Perú impulsa una legislación para reactivar la economía y luchar contra la inseguridad

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha presentado un paquete de 112 decretos legislativos, la mayoría dedicados a la reactivación económica (65) y la seguridad ciudadana (33), amparado en las facultades temporales que le dio el Congreso el año pasado para legislar. Las leyes, repartidas en cinco ejes, trazan las prioridades del Ejecutivo. El resto de la legislación presentada se centra en la lucha contra la corrupción, el aumento de la cobertura de agua y saneamiento, y la simplificación de los trámites administrativos.

Las nuevas leyes esperan revertir las recientes previsiones del Banco Mundial, que apuntan a una desaceleración del crecimiento del PIB, el cual pasaría del 4,2% proyectado para este año, a un 3,8% en 2018 y a un 3,6% en 2019. Según explicó el ministro de Economía, Alfredo Thorne, el Ejecutivo quiere darle un “nuevo comienzo” a su sector. Además de incentivar el paso de la economía informal a la formal, pretende propiciar las inversiones de los pequeños y medianos empresarios, rompiendo el monopolio de actividades como la minería.

Pero, según las encuestas, la principal preocupación de los peruanos no es tanto su bolsillo como la seguridad en las calles. El Gobierno ha hecho énfasis en la lucha contra el crimen organizado, para lo cual será sancionada con prisión efectiva la tenencia de armas ilegales, así como contra la corrupción policial. Ahora no solo irán a la cárcel los policías que reciban un soborno, sino también los ciudadanos que lo paguen.

La corrupción política es otro de los enemigos a batir. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó de que se han hecho más de 40 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado. El Ejecutivo busca atacar uno de los modos de operar de la constructora brasileña Odebrecht, en cuya delación a la justicia de Estados Unidos, reconoció el pago de sobornos a representantes y funcionarios de los tres gobiernos que precedieron al de Kuczynski. Odebrecht cambiaba de nombre o creaba nuevas empresas para evitar las sanciones por sus manejos turbios. A partir de ahora, las empresas que incurran en estas prácticas no volverán a contratar con el Estado, y tendrán responsabilidad penal. También se ha aprobado la muerte civil de los funcionarios corruptos, que no podrán volver a trabajar en el Estado.

Medidas sociales

Desde que asumió la presidencia, Kuczynski manifestó que una de sus principales aspiraciones era lograr que en 2021 todos los peruanos contaran con servicios de agua potable y alcantarillado. Para ello, la reforma legislativa intenta mejorar la gestión de las empresas que prestan estos servicios, con la fundación de 24 oficinas descentralizadas que brinden asesoría y apoyo técnico. Finalmente, se han reducido los trámites administrativos y reforzado a las instituciones encargadas de proteger a los consumidores, como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia. Así se espera revertir algunas situaciones dignas de un relato de Kafka, como los jubilados que debían certificar que estaban vivos para recibir sus pensiones.

Este paquete de medidas ya entró en vigencia, pero aún no ha recibido el visto bueno del Congreso, de mayoría opositora. Algunos integrantes de la Comisión de la Constitución se encuentran revisándolo. Aunque ha trascendido que podrían bajarle el dedo a algunos decretos en materia económica, tanto Kuczynski como Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, son optimistas. “No son normas controversiales”, respondió el martes el jefe de Estado sobre las posibles piedras en el camino en el Parlamento, que menos de un mes atrás censuró al popular y exitoso ministro de Educación, Jaime Saavedra. “Espero que no haya problemas”, agregó el mandatario.