Perú cierra el proceso por abusos sexuales en un grupo católico

La fiscal provincial María del Pilar Peralta archivó las acusaciones contra varias figuras del Sodalicio de Vida Cristiana, una comunidad católica peruana que se encuentra en el ojo del huracán desde 2015. Entonces, una investigación del periodista Pedro Salinas, junto a Paola Ugaz, publicada en un libro reveló los abusos físicos y sexuales que sufrieron varios jóvenes que se integraron a ella desde 1971.

La investigación de Salinas motivó la apertura de un proceso judicial en cuyo centro estaba Luis Fernando Figari, polémico fundador de la comunidad, por delitos como la violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Las pesquisas se complicaron porque Figari vive en una de las zonas más exclusivas de Roma en una casa que pertenece a la comunidad, a pocos metros del Vaticano.

A pesar de ello, la contundencia de las pruebas llevó a la nueva cúpula del Sodalicio, encabezada por Alessandro Moroni, a aceptar los maltratos y ofrecer resarcimiento a las víctimas. Moroni declaró que, para él, Figari era culpable más allá de las decisiones del Vaticano y la justicia y lo declaró persona non grata para la institución. Posteriormente, dispuso la creación de una comisión propia que analizó las distintas acusaciones.

Contra lo que se temía, las conclusiones de esta comisión fueron terminantes. Admitió la veracidad de los testimonios presentados en el libro de Salinas, Mitad monjes mitad soldados, explicó que las denuncias habían sido encubiertas por la cúpula de la institución, resumió los graves daños sufridos por las víctimas y recomendó sanciones para Figari y los demás implicados.

Paralelamente corrió el trabajo de la Fiscalía, que esta semana concluyó no haber encontrado pruebas suficientes. José Ugaz, abogado de los denunciantes, acusó a la fiscal Peralta de ignorar los abundantes testimonios y evidencias y de desestimar la existencia de abusos con argumentos tan sorprendentes como que los denunciantes lograron “vidas exitosas”. “Quiero pensar que la fiscal actuó por sus propias convicciones religiosas”, concluyó Ugaz.