Buenos Aires quita atribuciones a la policía para reducir la corrupción

Con la promesa de "tolerancia cero para casos de corrupción", el alcalde Horacio Rodríguez Larreta lanzó ayer una nueva Policía para la ciudad de Buenos Aires que tendrá mayor participación de civiles en el manejo del dinero y el control disciplinario de sus hombres. La estrategia oficial llega incluso al punto de romper con la tradición de que sea un policía de carrera quien esté al frente de la organización. "Es una transformación muy profunda, es histórica", dijo Rodríguez Larreta durante la presentación de los nuevos uniformes y móviles policiales que se verán en las calles de la capital argentina. La clave del cambio está en que las compras externas y las contrataciones ya no estarán en manos de policías, sino de funcionarios. Lo mismo pasará con la oficina de Asuntos Internos, que se transformará en un área independiente llamada Transparencia. La corrupción es un problema endémico que atraviesa tanto a la policía federal como a las provinciales. Sólo en la provincia de Buenos Aires, la nueva administración expulsó desde el 10 de diciembre pasado a 4.000 policías vinculados, sobre todo, a cobro de sobornos y negocios vinculados al juego clandestino y la prostitución.

"El gran cambio es que todo lo que sea responsabilidad de la policía pasa a manos de civiles. Las contrataciones y asuntos internos, por ejemplo", dice a El PAÍS el ministro de Seguridad de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo. La intención del gobierno es que separar a los policías del manejo del dinero permitirá un mayor control, sobre todo en la compraventa de insumos. El manejo civil de asuntos internos, la oficina encargada de juzgar a las faltas de los uniformados, completará el círculo virtuoso con el que sueña Rodríguez Larreta. "Buscamos incorporar valores que creemos fundamentales, como la transparencia (...) habrá tolerancia cero con casos de corrupción", dijo el alcalde. Los ejemplos de corrupción policial sobran. Días atrás, una jueza ordenó la detención de seis comisarios de la policía Bonaerense acusados de recaudar dinero ilegal para las comisarías en la ciudad de La Plata (60 kilómetros al sur de la capital). "Exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes, por ejemplo, a cambio de seguridad o funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes", escribió la magistrada en su fallo.

La nueva policía de la ciudad de Buenos Aires intentará neutralizar estas prácticas con la presencia de más civiles en la estructura interna. Tanto que incluso el jefe de la policía dependerá de una decisión política y podrá no ser miembro de la organización. "Ya no será un cargo dentro de la jerarquía policial, sino que será nombrado por el jefe del Gobierno", explica Ocampo. Rodríguez Larreta no descartó que el primer jefe sea un civil. Para que toda la estructura empiece a funcionar, el gobierno depende aún de la aprobación de una ley comunal que espera aprobar antes de fin de año. Los cambios, con todo, no serán tan apacibles como podría esperar el ayuntamiento. La nueva policía de la ciudad nació de la fusión de la Policía Metropolitana, creada por Mauricio Macri cuando era alcalde en 2008, y unos 19.500 policías federales que ahora perderán su estatus nacional para ser comunales. Un sector de la Federal se opuso a estos cambios y han amenazado incluso con judicializar el tema. El mismo día del lanzamiento de la nueva policía, grupos de familiares y amigos de los uniformados más disconformes marcharon hasta el Congreso para presentar un petitorio que titularon "No al Traspaso de la Federal".

El contexto de esta nueva policía urbana es también el de una creciente ola de inseguridad. El presidente Macri decidió el lunes enviar 6.200 policías federales, sobre todo gendarmes (preparados para la lucha contra el narcotráfico en la frontera) para apoyar el trabajo policial en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país. Se concentrarán sobre todo en el cordón industrial que rodea a la capital, donde viven 12 millones de personas y la inseguridad se ha salido de control. Otros 3.000 gendarmes ya operan en la provincia de Santa Fe, cuya ciudad más importante, Rosario, fue sede de masivas manifestaciones para exigir mayor seguridad urbana.