Guatemala detiene a 186 policías por delitos de secuestro y drogas

Aunque parezca un contrasentido, hay pocas cosas que inspiren tanta desconfianza en Guatemala como la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), un cuerpo surgido de los Acuerdos de Paz, que en diciembre de 1996 pusieron fin a casi cuatro décadas de guerra civil, pero que en pocos años fue cooptado por las mafias incrustadas en el aparato estatal.

Las estadísticas del Ministerio de Gobernación (Interior) sobre delitos cometidos por policías ayudan a comprender este fenómeno. Desde el 1 de enero y al 9 de septiembre de este año, 186 uniformados, desde agentes rasos hasta oficiales, han sido detenidos mientras cometían delitos, algunos tan graves como el secuestro de personas, la pertenencia a bandas de narcotraficantes o de robo de vehículos, o asaltos a mano armada. Los escándalos han obligado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, y ha empezado por una campaña de depuración. Las estadísticas oficiales muestran que en todo 2015 fueron 211 los policías separados de la PNC, mientras que en 2014 la cifra se elevó a 520.

La Policía carece de autoestima, tanto a nivel institucional como individual. Ello explica que muchos policías terminen en la cárcel, porque no tienen nada que perder Hellen Mack, la activista humanitaria

"La Policía carece de autoestima, tanto a nivel institucional como individual. Ello explica que muchos policías terminen en la cárcel, porque no tienen nada que perder, nada de qué enorgullecerse. A esto se suma que no hay ningún estímulo para ser un buen policía. No hay reconocimiento a su labor", dice a EL PAÍS Hellen Mack, la activista humanitaria que fuera la primera Comisionada Presidencial para la Reforma de la Policía entre 2010 y 2011. "Sus agentes viven en condiciones de hacinamiento, de miseria, lo que abre la puerta a negocios que favorecen a muchos militares jubilados pero que conservan una buena dosis de poder y utilizan al Ministerio de Gobernación, a la PNC y al Sistema Penitenciario en beneficio personal", asegura.

Mack recuerda que nada más crearse la PNC, el Estado español, por medio de la Guardia Civil, invirtió cantidades ingentes de recursos humanos y monetarios para depurar la antigua policía, pero los militares pusieron énfasis en reciclar a su gente y empezaron por boicotear la creación de una escuela de oficiales fiel a la filosofía de velar por que toda su actuación se ciña a la ley, dentro del respeto absoluto de los derechos ciudadanos. En otras palabras: su profesionalización.

"Lo que ocurre dentro de la PNC es el resultado del abandono en que la institución ha sido sumida por parte de los sucesivos Gobiernos y de la resistencia del Cuerpo a someterse a una depuración profunda", dice Edgar Celada, jefe del área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Las sanciones se reducen, mayoritariamente, a tomar medidas administrativas (separar a los infractores del Cuerpo), sin que sean sujetos a la persecución penal que correspondería. "Así las cosas, la policía es parte del problema de la inseguridad ciudadana, no de su solución", concluye.

Una prueba de que algo se mueve en el interior de la PNC es, según su portavoz, Jorge Aguilar Chinchilla, la captura continua de los agentes implicados en actos reñidos con la ley. Aguilar subraya que existe un consenso entre los agentes en demandar reformas legales que faciliten su trabajo. "Un policía que se enfrenta a pandilleros muchas veces armados con fusiles de asalto, no puede disparar al criminal si estos no aprietan el gatillo primero; lo que debilita y desmoraliza al agente encargado de hacer prevalecer la ley. Necesitamos esas reformas", afirma el portavoz de la PNC.