Una fiscal pide investigar al exalto cargo de Macri que ocultó dinero en Andorra

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El exsubsecretario general de la presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, demoró sólo tres días en renunciar a su cargo tras la aparición en Andorra de una cuenta no declarada con 1.2 millones de dólares. Pero sus problemas judiciales pueden durar mucho más que eso. Tras el escándalo desvelado por el diario EL PAÍS, la fiscal Alejandra Magnano ha pedido a un juez que investigue a Gilligan por presunto lavado de dinero, un primer paso que, de avanzar la causa, puede terminar en un procesamiento. Magnano solicitó a Claudio Bonadio, el mismo magistrado que lleva las causas más resonantes contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la Oficina Anticorrupción (OA) aporte todas las declaraciones patrimoniales de Gilligan para constatar si allí figura el dinero oculto en Andorra.

Gilligan dijo siempre que no obtuvo ningún rendimiento de la cuenta abierta en 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y aseguró que el dinero no era suyo, por eso creyó que no tenía que cumplir con la obligación de todos los altos funcionarios de acreditar sus bienes al momento de asumir un cargo público. Pero la situación se complicó para Gilligan porque en su primera declaración a EL PAÍS esbozó como defensa que él sólo había prestado su nombre a un “amigo” uruguayo dedicado a las transferencias de jugadores de fútbol, Francisco Casal, quien “tenía problemas [con el fisco] en su país” y le pidió “un favor”. “Confiaba en él, la plata nunca fue mía”, dijo Gilligan.

El gobierno de Mauricio Macri atinó en un primer momento a defender a Gilligan. Pero cuando la presión política dentro de la alianza oficialista Cambiemos se hizo insostenible decidió retirarle la mano y el subsecretario perdió su puesto. Gilligan se encuentra ahora en el llano y sus problemas ya no son sólo una simple omisión maliciosa de bienes ante un organismo de control del Estado. La fiscal federal quiere saber si Gilligan también actuó como testaferro de Casal y “administró, disimuló y/o procuró que se inserte en el mercado dinero de origen ilícito a través de las firmas Line Action y Nashville North Inc”, las compañías que figuraban como propietarias de las cuentas en Andorra. “El propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra”, escribió la fiscal en el texto que elevó al juez.

El lavado de activos es un delito federal, algo que no se resuelve con una renuncia, por eso el futuro de Gilligan está ahora en manos de Bonadio. Si el juez encuentra motivos suficientes para avanzar abrirá una investigación. Si, en cambio, rechaza el pedido de la fiscal toda la causa quedará en la nada.