El Supremo de Venezuela invalida siete sesiones del Parlamento

El feroz pulso que mantienen el Gobierno y la oposición de Venezuela se evidenció el fin de semana en un nuevo combate. A instancias de la minoritaria bancada chavista, el Tribunal Supremo de Justicia ha aceptado una medida cautelar para suspender los efectos de las sesiones de la Asamblea Nacional celebradas entre el 26 de abril y el 17 de mayo.

La sentencia de la Sala Constitucional se vale de un viejo reclamo introducido por la oposición en enero de 2011, al comienzo de la anterior legislatura, en la que eran minoría, para oponerse a la modificación del Reglamento Interior y de Debates aprobado por el chavismo en diciembre de 2010. El 21 de abril el Supremo había respondido a esa petición suspendiendo hasta 10 artículos de la norma que rige a las sesiones y habían ordenado a la Asamblea Nacional acatar su decisión.

En aquella ocasión, la Mesa de la Unidad Democrática, que llegaba al Parlamento después de ausentarse durante un período tras renunciar a participar en las elecciones, pretendía que el máximo tribunal impidiera que el debate se limitara a dos horas de discurso; que se le negara la palabra a algún diputado; que se impidieran sus intervenciones por estar fuera del tema que se estaba discutiendo; que el Ejecutivo decidiera acerca de la viabilidad económica de una ley propuesta por el Poder Legislativo o que la plenaria se convocara con al menos 48 horas de antelación y con un temario definido.

Cuando en enero la oposición tomó el control del Parlamento decidió proseguir el debate de acuerdo con las reglas chavistas. Ahora que la bancada chavista se siente en desventaja el Supremo ha acudido en su ayuda para impedir que le apliquen la dosis que alguna vez le prescribieron a sus rivales.

Con esa medida la anterior legislatura liquidó la resistencia y las tácticas dilatorias que las bancadas minoritarias aplican cuando desean oponerse a la aprobación de leyes y acuerdos. Ahora el chavismo espera volver a retomar esas maniobras en un esfuerzo por presentarse ante la opinión pública como la avanzada que se opone al desmontaje del proyecto ideado por Hugo Chávez.

De momento han quedado sin efecto la comparecencia del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres y un eventual voto de censura en su contra, el informe de una subcomisión especial encargada de elaborar un programa económico para superar la crisis, la segunda discusión de un proyecto de ley para atender la crisis de la salud y las primeras discusiones de otras iniciativas.

La medida supone la agudización del conflicto de poderes que se escenifica desde enero, cuando la oposición tomó control del Legislativo tras 17 años de control chavista. El régimen ha utilizado al Supremo para desconocer los efectos de las leyes aprobadas por el Parlamento.

La oposición ha aprovechado su comparecencia semanal ante la prensa para rechazar la decisión del Supremo y preparar el terreno para lo que luce como el fin de la tregua de las vacaciones escolares. El gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles se preguntó en Twitter si con las sentencias del máximo tribunal se había revertido la crítica situación del desabastecimiento y escasez estructural de Venezuela. “Vergüenza de justicia”, escribió.

Ramos Allup también utilizó sus cuentas en las redes sociales para fustigar al Supremo y recordar que de los siete magistrados que componen la Sala Constitucional apenas uno tiene las credenciales para ocupar su cargo. Y reiteró que solo la presión de la oposición en la calle llevará al Consejo Nacional Electoral, que también controla el oficialismo, a dar la fecha definitiva para la celebración de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

El próximo 1 de septiembre han convocado a una gran manifestación bautizada como “la toma de Caracas”, en alusión a una movilización proveniente de todas las regiones del país. Se espera una concentración sin precedentes inmediatos en la capital venezolana.

El chavismo ha sugerido que el evento tiene tintes insurreccionales. El presidente Nicolás Maduro ha advertido que, de llegar a ocurrir un golpe de Estado, una fantasía que suele alimentar el régimen ante cada protesta organizada por sus rivales, la reacción del chavismo dejaría al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, “como un niño de pecho”. La referencia al frustrado golpe de Estado en Turquía y a sus consecuencias, evidenciadas en una cacería de brujas a toda escala, da a entender que el chavismo espera que la manifestación se salga de la horma.