Violencia: la segunda ola

El repunte de la violencia en México comienza a adquirir visos de constituir una segunda ola, igual de cruenta que la desatada en el sexenio anterior, pero con rasgos aún más dañinos. Septiembre de 2016 ha sido el mes más sangriento del sexenio de Enrique Peña Nieto; hasta octubre se habían registrado 17.063 homicidios, una cifra mayor a la suma de todo el año pasado. Habría que remontarse a los peores años del combate al narcotráfico, al final del sexenio de Calderón, para encontrar estadísticas similares.

La violencia salvaje se ha salido de los bolsones tradicionales de Ciudad Juárez

La segunda ola tiene rasgos aún más preocupantes que la primera. Por un lado la proliferación geográfica. La violencia salvaje se ha salido de los bolsones tradicionales de Ciudad Juárez, y regiones puntuales de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero, para extenderse a buena parte del territorio nacional. Colima, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Estado de México, entre otros. En los últimos dos años el crimen organizado ha abierto cabezas de playa en plazas nuevas como San Miguel Allende, Zamora o colonias como La Condesa, en la Ciudad de México, y al mismo tiempo ha adquirido una mayor virulencia en las zonas tradicionales.

El otro rasgo de esta segunda oleada es la proliferación de giros. No se trata solo del aumento de homicidios relacionados con el crimen organizado, sino de una batería de delitos en los que han incursionado gracias al control de las plazas y su impunidad ante la policía local. Las bandas se disputan ahora las extorsiones a comercios, bares y restaurantes, el control de la piratería en los tianguis, los secuestros en todas sus variantes, el robo de automóviles, el asalto a autobuses en carretera. En el caso de piratería o robo de autos, han desplazado o están en proceso de hacerlo a las bandas tradicionales especializadas en estos giros. Y en los municipios aislados, en el corazón de sus territorios, gestionan incluso la designación de presidencias municipales y la recaudación de impuestos.

Como los virus de nueva generación, esta segunda oleada parecería haber desarrollado inmunidad a los recursos empleados para combatirlos. Y este recurso no ha sido otro que el Ejército.

El General Cienfuegos, titular de la Sedena, afirmó la semana pasada que los militares no habían estudiado para perseguir a delincuentes ni podían hacer el trabajo que corresponde a las policías. Llevan 10 años haciéndolo y el fracaso está a la vista. Peor aún, el desgaste para las fuerzas armadas ha sido terrible: docenas de miembros del ejército enfrentan cargos por violación de derechos humanos. En suma, se sienten utilizados y sacrificados por los políticos y por su negligencia o incapacidad para refundar el sistema de justicia y la profesionalización de las policías.

Por su parte, el secretario de Marina matizó horas después el planteamiento de su colega y afirmó que los militares estarían dispuestos hacer la tarea en la medida en que las leyes amplíen sus atribuciones para combatir el crimen. Las organizaciones civiles a favor de los derechos humanos temen que esta sea la salida fácil para la clase política. Ampliar atribuciones de los militares sobre la población civil y ahorrarse la difícil tarea de refundar policías y mejorar el sistema de justicia. Después de todo, esto último exigiría combatir frontalmente la corrupción y la impunidad.

Cabría preguntarse si existe alguna razón para que la violencia aumente de manera tan visible en los dos últimos años de ambos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto. Quizá se trate simplemente de una coincidencia. O quizá obedezca a la fatiga y a la frustración o, algo peor, a los arreglos locales de cara a campañas y procesos electorales.

En cualquier caso, doblar la dosis del antibiótico que no está funcionando sólo puede provocar terribles daños colaterales y no parece ser la mejor opción para atacar un virus que ha generado inmunidad. Pues eso es justamente lo que se proponen los legisladores: ampliar atribuciones a los militares para no tener que llevarlos a tribunales por violación a los derechos humanos.

@jorgezepedap