El chavismo amenaza a la oposición venezolana con excluirla de las elecciones

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que controla Partido Socialista Unido de Venezuela, ha aprobado el Decreto para la Validación de Partidos Políticos. La resolución establece que aquellas organizaciones que hayan decidido no participar, inhibirse, o boicotear las consultas electorales organizadas por el chavismo en este tiempo, deberán reinscribirse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral, y consignar todos sus recaudos para poder ser admitidos en la siguiente elección.

La resolución tiene un especial destinatario: las organizaciones Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, mayoritarias en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que dominan el grueso de su voluntariado y organismos directivos. Voluntad Popular es el partido que fundó Leopoldo López hace seis años. Primero Justicia el partido al cual pertenece el excandidato presidencial de la MUD, Henrique Capriles Radonski, y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Acción Democrática es la histórica organización del período democrático venezolano comprendido entre 1958 y 1998. López y Capriles Radonski —el primero, cursando arresto domiciliario; el segundo, inhabilitado de participar por una medida de la Contraloría General de la República— siguen dominando las simpatías populares en los sondeos de opinión.

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Los tres partidos habían decidido no asistir a las pasadas elecciones de alcaldes, celebradas el pasado 10 de diciembre, en protesta por lo que consideraron un inaceptable cúmulo de violaciones a la ley y procedimientos fraudulentos que había cohonestado y promovido el Poder Electoral durante los comicios de gobernadores que se organizaron el 15 de octubre anterior.

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, justificó la resolución argumentando que esta se había tomado con el objeto de “fortalecer el sistema de partidos políticos que da vida a la democracia venezolana. Que no se permita el boicot a la participación del pueblo de Venezuela mediante el ejercicio del derecho al voto y que, por el contrario, se premie y se fomente la participación política".

Aunque las gestiones para reinscribirse ante el poder electoral no deberían revestir ninguna exigencia, especialmente severa para el aparato político de estos partidos, las implicaciones de las resoluciones de la Constituyente chavista no caen en saco roto. Han venido precedidas de un contexto político y declarativo muy concreto. Hace apenas un par de semanas, el presidente Nicolás Maduro, como también el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, habían dicho que aquellos partidos que se hayan colocado al margen de la consulta, “quedarían ilegalizados”. Este ha sido el tenor discursivo de otros dirigentes chavistas, incluyendo a una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, quien advirtió que la decisión de abstenerse en la elecciones de alcaldes “tendrá sus consecuencias”.

Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, los tres partidos de la MUD que decidieron no asistir a las recién finalizadas elecciones de alcaldes, pero que parecían dispuestos a luchar por condiciones electorales para poder acudir a unas presidenciales, tendrían entonces que acudir al Consejo Nacional Electoral en enero, luego del receso navideño, a cursar un proceso administrativo que, con toda probabilidad, será escrupulosamente burocratizado.

En los círculos políticos de Caracas se especula que el Gobierno puede tener interés en adelantar todo lo posible la consulta presidencial de 2018 para pillar desmovilizada a la oposición. Las próximas elecciones presidenciales podrían tomar a estos partidos atrapados en la telaraña reglamentaria del CNE, y con ello formalmente impedidos de participar. En febrero de este mismo año, el Consejo Nacional Electoral ya había obligado a todos los partidos opositores, incluyendo a los tres sancionados, y a algunas formaciones menores aliadas de la Revolución Bolivariana, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), a presentar sus recaudos y actualizar su estatus ante al Poder Electoral, un proceso que duró varios meses y que fue encarado exitosamente por casi todos.

La Ley de Procesos Electorales de Venezuela prevé sanciones y exigencias de reinscripción sólo en caso de que algún partido decida no asistir a dos procesos electorales continuos del mismo signo. A estas dificultades habría que incluir otra adicional: la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, plataforma unitaria de los partidos de oposición, también tiene un veto oficial, luego de que el dirigente chavista Jorge Rodríguez les acusara de forjar los recaudos para solicitar el referéndum revocatorio de 2016, figura constitucional que el Consejo Nacional Electoral terminó vetando el año pasado.

Con el proceder del Gobierno de Maduro en estas semanas cobra cuerpo la hipótesis de que el chavismo mueve sus tenazas institucionales para escoger un rival accesible para las venideras elecciones presidenciales de 2018. Los tres partidos que podrían ser sancionados forman parte del denominado G-4, instancia directiva de la MUD que integran sus partidos más grandes. De ellos, sólo los socialdemócratas de Un Nuevo Tiempo, de postura moderada, que decidieron asistir a los comicios de alcaldes, quedarían exentos del trámite.