Argentina cerró 2017 con 198 nuevas condenas por delitos de lesa humanidad

El pasado 30 de noviembre, la Justicia argentina condenó por primera vez a responsables de los vuelos de la muerte, el sistema de exterminio de la última dictadura por el que cerca de 4.000 detenidos desaparecidos fueron drogados y arrojados al mar. La sentencia de la megacausa de la ESMA, el mayor juicio de la historia de Argentina, fue la más significativa de las 26 que se dictaron en el país austral en 2017 por crímenes contra la Humanidad. En total, el año pasado los tribunales argentinos condenaron a 198 imputados y absolvieron a 36 en juicios por crímenes cometidos durante el régimen militar, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH).

Desde 2006, cuando se reanudaron los juicios por delitos de lesa humanidad, hasta la actualidad se han abierto en Argentina 593 causas por estos crímenes, de las que un 33% tiene sentencia, el 47% está en etapa de instrucción, el 17% está a la espera de juicio y el 3% en juicio.

La Justicia argentina fue blanco de duras críticas el año pasado después de que la Corte Suprema  concediese en mayo una reducción de condena a un represor, Luis Muiña. La sociedad salió masivamente a las calles para protestar contra el fallo y el Congreso aprobó días después una reforma legal que impide que los condenados por crímenes de la dictadura (1976-1983) puedan acceder a ese beneficio. A pocos días de finalizar 2017, los jueces dictaron otra resolución polémica: concedieron la prisión domiciliaria al torturador Miguel Etchecolatz, quien acumula seis condenas y es considerado uno de los represores más crueles del régimen.

Pese a las polémicas, 2017 fue un año récord en sentencias por crímenes contra la humanidad, 26: "La tendencia decreciente registrada entre 2014 y 2016 se ha revertido, alcanzando niveles que superan los años más activos del proceso (2012 y 2013)", con 25 sentencias, destacó la Procuradoría en su informe. En los últimos once años, los tribunales han imputado a 2.979 personas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría exmiembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983). De estos, 856 fueron condenados, 701 están procesados, 524 imputados, 499 fallecieron antes de que se dictase sentencia y 110 fueron absueltos.

De los detenidos, 549 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 489 están recluidos en cárceles o dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad. Hay 37 imputados prófugos, frente a los 44 de un año antes.

Organismos de derechos humanos y abogados han denunciado en los últimos meses demoras en los tribunales que tienen expedientes por delitos de lesa humanidad. La Procuradoría advirtió que a día de hoy las causas tardan una media de cinco años desde que se elevan a juicio hasta que quedan firmes. "Con ese ritmo, aun suponiendo que se presente el requerimiento de elevación en 2018 en todas las causas en instrucción –cuestión poco probable– como mínimo, la finalización de las causas demoraría hasta mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados", subrayó.