investigaciones penales. También, según las confesiones de Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, recibieron dinero negro para sus campañas el propio Kuczynski y los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Todos lo niegan, mientras nuevas evidencias los desmienten.

De manera que si Kuczynski es vacado la próxima semana, lo será por la mismas razones por las que deberían sufrir igual suerte sus acusadores. Pero esas razones son el pretexto que oculta los motivos reales: Para Keiko Fujimori, consciente de que su hermano y ahora abierto enemigo Kenji seguirá socavando su esperanza de poder, con el auxilio de su padre, la vacancia es la única forma de anular los efectos del indulto.

Así podrá neutralizar a Alberto Fujimori con la amenaza (a través de terceros) de devolverlo a prisión y gobernar con la sumisión del hoy vicepresidente Martín Vizcarra, a quien hace pocos meses denostaba en los más duros términos pero ahora describe como un estadista de telúrica sabiduría.

Ni en el epónimo establecimiento de Charenton habrían bordado mejor el absurdo en el farsesco argumento cuyo desenlace se perpetrará el miércoles de la próxima semana y donde quienes pierden son los espectadores.