Un vídeo de una ejecución golpea de nuevo al Ejército mexicano

En el suelo hay un hombre boca abajo, con los brazos echados hacia delante. Un convoy de militares vigila las calles. Son las 8.44 de la tarde. De repente, uno de ellos se acerca al hombre y le dispara a bocajarro. Es un disparo rápido, casi inapreciable. Hace falta ver las imágenes varias veces para darse cuenta de lo que acaba de ocurrir. Un militar ha asesinado a una persona indefensa.

Es el último escándalo en México, país acostumbrado a la infamia. Es difícil hacer un recuento de las vilezas que han sufrido sus habitantes en la primera década de la guerra contra el narco. Sin duda una de las peores es la sensación de que nadie puede confiar en nadie. Lo dicen las cifras. La ciudadanía pierde la fe en las instituciones y el Ejército, que siempre había sido una de las mejor valoradas, cae a su mínimo histórico.

El vídeo de los sucesos de Palmarito muestra una realidad distinta a la divulgada por la Secretaría de la Defensa, Sedena. En realidad, son dos los vídeos, imágenes de un mismo sistema de cámaras, que muestran dos partes de una misma calle. La semana pasada, el Ejército informaba de la muerte de cuatro militares y seis civiles en dos enfrentamientos. Ambos, dijo la secretaría en dos comunicados, ocurrieron en Palmarito, una comunidad del municipio de Quecholac, en el centro del país. Quecholac y otros seis municipios aledaños forman el llamado triángulo rojo. Por el subsuelo pasan tuberías llenas de combustible que van de la costa a la capital. Las mafias han convertido esta zona en su feudo. Agujerean los ductos y roban el combustible.

En su primer comunicado, la Sedena informó precisamente de que aquel día, miércoles 3 de mayo, un convoy acudió a Palmarito después de recibir una denuncia anónima. El texto indica que la llamada se produjo a las 20.15, una toma clandestina. Los militares llegaron y se encontraron con un grupo de ladrones de combustible. Al verlos, los ladrones les dispararon. Para evitar la represalia, se escudaron en un grupo de mujeres y niños. Dos elementos de la Sedena murieron.

En el segundo comunicado, la Secretaría explicaba que los militares se quedaron para hacer “reconocimientos terrestres”. A las 22.00, los chupaductos volvieron a atacarles. Esta vez iban en cinco camionetas, pero sin mujeres ni niños. Los militares contestaron. Tres civiles murieron en un primer momento, igual que dos integrantes del Ejército.

En los vídeos, obtenidos presuntamente de las cámaras de seguridad de una vivienda particular, se observa que los militares ya estaban en el pueblo a las 20.24. Es decir, que tardaron nueve minutas en movilizarse, salir de donde estuvieran y llegar a Palmarito.

De los testimonios de los vecinos que EL PAÍS recogió allí la semana pasada, se infiere que el primer enfrentamiento fue a las afueras del pueblo. Los vídeos y los testimonios de los vecinos chocan frontalmente con el primer comunicado de la Sedena. Si recibieron la primera llamada a las 20.15, no pudieron llegar al centro de Palmarito a las 20.24, después de tener un primer enfrentamiento a las afueras de la comunidad. No daba tiempo.

En los vídeos se aprecia que entre las 20.24 del 3 de mayo y las 20.25, militares y chupaductos se vuelven a enfrentar. Un militar muere. Un minuto y medio más tarde llega un carro y los militares responden con todo. Diez minutos después, nadie se mueve dentro del vehículo. Los militares se acercan, sacan a tres hombres y los someten. A dos se los llevan, a un tercero, herido, lo arrastran. Lo dejan tirado cerca de una de las dos cámaras. A las 20. 44, un militar se acerca y lo remata.

La Sedena no dijo que nada de esto ocurriera

La propia secretaría ha informado esta tarde de que el “Ministerio Público de la federación” deberá “determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico y editado, y en su caso, deslindar responsabilidades de lo ocurrido”. La Procuraduría General de la República, PGR, ha divulgado un comunicado en que explica que ya investiga el asunto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ha informado igualmente de que “ha recibido escritos de queja relacionados con los hechos, así como diversas videograbaciones que se han incorporado al expediente de queja y ha procedido a su análisis por especialistas de esta Institución”.

Los vídeos resultan novedosos también, al menos las imágenes de la ejecución. El año pasado, un soldado y un policía federal aparecieron en otro vídeo, torturando a una joven en el Estado de Guerrero. Fue un escándalo igualmente y hasta el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo que no toleraría que algo así ocurriera de nuevo.

El caso Palmarito se suma a la larga lista de ejecuciones, desapariciones forzadas y actos de tortura cometidas presuntamente por militares en México. Muchos medios se han acordado hoy del caso Tlatlaya. En junio de 2014, un convoy militar asesinó presuntamente a entre ocho y 15 civiles rendidos, integrantes de una célula delictiva. El caso está en el limbo después de que un juez ordenara la libertad de los presuntos autores el año pasado por falta de pruebas. La PGR indicó que aportaría más, pero de momento no hay novedad.

En los últimos diez años, al menos 387 integrantes de la institución han sido investigados por situaciones parecidas. De 2007 a la actualidad, la CNDH ha documentado 109 casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares, con 454 víctimas.