Daniel Ortega impone un gobierno familiar y un parlamento a su medida

Tras diez años forjando un gobierno autocrático en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega logró este martes consolidar un sistema en el que todo el poder está concentrado en sus manos. El presidente del Tribunal Electoral, Roberto Rivas, presentó en conferencia de prensa los resultados finales de las pasadas elecciones generales celebradas el 6 de noviembre, nombrando oficialmente a Ortega y su mujer, la poeta Rosario Murillo, como los triunfadores del proceso y adjudicando al partido del mandatario, el Frente Sandinista, 71 diputados en un parlamento de 92 legisladores. Los restantes 21 diputados fueron entregados a partidos colaboracionistas leales a Ortega, e incluyen a personajes de dudosas credenciales democráticas y acusados de corrupción. La oposición, excluida de las elecciones, no cuenta con representación parlamentaria.

De esta manera Daniel Ortega, el otrora guerrillero que levantaba admiración en la izquierda latinoamericana, impone en Nicaragua lo que el analista político Edmundo Jarquín ha llamado un régimen sultanístico. “Daniel Ortega ha consolidado un poder personal y familiar, como nadie antes en la historia moderna de Nicaragua, incluido los Somoza. Ha constituido un régimen sultanístico, en que la voluntad e intereses del sultán se confunden con los del Estado”, escribió Jarquín.

El próximo 9 de enero el nuevo Parlamento entrará en funcionamiento y al actual presidente de la cámara, el difunto René Núñez (mantenido en su cargo por órdenes de Ortega tras su fallecimiento) lo sustituirá —según fuentes del Frente Sandinista— un militar, el exjefe del Ejército, Omar Hallesleven, actual vicepresidente del país. Con esto, Ortega mantiene el guiño al Ejército, sus privilegios, pero también el control de los militares y de paso contiene la posibilidad de un golpe de Estado, uno de los trágicos finales de las autocracias a lo largo de la historia.

El nuevo Parlamento de Nicaragua dista lejos de ser un órgano reforzado por la legitimidad democrática. Los diputados fueron electos en unas elecciones en las que el Tribunal Electoral es controlado por el Frente Sandinista, en un proceso sin transparencia, ni observación electoral nacional ni extranjera, sin la participación de la oposición y cuyos resultados —según los propios datos del Tribunal— revelan una abstención de hasta el 50%, aunque el magistrado Rivas intenta maquillarla con cifras más edulcorantes. Las estadísticas oficiales revelan que de un universo de votantes registrados de 4, 990, 020 millones de electores, no acudieron a votar 2,488,199, es decir el 50.14% del llamado Padrón Electoral. La oposición —que ha registrado sus propias estadísticas— asegura que la abstención fue de un 70%.

Entre los nuevos legisladores de Nicaragua están María Fernanda Flores, esposa del controvertido expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), enjuiciado y encarcelado por corrupción y más tarde liberado gracias a una alianza amarrada con Ortega, en lo que en Nicaragua se conoce como “El Pacto”, un acuerdo político con el que ambos caudillos se repartían el poder. De Alemán se dice que llegó a amasar, siendo presidente, una fortuna de 25 millones de dólares, y Transparencia Internacional lo sumó en su tiempo a la tristemente célebre lista de los diez gobernantes más corruptos del mundo. Otro de los legisladores nombrados por el Tribunal Electoral es Byron Jerez, otrora recaudador de impuestos del gobierno de Alemán, y a quien se le acusó y juzgó por una orgía de corrupción cuya base fueron los fondos de ayuda que llegaron a Nicaragua para la reconstrucción tras el paso devastador del huracán Mitch, que en 1998 dejó más de tres mil muertos en el país.