La fiscal general de Venezuela discrepa con el Gobierno sobre las muertes en las protestas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció este miércoles múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado durante el control de las protestas que desde el 1 de abril han tomado las calles de diversas ciudades y refutó las versiones del Gobierno sobre las muertes ocurridas en los enfrentamientos.

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La titular del Ministerio Público aseguró que más de la mitad de los lesionados durante los disturbios —unos 1.000, según sus registros— fueron provocados por los organismos de seguridad. La fiscal certificó que en los desórdenes han muerto 55 personas, siete de ellas el lunes, solo en el Estado de Barinas (provincia natal de Hugo Chávez). Tres de los fallecidos eran funcionarios del orden público y el resto, civiles.

Ortega Díaz dijo que 19 agentes han sido imputados por su presunta vinculación con violaciones graves a los derechos humanos. Se detuvo en el relato de la investigación sobre la muerte de Juan Pernalete, el 28 de abril en una manifestación en la plaza Altamira, en el este de Caracas, que el Gobierno ha insistido en que se produjo por el disparo de un arma artesanal detonada por otro manifestante. La fiscal reveló que las investigaciones han determinado que Pernalete murió por el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena lanzada por un oficial de la Guardia Nacional.

"La normativa nacional e internacional prohíbe que las bombas lacrimógenas sean arrojadas directamente a las personas", enfatizó la fiscal, que pidió a los agentes que "actúen acorde con la normativa". Mencionó múltiples denuncias que su oficina ha recibido contra efectivos militares que participaron en saqueos.

La jefa del Ministerio Público exhortó a los actores políticos a "evitar especulaciones sobre los móviles de las muertes ocurridas por hechos de violencia", en alusión a las repetidas transmisiones a través de los medios oficiales de vídeos y supuestas pruebas periciales que de manera regular achacan las muertes de manifestantes a sus propios copartidarios. Ortega Díaz reiteró que la Fiscalía es el único ente encargado de establecer las responsabilidades en los hechos.

También hizo referencia a los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos. El Ministerio Público ha abierto 16 investigaciones sobre casos donde grupos civiles armados instigaron a la violencia. Por último, Ortega Díaz repudió la práctica ya institucionalizada por el Gobierno de llevar a detenidos en las protestas ante autoridades de la justicia militar. "Las personas tienen derecho a ser juzgadas por sus jueces naturales", insistió, y dijo que de siete investigaciones iniciadas por sometimiento a la justicia militar, ya se ha pedido la declinatoria de competencia en dos de ellas.

La fiscal condenó la violencia "venga de donde venga" y recordó que las manifestaciones pacíficas son un derecho "y el Estado debe garantizarlo". El Ministerio Público adelanta 1.479 investigaciones por los hechos de violencia desde el 1 de abril, 1.329 por delitos contra las personas y 150 por delitos contra la propiedad.

En un contexto de erosión del oficialismo, las declaraciones de Ortega Díaz —en el cargo desde 2007— adquieren especial relevancia. La fiscal lució por mucho tiempo como una simple ejecutora de las operaciones de retaliación política ordenadas por el Ejecutivo.