El Gobierno de Panamá se resiste a conceder a Noriega el arresto domiciliario
Además de la autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno del país centroamericano ha solicitado el visto bueno de otro juez
El viaje del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega desde una cárcel en la que quedó preso en 2011 hacia su hogar en la capital de Panamá, con el fin de que se prepare para una cirugía cerebral por un tumor benigno, sufrió un inesperado retraso.
El Gobierno de Panamá se resistió este martes a ejecutar el beneficio penitenciario, otorgado la semana pasada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y argumentó que el arresto domiciliario también debe ser autorizado por otra instancia judicial.
En un comunicado que difundió este martes, el Ministerio de Gobierno y Justicia adujo que “para proceder con la medida de arresto domiciliario debe, además del fallo de la Sala Penal, recibir notificación sobre la decisión del juez de Cumplimiento”.
En diciembre de 2011, y en el desenlace de las negociaciones entre Estados Unidos, Francia y Panamá, Noriega fue repatriado desde una celda parisina para que cumpliera con la condena de 60 años de cárcel que su país le impuso, entre otros crímenes, por el asesinato en 1985 del médico opositor panameño Hugo Spadafora.
El beneficio fue concedido sobre la condena que cumple por la desaparición en 1970 del dirigente izquierdista panameño Heliodoro Portugal. La Sala determinó “expresamente” que el arresto domiciliario temporal a Noriega se debe dar tres semanas “antes de la intervención quirúrgica, con el fin de la adecuada limpieza pulmonar requerida para la intervención”. Además alertó que “si en el transcurso de dos meses de encontrarse” Noriega en arresto domiciliario “no se ha realizado la operación, la medida cesará y deberá regresar al recinto carcelario”.
El general, que cumplirá 83 años el 11 de febrero, ha estado en prisión desde que en enero de 1990 fuera detenido por las tropas de Estados Unidos que invadieron Panamá en diciembre de 1989 y derrocaron al régimen militar que gobernó el país a partir de octubre de 1968, al mando del general nacionalista Omar Torrijos.
