Argentina promueve el acceso a la justicia en los barrios más vulnerables

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La 31, de villa miseria a nuevo barrio de Buenos Aires

La villa 31 de Buenos Aires cambió de nombre. Sus calles estrechas y sus casas de varios pisos apiñadas en pasillos están ante un inédito proceso de urbanización. El gobierno de la ciudad está convencido de que el proceso será un éxito y por eso la villa miseria se llama ahora Barrio 31. Ubicado a metros de los edificios más caros de la ciudad, en los terrenos del ferrocarril que lindan con la avenida del Libertador, en el barrio vive un inédito proceso de revalorización, producto de la apertura de calles, el tendido eléctrico y las cloacas. Las mejoras han traído nuevos problemas: los “propietarios”, entre comillas porque aún no tienen titulaciones legales, suben poco a poco el precio de los alquileres y crecen los casos de desalojo. Problemas como este son los que atienden cada día los Centros de Acceso a Justicia (CAJ), oficinas ubicadas en el corazón de comunidades vulnerables que brindan asesoramiento legal gratuito.

El gobierno de Mauricio Macri ha inaugurado 89 Centros en todas las provincias del país. El año pasado, atendieron 314.000 consultas y desde enero ya suman casi 30.000. El Centro del Barrio 31 está ubicado en un galpón de color amarillo que también es sede de oficinas de promoción social del gobierno de Buenos Aires. Hasta allí se acercó una comitiva del Grupo de Trabajo sobre Justicia o Task Force on Justice, una iniciativa de Naciones Unidas que impulsa la inclusión judicial de los más pobres, y las ONGs The Elders, fundada hace 10 años por Nelson Mandela, y Namati.

“La gente viene a los CAJ con problemas que a su vez abren a otros problemas y los centros intentan resolverlos. Tenemos desde la falta de algún medicamento o un desalojo hasta casos de violencia de género”, dice la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez. “Es común que la mujer venga con una excusa, por ejemplo un documento deteriorado, y el asunto derive pronto en una denuncia por violencia”, explica.

Gabriel Tubio, director de los tres Centros que funcionan en el Barrio 31, dice que el gran desafío es acompañar “el cambio de paradigma” que supone convertir una villa de emergencia en una urbanización. “Cambian los conflictos, sobre todo porque la gente pasa de usurpador a propietario”. Para resolver los problemas de propiedad los Centros cuentan con equipos de abogados, pero el trabajo es sobre todo multidisciplinario. Por eso también hay psicólogos y trabajadores sociales. “El trabajo es el de una orquesta de varios componentes”, dice Tubio.

Los CAJ son la perla con la que Argentina participa en el Grupo de Trabajo sobre Justicia. “Las ONG internacionales destacaron el trabajo de la Argentina para mejorar el acceso a la Justicia”, dijo el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, durante un encuentro con la prensa. Para Rodríguez, el secreto de los Centros es que “rompen barreras que no siempre son económicas sino sociales, y son un modelo de empoderamiento legal”.

El Grupo de Trabajo sobre Justicia, que además de Argentina integran los ministerios de Justicia de los Países Bajos y Sierra Leona, recorrió esta semana los Centros del barrio 31 y luego visitó la Villa Inflamable, un barrio marginal a la vera del Riachuelo, el río más contaminado de Buenos Aires. El martes 20 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Justicia, sus integrantes participaron en el centro de la capital argentina de la caminata Walk Together, impulsada por The Elders, tradicional marcha que simboliza y continúa el camino de Mandela hacia la libertad. Al frente estuvo la ex primera ministra de Irlanda, Mary Robinson. “En el mundo muchas personas no tienen conciencia respecto de su falta de acceso a la Justicia. Se requiere destinar un importante porcentaje del PBI de la naciones al conocimiento de los derechos, a las ayudas legales, a la educación, como condición necesaria para que las comunidades crezcan”, dijo Robinson.