Venezuela está contra reloj

Si el Vaticano se sienta a mediar entre el gobierno y la oposición en Venezuela, debería llegar a la mesa con un diagnóstico objetivo sobre la situación en el país, y reconocer como punto de partida la responsabilidad del gobierno en la creación y solución de la crisis. Más allá de la imperiosa necesidad de abordar seriamente la brutal vulneración de derechos civiles y políticos y el grave deterioro del Estado de derecho, cualquier diálogo genuino debe asegurar que el gobierno de Maduro reconozca que enfrenta una profunda crisis humanitaria y se comprometa a solucionarla.

Un nuevo informe de Human Rights Watch documentó que, en los últimos dos años, la escasez de medicamentos e insumos básicos ha pasado a ser casi absoluta. Los hospitales tienen grandes dificultades para proveerse, por ejemplo, de antibióticos, analgésicos, guantes descartables y gazas. Los médicos se ven obligados a pedir a los pacientes que los traigan ellos mismos, pero la mayoría de los medicamentos esenciales no están disponibles en farmacias.

Médicos y expertos en salud pública nos dijeron que la escasez ha contribuido a que la tasa de mortalidad materna de los primeros cinco meses de 2016 fuera un 79 por ciento mayor que la de 2009, último año del cual hay cifras oficiales disponibles. La mortalidad infantil en esos meses aumentó un 45 por ciento respecto de 2013.

Numerosos venezolanos, sobre todo aquellos de familias de ingresos bajos o medios que dependen de productos sujetos a controles de precios gubernamentales, viven una odisea diaria para poder comprar alimentos suficientes para dar de comer a sus familias. Cada vez que se ponen a la venta productos básicos regulados, como harina o aceite de cocina, se forman largas filas. Con frecuencia, las personas se van con las manos vacías porque los productos se agotan rápidamente. Médicos venezolanos nos han dicho que estaban comenzando a advertir síntomas de malnutrición en sus pacientes, sobre todo niños.

Según diversos analistas, las propias políticas económicas del Gobierno, sumadas al desplome del precio del petróleo, han contribuido directamente al surgimiento y la persistencia de la crisis.

Independientemente de cuáles son las causas, el gobierno venezolano está obligado, conforme al derecho internacional, a adoptar todas las medidas posibles para restablecer el acceso de los venezolanos a alimentos y servicios de salud adecuados. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no lo ha hecho e incluso niega que exista una crisis.

“No hay crisis humanitaria en Venezuela, no la hay”, sostuvo la canciller Delcy Rodríguez ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio.

En las pocas ocasiones en que el gobierno reconoce la escasez, el presidente Maduro la atribuye a una “guerra económica” librada por la oposición política, el sector privado y “poderes extranjeros”.

Este argumento le sirve al gobierno de excusa para perseguir y encarcelar a quienes protestan contra la escasez. Algunos médicos y enfermeras han sido advertidos por sus supervisores que podrían ser despedidos por hablar de la crisis. Varios venezolanos que detenidos durante manifestaciones organizadas o espontáneas por la escasez de alimentos nos dijeron que sufrieron maltratos durante su detención.

El presidente Maduro bloqueó una iniciativa de la Asamblea Nacional, donde actualmente la oposición tiene mayoría, para pedir ayuda internacional humanitaria. Diversas organizaciones no gubernamentales humanitarias nos dijeron que han enfrentado obstáculos cuando intentan inscribirse para desarrollar actividades legalmente en el país e importar productos.

En los últimos meses, algunos líderes latinoamericanos, incluido el presidente Mauricio Macri de Argentina, el canciller José Serra de Brasil y el presidente Pedro Pablo Kuczinski de Perú, se han pronunciado en términos enérgicos sobre los abusos del gobierno de Maduro.

En junio, la Organización de los Estados Americanos invocó la Carta Democrática Interamericana para que el gobierno venezolano rinda cuentas por sus actos. En agosto, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, describió la situación en Venezuela como una “crisis humanitaria”. En septiembre, los miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) le prohibieron a Venezuela asumir la presidencia del bloque y anunciaron que el gobierno venezolano tenía hasta el 1 de diciembre para cumplir sus obligaciones, incluso de derechos humanos, o sería excluido del bloque.

A pesar de la creciente atención internacional, se necesita aun más presión. En el marco de la OEA, y en cualquier iniciativa de diálogo de buena fe, debe exigírsele al gobierno de Maduro que muestre resultados concretos, incluyendo la búsqueda de asistencia internacional para paliar en el corto plazo la crisis humanitaria que siguen sufriendo los venezolanos. Para aquellas personas cuyas vidas corren riesgo a diario en Venezuela, no hay más tiempo que perder.

José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.