El año rojo

174.000 homicidios dolosos y contando. Es el saldo de 11 años desde que el gobierno mexicano decidió lanzar su guerra contra el narcotráfico. Una cifra que supera las 140.000 víctimas que dejaron los conflictos bélicos en la antigua Yugoslavia, las represiones de los gobiernos militares en América del Sur o los 58.000 estadounidenses que fallecieron en Vietnam. Asustan las cifras y asusta la progresión. El mes pasado, octubre, fue el más cruento de la última década y 2017 superará con casi 25.000 muertos a los 22.855 homicidios dolosos que sufrimos en 2011. En promedio 76 personas al día son asesinadas cada día, a razón de una cada 19 minutos.

“Estamos alcanzando dimensiones históricas y preocupantes”, sostiene Gabriela Capó del Instituto para la Seguridad y la Democracia. “La autoridad no tiene idea de cómo resolver el problema o bien no tiene interés en hacerlo… No hay nadie que rinda cuentas y ninguna renuncia sobre la mesa cuando no hay resultados”, sostiene Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

El hecho es que la inseguridad pública es el gran fracaso de la Administración de Enrique Peña Nieto. Un fracaso absoluto del que nadie desea hablar. El presidente se queja de que la opinión pública no habla de las cosas buenas de su administración, mientras él prefiere ignorar el elefante rosa en medio de la habitación. Un elefante que ha terminado por desangrar a la sociedad mexicana.

El problema no son exclusivamente los más de 170.000 muertos y las familias destrozadas que ello supone, sino el daño profundo y estructural que estas cifras esconden. La inseguridad no solo se ha cobrado estas vidas; de paso ha afectado el tejido diario en el que transcurre la vida de la sociedad en su conjunto. El robo a mano armada, los secuestros, las extorsiones a los negocios, el control de la piratería y otras actividades ilegales se han extendido a lo largo del territorio y han tomado arraigo en la cotidianidad hasta modificar los usos y costumbres de los que habitamos estas tierras.

Hace tiempo que quedó atrás la vieja tesis de que las muertes que dejaba la guerra contra el narco constituían un fenómeno lateral y al margen de la vida diaria de las personas “comunes y corrientes”. En la medida en que el crimen organizado tomó el control de las ciudades para la distribución de droga al menudeo, nada impidió que migrara a otras actividades ilegales igualmente rentables. La misma estructura que había montado para corromper al policía de barrio y a la autoridad local o someter al dueño de un antro o una discoteca, permitió a los cárteles y sus infinitas fracciones ejercer con plena impunidad la ordeña de los ciudadanos en todas las modalidades posibles.

El resultado es un sistema judicial quebrado, una policía infiltrada y corrupta, una clase política desbordada que hace tiempo decidió ignorar el problema. Funcionarios y legisladores viven rodeados de guardaespaldas, ocupados como están en la lucha diaria por la defensa de sus prebendas y el cuidado de sus carreras profesionales. El Índice de Paz México 2017 sostiene que el costo de la violencia equivale a una cifra total anual de 17,6% del PIB. Incluye los costos directos e indirectos resultados de la violencia, el gasto dedicado a combatirla (improductivamente) y los efectos multiplicadores de las decisiones económicas tomadas a raíz de ella (por ejemplo, la salida de capitales o el cierre de negocios en una región). Para no ir más lejos, la debacle de Acapulco como destino turístico internacional tras convertirse en campo de batalla de cárteles criminales rivales.

El hecho es que la inseguridad pública es el gran fracaso de la Administración de Enrique Peña Nieto. Un fracaso absoluto del que nadie desea hablar.

En 2006, el Gobierno mexicano cedió a la presión norteamericana, que prefería llevar la batalla al sur de su frontera, y decidió sacar el Ejército a las calles para combatir al crimen organizado. 11 años después resulta evidente que México perdió esa guerra. Ahora no basta solo con resolver el tema de las drogas, que debió haber sido encarado como un fenómeno global. La caja de Pandora que abrimos hace una década ha puesto de rodillas al Gobierno mexicano, ha arrebatado regiones al control del Estado, quebrado al sistema judicial, sometido a policías y soldados y convertido en metástasis el viejo problema de la corrupción. A un año de entregar el poder está claro que Peña Nieto no hará nada más al respecto y tengo dudas de que alguna vez haya intentado hacerlo.

La inminente contienda electoral por la presidencia tendría que dirimirse, entre otras razones, por las propuestas que los aspirantes ofrezcan para salir de esta guerra absurda y recuperar el control de nuestras vidas.