La policía brasileña investiga los movimientos de Ignacio González

La fiscalía brasileña han lanzado este martes la operación Ignatius, que investiga los negocios del expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, en Brasil. En particular, se investiga la compra que hizo en 2013 el Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao, especializada en saneamiento básico y construcción civil, con sede en Río de Janeiro. Se supo poco después que el importe que habían pagado cuatriplicaba el valor real de la empresa.

Los 40 agentes de la policía que se encargan de la operación trabajan en cooperación con las autoridades españolas. Tienen nueve órdenes de busca y captura en Río y en un bufete de abogados en Minas Gerais, un Estado vecino. También ha llevado a declarar a dos controladores de Emissao que prestarán declaración ante un juez.

La compra de Emissao es uno de los frentes abiertos entre la Justicia y González, en prisión desde el 19 de abril, acusado de liderar una trama que desviaba millones en contratos públicos. Realizada a través de una sociedad uruguaya, Soluciones Andinas de Agua, que carece de actividad, la adquisición le costó 21,4 millones de euros al Canal de Isabel II. Un perito calculó que Emissao no valía más de cinco millones. La empresa, cuya oficina está en Río y aparenta actividad, está en números rojos.

En una de las grabaciones interceptadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, González se refiere a la actual presidenta de Madrid, su sucesora Cristina Cifuentes: "La gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001". González hacía referencia a que Cifuentes entregó el pasado verano un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el se detalla que la compra de Emissao estuvo plagada de irregularidades y se ignoraron el “57% de los controles” normativos. Según ese informe, una auditoría hecha por KPMG puso grandes reparos a la compra y al valor real de la firma.

Para cerrar el negocio en Brasil, González contó con la colaboración de su testaferro Edmundo Rodríguez, "planificador y ejecutor" de la operación como jefe del Canal en toda América durante una década, y la cooperación de la entonces, responsable de las finanzas del Canal, María Fernanda Richmond, ambos presos en el marco de la Operación Lezo.

Además de las irregularidades en la adquisición de la compañía brasileña, el juez Velasco acusa a González de haber desviado al PP regional un millón de euros de la empresa pública de informática de la Comunidad y el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros de la constructora OHL por la adjudicación supuestamente irregular del tren de Navalcarnero. González responde por los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.