Transformar el dolor en acción

Marzo es para mí tiempo de reflexión: este mes se cumple el primer año del brutal asesinato de mi madre, Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, activista ambiental hondureña por los derechos indígenas, a manos de personas inescrupulosas vinculadas a grandes poderes políticos y económicos que pretenden hacer negocios redondos con nuestros recursos naturales.

Pero más allá del dolor, el asesinato de mi madre me ha dado una nueva misión: llevar su mensaje de justicia a aquellos que se enfrentan a las mismos atropellos que nosotros.

Los pueblos originarios viven tiempos difíciles. Tristemente, las comunidades indígenas hondureñas no son las únicas que sufren hoy los abusos de sus derechos más básicos. Standing Rock se ha convertido en un emblema mundial, pero no es el único caso en nuestra América. La falta de consulta previa en proyectos de desarrollo en Guatemala, así como el centenario conflicto Mapuche en Chile son tan solo dos de los muchos ejemplos de nuestra región.

A doce meses del homicidio de mi madre, han disminuido los trabajos de construcción de la represa Agua Zarca, el proyecto al que mi madre se opuso con pasión y que le costó la vida.

Pero en la práctica nada ha cambiado: el gobierno de Honduras sigue sin revocar la concesión al proyecto, y pensamos que es cuestión de tiempo para que la construcción siga su curso.

Mientras esto ocurre, las autoridades continúan desconociendo nuestros derechos. Recientemente, Honduras modificó el código penal con la mal llamada “ley antiterrorista” para hacer más fácil la criminalización de personas que protesten contra sus abusos, entre los que hay amedrentamiento y compra de conciencias.

Estas sanciones son una preocupación más en un país en el que ya es sumamente riesgoso creer en alguna causa social. Según un reporte reciente de Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales.

Para muestra un botón: desde 2010, más de 120 personas han sido asesinadas por oponerse a la explotación de sus tierras ancestrales. Entre esos muertos está el compañero Tomás García, un líder lenca del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ultimado a sangre fría en julio de 2013 por un militar uniformado. Su delito: protestar a las puertas del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Después de un duro proceso judicial, el asesino de Tomás fue condenado por el delito de homicidio en diciembre de 2015. ¿Tendrá el caso de mi madre la misma suerte?

Es cierto que hasta el momento han detenido a varias personas presuntamente vinculadas al asesinato de mi mami, pero aún estamos muy lejos de hacer justicia. Su caso está plagado de serias irregularidades. Entre las más dolorosas su familia, está la obstrucción ilegal de acceso a su expediente. Mi gran temor es que su caso esté siendo contaminado, y que no podamos alcanzar la justicia que tanto deseamos.

En nuestra ardua búsqueda por la verdad, algunas cosas se han logrado. Ante las contundentes manifestaciones de rechazo al asesinato de mi madre, instituciones como el Banco de Desarrollo Holandés y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial suspendieron temporalmente su apoyo financiero al Proyecto de Agua Zarca.

Pero esto no es suficiente. El gobierno de Honduras debe revocar la concesión a DESA y abandonar por completo el proyecto de Agua Zarca. Por otra parte, Estados Unidos tiene el deber moral de continuar la discusión en el congreso de la ley Berta Cáceres, que propone un bloqueo a la ayuda financiera que ese país otorga a la milicia hondureña, hasta tanto no sean enjuiciadas las personas que ordenaron el asesinato de mi madre. Y también necesitamos de los empresarios quienes, a nivel global deben exigir la obtención del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales antes de financiar cualquier proyecto de desarrollo, tanto en Honduras como en toda América Latina.

Con la muerte de mi madre, el mundo perdió a una estratega integral que lograba articular las luchas, no solo de las comunidades indígenas, sino de las mujeres y de los sectores más desfavorecidos. La solidaridad que recibimos luego de su asesinato es un reflejo de su gran labor internacionalista. En sus viajes conoció las batallas de muchas otras comunidades, y siempre las tuvo presentes en su discurso y accionar. Eso me queda de ella.

A pesar de todo, mi pueblo lenca continúa orgulloso preservando su cultura ancestral, manejando sus territorios, cultivando sus tierras, protegiendo sus bosques de pino que crecen, imponentes, en medio de las neblinas montañosas y, sobre todo, resistiendo con dignidad a los que buscan apropiarse de estos recursos.

Si hoy pudiera decirle algo a mi madre sería que no se preocupara, porque su lucha sigue viva en mí, en mis hermanos, en nuestra comunidad y, sobre todo en su organización, el COPIHN. Mi esperanza es que la gente joven alrededor del mundo se una a nosotros en la lucha de los pueblos indígenas para que se nos reconozcan los derechos que tenemos sobre nuestras tierras ancestrales. La ciencia demuestra que somos nosotros los mejores protectores de los recursos naturales, esos que representan el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos.

Berta Cáceres no debió morir para que su gente pudiera ser escuchada. Pero ahora que se ha ido, solo les pido que no nos dejen solos. No permitan que su muerte haya sido en vano.