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Una grúa levanta la base de un nuevo puente; el asfalto humante cubre lo que antes era un camino de tierra; obreros de cascos amarillos perforan una nueva cloaca. Al final, un sobreimpreso dice “Haciendo lo que hay que hacer”. Es el único texto de los spots de campaña que el gobierno de Mauricio Macri difunde en la televisión para atraer votos en las elecciones de medio término del 22 de octubre. La obra pública es la gran apuesta del macrismo para reactivar la economía y el empleo. El presupuesto de este año destinó a infraestructura 10.900 millones de dólares, una cifra que equivale al 2,21% del PIB y supera en 32,1% a la de 2016. La mayor parte del dinero fue a parar a obras viales, tanto que el consumo de asfalto ha sido récord: durante los primeros cinco meses del año, el Estado compró 224.000 toneladas y mayo fue el de mayor consumo de la historia, con 49.000 toneladas.

No es la primera vez que un Gobierno apuesta a la obra pública para impulsar la economía. El kirchnerismo hizo de sus inversiones una bandera y en 2003 creó un ministerio de Infraestructura. Los Kirchner pusieron al frente a Julio De Vido, y lo dejaron allí durante 12 años en los que fue intocable. Esta semana, un juez pidió al Congreso que le retire los fueros que tiene como diputado porque quiere que declare como imputado en una causa por malversación. La foto de su segundo en el ministerio, José López, arrojando bolsos llenos de dólares hacia un convento es hoy la foto de la corrupción kirchnerista. Y buena parte de las causas que enfrenta Cristina Kirchner están relacionadas a los presuntos favores que recibieron de empresarios que se beneficiaron con contratos millonarios del Estado.

La desconfianza macrista a todo lo heredado del kirchnerismo pasó factura durante el primer semestre de 2016, cuando la obra pública casi se paralizó. “Se cortaron muchas cosas y por eso la ejecución fue muy baja”, dice el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). “Pero a mediados del año pasado, el Gobierno se dio cuenta de que necesitaba ponerle un poco de gas a la economía. Cambió el esquema inicial y hoy tenés una ejecución muy fuerte”, explica. 2017 es año electoral, y los buenos datos de la economía son tan importantes como una buena campaña. El grueso de las inversiones fue a parar a infraestructura vial, donde el Gobierno ve un déficit que, según su lectura, lastra la movilidad de los productos de exportación. En 2018, el 60% de los proyectos dependerán del ministerio de Transporte.

El motor de la obra pública tiene un efecto multiplicador del que nadie duda. Crea empleo, moviliza materia prima y hasta el 40% de la inversión vuelve al Estado a través de impuestos. Mientras tanto exhibe un Estado en movimiento, y todo ello se traduce en votos. El Gobierno, sin embargo, está en guerra contra el déficit fiscal y ya anticipó que el año que viene, sin desafíos electorales en el corto plazo, el dinero que aportará a infraestructura será el mismo que en 2017, pese a que la inflación anual rondará el 22%. Para compensar la caída apelará al dinero de los privados. La idea es llevar a la inversión al 3,5% del PIB gracias a la promoción de los llamados Participación Público Privada (PPP).

Los PPP son las estrellas de las obras públicas. “El privado hace la inversión y el Estado le reconoce un derecho a futuro”, dice Flores. El presupuesto de 2018 destina a obras unos 12.000 millones de dólares de las arcas públicas, pero el Gobierno espera sumar otros 14.000 millones de dólares aportados por los privados. “La apuesta es que la inversión no la haga tanto el Estado, para que no haya déficit”, dice Flores. En los planes oficiales está la construcción de una nueva central nuclear, tres autopistas y proyectos en energías renovables. La inversión de 2018 podrá duplicar a la de 2017, pero el éxito de la estrategia dependerá de la confianza de los inversores.