Asesinados otros dos líderes campesinos en Honduras

La violencia contra los defensores de los recursos naturales no da tregua en Honduras.

Dos activistas de Derechos Humanos y defensa del medioambiente fueron asesinados a tiro ayer martes en Honduras en el departamento de Colón. Según testigos consultados por EL PAÍS al menos cuatro sicarios estaban esperando a que los miembros del Movimiento Unificado Campesino (MUC) terminaran una reunión cuando abrieron fuego contra ellos.

José Ángel Flores, de 64 años, presidente del MUC, fue herido por impactos de bala y rematado en el suelo. Otro líder comunitario, Silmer Dionisio George, también quedó herido y murió horas más tarde en el hospital. En 2014, Flores fue sujeto de medidas preventivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedían al estado hondureño que le proporcionara protección.

Los asesinatos de José Ángel y Silmer ocurren en medio de una ola de ataques contra su comunidad y se unen a una larga lista de asesinatos de defensores de los derechos humanos que incluye a la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año.

Honduras se ha convertido en una ‘zona prohibida’ para cualquiera que se atreva a elevar su voz por la protección del ambiente”

“Honduras se ha convertido en una ‘zona prohibida’ para cualquier persona que se atreva a elevar su voz por la protección del ambiente” denunció Amnistía Internacional. ¿Cuántos activistas más tendrán que ser asesinados antes de que las autoridades tomen acciones efectivas para protegerles o al menos estar dispuestos a conversar sobre esta crisis?” indicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

Jhonny Rivas, portavoz del movimiento campesino acusó de las muertes a la empresa Dinant y denunció que en los últimos seis años “131 personas han sido asesinadas desde que comenzó nuestra disputa por la tierra” dijo a EL PAÍS.

La empresa Corporación Dinant, fundada por Miguel Facussé, está dedicada al cultivo de palma africana de forma masiva en la costa. Desde 2009 la empresa sostiene una disputa con los campesinos por la propiedad de la tierra en El Aguán. Por su parte los terratenientes sostienen que en los últimos años han matado a cerca de 20 personas, la mayoría guardias privados contratados para defender las propiedades de las tomas campesinas.

“Las autoridades hondureñas deben tomar acciones inmediatas para proteger efectivamente a quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos (...) cualquier otra cosa solo pondrá bajo peligro mortal a más personas que valientemente defienden los derechos humanos”, señaló la directora de AI.

La semana pasada, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández rechazó reunirse con el Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, para discutir la crisis de derechos humanos del país que incluye la ola creciente de ataques contra activistas.