Bolivia admite que no hay solución a la falta de agua en La Paz

Casi un centenar de barrios de la capital boliviana, La Paz, en los que viven alrededor de 400.000 personas, no tienen acceso regular al agua potable desde hace casi una semana. Detrás de este problema está la fuerte sequía que azota al país andino y la falta de previsión de la empresa estatal encargada del suministro, EPSA. El presidente boliviano, Evo Morales, visiblemente preocupado por el malestar de la población, pidió disculpas por la negligencia de la compañía y despidió a su gerente y al responsable de supervisar la provisión de agua del país. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció que no hay una solución para el problema a corto plazo.

EPSA anunció hace una semana el racionamiento del agua por la bajada del nivel de agua acumulada en las represas que alimentan el sistema de provisión de la zona sur de La Paz, la más poblada y acomodada de la ciudad. Sin embargo, desde entonces el corte del suministro ha sido casi total, con breves interrupciones que no alcanzan para que las familias damnificadas puedan cubrir sus necesidades de aseo. Morales anunció que se ha comunicado el sistema con una represa que hasta ahora había servido a otros barrios y se ha iniciado la excavación de decenas de pozos. Estas medias, en cambio, solo son paliativas: mientras no llueva significativamente en la zona altiplánica de Bolivia, que este año sufre una sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño, el problema de fondo no desaparecerá. La zona meridional de La Paz depende de las precipitaciones, mientras que el norte y el centro de la ciudad reciben agua del deshielo de las montañas que rodean la ciudad, por lo que la situación en estas últimas es, por ahora, normal.

La firma estatal encargada del suministro subrayó que el racionamiento será breve, puesto que se avecina la estación de lluvias. Sin embargo, estas difícilmente serán suficientes como para llenar las represas —cuyo caudal es ahora de entre el 5% y el 20% del total—.

Crisis política

El agua potable de La Paz estuvo en manos de una filial de la multinacional francesa Suez Lyonnaise hasta 2007, año en el que fue estatizada por el Ejecutivo de Morales, que llegó al poder un año antes con la consigna de convertir el agua potable en “un derecho humano”, por lo que en ningún caso debía obedecer a una lógica lucrativa. Desde entonces los precios del agua se han mantenido bajos y subvencionados, pero la empresa sufrió varios conflictos administrativos y tuvo que ser intervenida.

 Ante las crecientes dificultades, los paceños hacen acopio de agua de todas las formas posibles. Esta tarea diaria se ha convertido en el asunto más importante para ellos y en un asunto preponderante en medios de comunicación y redes sociales. Los menos afectados son los ciudadanos con más recursos, que cuentan con tanques en sus casas.

El asunto adquirió visos de una crisis política, obligando al Gobierno central a intervenir directamente y sancionar a los responsables de la empresa, acusándolos de no haber previsto con la suficiente antelación lo que podía suceder.

Morales lamentó que la negligencia de algunos malos funcionarios “haga daño al proceso de cambio” que afirma liderar. La oposición critica las políticas estatistas de Morales y el hecho —aduce— de que EPSA haya sido gestionada con criterios políticos.