Ajedrez catalán

Felipe VI, jefe del Estado español, ha dado un afortunado paso al frente con relación al referéndum ilegal convocado en Cataluña para escindirse de España: “La Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia… Las leyes deben ser atendidas y cumplidas por los ciudadanos y las instituciones”.

¡Claro que resultaba imprescindible una declaración de dicha naturaleza ante la gravedad de la crisis política y territorial que enfrentan los españoles! ¿Qué procede a continuación cuando se ignora la legalidad constitucional y estatutaria sin perder de vista que Felipe VI es el garante de la unidad del Estado? ¿Acaso la Generalitat va a desconocer ahora, a modo de respuesta en un movimiento de ajedrez suicida, que no acata la resolución del Tribunal Supremo, que rechaza abiertamente lo dispuesto por la Constitución, que desdeña lo establecido en sus propios estatutos y que desoye los argumentos del Rey y de Rajoy, el sexto presidente de la exitosa democracia hispana? ¿Sí?

¿A dónde va ahora el Partido Nacionalista Vasco, en esta temeraria encrucijada política, al anunciar que varios de sus presidentes territoriales se suman a la celebración del referéndum en Barcelona? ¿Se trata entonces de desintegrar España? Como bien lo ha establecido el Tribunal Constitucional, los preceptos constitucionales pueden ser objeto de revisión, no hay nada que no pueda ser discutido y objeto de acción política, pero no es posible recurrir a la vía de los hechos y burlar los procedimientos legales para lograr la desconexión del Estado español.

¿Qué torre, caballo o alfil le corresponde mover ahora a Puigdemont? Es su turno. ¿Ignorará a todo y a todos y se lanzará a la ilegalidad al costo que sea?

¡Claro que los jueces deben cerrar la web de la Generalitat y dejarla inactiva a petición de la Guardia Civil! ¡Claro que la Fiscalía Superior de Cataluña estaba obligada a hacer lo propio para ajustarse a la querella interpuesta en contra de Puigdemont y del Gobierno en pleno y citar a los alcaldes que apoyen el referéndum advertidos de una posible detención por desacato a los ordenamientos legales! ¡Claro que debe prevalecer, a como dé lugar, el Estado de derecho, el fundamento de la convivencia civilizada, pero no sobre la base de un referéndum ilegal sin urnas transparentes y de eliminar las garantías obligatorias para evitar fraudes como en otros procesos electorales! ¿Insisten en violar la ley porque saben que no les asiste la razón?

Si Puigdemont y su Gobierno deciden desconocer las resoluciones del Tribunal Supremo, rechazan la validez y eficacia de la Constitución, desdeñan sus estatutos y desoyen tanto al Rey como a Rajoy, ¿corresponde entonces el inicio de un juicio de destitución y hasta la privación de la libertad a las máximas autoridades ejecutivas catalanas por desacato a los mandamientos legales? ¿Estamos entonces frente a una novela política de horror o ante una pesadilla territorial que tiene atenta a Europa, sobre todo a Inglaterra, ante un fenómeno de indeseable contagio por el caso escocés? Ante la resistencia de los responsables de un referéndum a todas luces ilegal, se impone la opción de una imposición coactiva de la ley, lo cual puede llegar a suponer el estallido de la violencia ante la necedad inaceptable de los independentistas. ¿La violencia para aplicar la ley? ¿Lo he dicho y entendido bien? ¡Ese maldito vocablo “violencia” debería ser desterrado para siempre del idioma español!

Es la hora de la negociación inteligente y sensata en esa gran nación europea: el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, los presidentes de las autonomías, alcaldes, representantes populares de las Cortes, jueces de todos los niveles, periodistas, empresarios, catedráticos, la sociedad en general debe opinar antes de que este problema crucial se desborde.

Dentro del ajedrez catalán, ¿qué torre, caballo o alfil le corresponde mover ahora a Puigdemont? Es su turno. ¿Ignorará a todo y a todos y se lanzará a la ilegalidad al costo que sea? ¿Va a dar un salto en el vacío? ¿Será capaz de incitar a la violencia propia de la imposición coactiva de la ley con tal de llevar a cabo un acto ilegal ya sancionado como tal por la máxima autoridad judicial española? ¡Perderéis y jamás convenceréis!