El papel de los militares en la guerra contra el narco divide al Congreso mexicano

Los soldados mexicanos representan las dos caras de una moneda. Son la única fuerza que ha podido imponerse a los cárteles del narcotráfico en muchas regiones del país. También son responsables de no pocos abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en la guerra contra la delincuencia organizada. A diez años de comenzada esta batalla, el Congreso mexicano ha iniciado esta semana la discusión que pretende acotar el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra los delincuentes.

Cuatro propuestas de diferentes partidos políticos están sobre la mesa para ser debatidas a lo largo de las próximas semanas. La discusión legislativa dará como resultado la Ley de Seguridad Interior, que podría ser votada para mediados de febrero. El texto de la izquierda, presentado por el senador Miguel Barbosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propone el regreso de militares y marinos a sus cuarteles, algo que ha sido solicitado por varias organizaciones civiles y defensores de derechos humanos. El legislador cree que el papel de los militares debe estar restringido a intervenir solo temporalmente en municipios o Estados donde la seguridad esté gravemente amenazada. Si la iniciativa de Barbosa fuese aprobada, los militares tendrían un semestre desde la promulgación de la ley para volver a sus bases.

El Partido Acción Nacional, el PAN, cree que el país no está preparado para que los soldados dejen las calles. El senador Roberto Gil Zuarth, un hombre cercano al expresidente Felipe Calderón, dijo que el Ejército no puede abandonar las tareas de seguridad pública que ha asumido en los últimos años. “No hay policías que puedan sustituir el despliegue que están realizado las fuerzas armadas”, dijo el panista, que también ha presentado una iniciativa.

Gil subrayó una realidad que no ha podido cambiarse en México en la última década. Los 32 Estados del país no han podido capacitar ni depurar las miles de corporaciones policiales a pesar de los esfuerzos iniciados en el sexenio anterior (2006-2012). “El 90% de las policías en este país gana menos de 9.000 pesos al mes (400 dólares)”, recordó Gil en la tribuna del Senado. “Con policías mal pagados no vamos a poder estabilizar al país en términos de violencia por la capacidad corruptora que tiene el crimen organizado”.

México cuenta hoy con 48.000 policías federales, un aumento considerable desde los 12.000 que tenía en 2006. Los legisladores, sin embargo, consideran que el país necesita 20.000 uniformados más para cubrir el actual despliegue militar.

En cuatro años de la Administración de Peña Nieto el despliegue de militares en bases mixtas de seguridad pública ha crecido de 1.680 soldados en 2012 a 3.386 en 2016. Los Gobiernos del PRI y el PAN han pagado el costo político de la militarización en la última década. Por esa razón las propuestas de ambos partidos tienen elementos en común. César Camacho, diputado del PRI, ha preferido que el papel de los militares “tenga cotos, límites y dé certeza jurídica a las personas”. Su propuesta pretende hacer específicos los límites geográficos y temporales de las intervenciones militares en los Estados y municipios que lo soliciten.

Los académicos afirman que ninguna de estas iniciativas está corrigiendo el fondo del problema, que es la normalización del despliegue militar en México. “Están regulando y dando un sustento legal a la militarización del país”, señala Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica. La académica afirma que los trabajos legislativos producirán un texto que será inconstitucional. El artículo 21 de la Constitución señala que las instituciones de seguridad pública deben ser civiles.

Pérez Correa advierte de que las iniciativas que se están discutiendo crearán normas que no contienen contrapesos ni controles para las fuerzas armadas. En su lugar, propone reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para hacer más eficientes las policías y proponer castigos a las autoridades civiles, gobernadores y alcaldes, que incumplen sus obligaciones de formar policías confiables y capaces.