¿Solución o parche a la crisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El pasado 23 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció una crisis económica extrema que le obligaba a despedir a un 40% del personal, además de a limitar algunas de las funciones básicas de su mandato, como la realización de visitas a países o la celebración de las audiencias que mantiene durante el año. Unas semanas antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) había apelado a los Gobiernos reunidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver su propia falta de fondos.

En los meses siguientes, la CIDH y la Corte se lanzaron a realizar una intensa campaña para solicitar ayuda financiera urgente de los Estados miembros de la OEA y otros donantes dentro y fuera del continente. Esto obtuvo el fruto esperado y cuatro meses después, la CIDH anunció la recuperación de su bache económico. No obstante, si bien con estos aportes la CIDH y la Corte consiguieron superar la crisis financiera más inmediata este año, la sostenibilidad de su presupuesto a mediano y largo plazo sigue en entredicho.

El pasado lunes 31 de octubre, la OEA celebró una Asamblea General Extraordinaria en Washington D.C. con el objeto de fijar el presupuesto de la organización para el año 2017. En la misma, los Estados debían avanzar en el compromiso asumido en la Asamblea General de junio pasado, de lograr el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) —la CIDH y la Corte—, a través del fondo regular de la organización. Los dos órganos del SIDH, ya habían entregado, el 4 de octubre, una propuesta conjunta a los Estados, solicitando que se duplicaran los fondos del presupuesto regular de la OEA destinados al SIDH.

De ese modo, pidieron que el presupuesto anual fuera de 18.204.450 dólares: 11.228.250 dólares para la CIDH y 6.976.200 para la Corte. Frente a esta propuesta, Argentina y México presentaron propuestas alternativas. Mientras México propuso que la OEA duplicara el monto de recursos destinados al SIDH en un plazo máximo de 2 años, Argentina pidió una reasignación de los fondos ya existentes en el presupuesto de la organización.

Ninguna de estas propuestas logró el apoyo suficiente. En consecuencia, en la Asamblea General Extraodinaria, los países de la región no lograron aprobar medida alguna que duplique o aumente significativamente los recursos del SIDH. La Resolución adoptada establece que para 2017 la OEA asignará 5.6 millones de dólares a la CIDH —de los 11,2 millones solicitados— y 2.7 millones de dólares a la Corte —de los 6.9 solicitados—. El resto de la discusión quedó postergada hasta la próxima Asamblea General que se celebrará en México en junio de 2017.

Aunque no se disminuyó el presupuesto del SIDH para 2017, respecto al año anterior, la CIDH y la Corte seguirán dependiendo un año más de los fondos extraordinarios de los Gobiernos a los que juzga y de los Estados de otros continentes, así como de fundaciones y otros donantes. Esto genera inestabilidad y limita la capacidad de los órganos del SIDH de cumplir a cabalidad sus respectivos mandatos.

Para revertir esta situación, los Estados deben considerar una serie de factores imprescindibles.

En primer lugar, el grueso del aumento de los recursos ha de provenir de todos los Estados miembro de la OEA y el presupuesto que se destine al SIDH debe cubrir específicamente las necesidades y mandatos de la CIDH y la Corte.

En segundo lugar, el sistema de financiamiento debe garantizar la independencia y autonomía de la CIDH y la Corte. Deben ser los órganos, y no los Estados, los que decidan y determinen sus propios planes de trabajo y actividades sobre la base de sus mandatos.

En tercer lugar, los Estados deben adoptar una solución que garantice un adecuado funcionamiento del SIDH de manera viable y sostenible. Esto debe hacerse sin limitar o eliminar las funciones que son parte del mandato de la CIDH y la Corte, ni recortar el acceso a recursos adicionales de donantes individuales, fundaciones y otros.

Por último, es esencial que las discusiones que se mantengan en los próximos meses sobre este tema se guíen por los principios de transparencia y publicidad, garantizándose que el debate sea abierto y participativo, y que las propuestas y soluciones alcanzadas sean públicas. Los usuarios, la ciudadanía, la academia, deben formar parte activa e informada del debate sobre el futuro de la protección internacional.

Los Estados tienen por delante ocho meses para aportar a una solución sostenible que garantice que el SIDH pueda funcionar con eficiencia y autonomía. Hay recursos suficientes en la región como para que sea factible conseguirlo. Sólo hace falta saber si existe la voluntad política para que los mecanismos de justicia regional cumplan su tarea de proteger derechos.