Milei cerrará la Agencia de discapacidad, foco del mayor escándalo de corrupción de su gestión

Argentina dejará de tener una Agencia nacional de discapacidad. El Gobierno de Javier Milei anunció este martes el cierre del organismo protagonista del mayor escándalo por presunta corrupción de su gestión. Toda la política de discapacidad y la gestión de las pensiones de invalidez—un área sensible que se ha rebelado en las calles contra la motosierra de Milei— pasará a manos del Ministerio de Salud, según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en rueda de prensa. La oposición ha criticado una medida que considera “un plan de impunidad” para los sospechosos de haber participado en una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos para discapacitados.

Según Adorni, el motivo para cerrar este ente autárquico fue su opacidad. “Acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, declaró. Con sus funciones bajo la órbita del Ministerio, “se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, anticipó.

Durante los últimos dos años, el Gobierno ultra ha arremetido en varias ocasiones contra la Agencia nacional de discapacidad (Andis) y las supuestas irregularidades detectadas en ella. En 2024, cuando Adorni era portavoz presidencial, llegó a informar que habían detectado una pensión de invalidez otorgada a alguien que presentó como evidencia la radiografía de la cola de un perro. Al salir a la luz que ese expediente había sido rechazado, se desdijo. En 2025, el Gobierno comenzó un proceso de revisión de todas las pensiones por discapacidad y suspendió a más de 1.000 beneficiarios. Un par de meses después, un juez ordenó la restitución de todas ellas en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial.

Este martes, el jefe de Gabinete volvió a hacer hincapié en irregularidades detectadas en el organismo: “personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida y médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico”. Evitó mencionar, en cambio, la investigación judicial en curso que busca esclarecer si existió o no una red de compra de medicamentos con sobreprecios de hasta el 8% que quedaban en manos de empresarios y políticos cercanos a Milei.

La causa judicial se inició en agosto, a raíz de la filtración de unos audios del entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, en los que revelaba la existencia de un sistema de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos a través de la droguería Suizo-Argentina. La empresa incrementó el dinero que recibió de la Andis de 3.898 millones de pesos en 2024, a 108.000 millones de pesos en lo que va de 2025, es decir, un aumento del 2.678% (a valores de agosto suponía pasar de alrededor de tres millones de dólares a alrededor de 80 millones de dólares).

Spagnuolo involucraba en la red a la secretaria de Presidencia y hermana de Milei, Karina Milei, y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem. Spagnuolo fue cesado del cargo y es uno de los imputados en la causa a cargo del juez Sebastián Casanello. Ni Karina Milei ni Menem han sido acusados hasta el momento.

El jefe del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, acusó al Gobierno de querer “eliminar la Andis para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”. “No es una reestructuración, es un plan de impunidad”, opinó Martínez en X. El exministro de Desarrollo Social Diego Arroyo, calificó de “retroceso grave” la decisión oficial. “La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte. Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico”, advirtió Arroyo.

El cambio de mirada en el abordaje de la discapacidad ha sido uno de los motivos de enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del área. Cuando estaba al frente de la Andis, Spagnuolo se reunió con Ian Moche, un niño autista de 12 años, y su madre cuestionó que el Estado deba hacerse cargo de las personas con discapacidad en vez de que lo haga la familia. Milei apoyó a Spagnuolo, quien fue su abogado personal antes de ser nombrado en el cargo, y acusó al menor de kirchnerista. El pasado febrero, el Gobierno cambió la denominación legal de los distintos grados de afectación de aquellos que pueden pedir una pensión por invalidez al desempolvar términos en desuso como “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. Ante la indignación provocada, dio marcha atrás.

La negativa del Ejecutivo a actualizar los honorarios de los prestadores de servicios en discapacidad durante más de diez meses —con una inflación acumulada en ese tiempo del 28%— dejó tratamientos en suspenso y obligó a las familias a cargo a pagar por ellos. Para hacer frente a esa situación, la oposición forzó la aprobación de una ley de emergencia en discapacidad, pero el Ejecutivo se negó a aplicarla. Pese a los intentos de Milei por evitarlo, la financiación para cumplir con esa normativa quedó finalmente incluida en el Presupuesto 2026. El cierre de la Andis exhibe la determinación del Gobierno de no dar ni un paso atrás.