Ortega confirma su giro autoritario al nombrar a su esposa candidata a vicepresidenta

Rosario Murillo, la primera dama de Nicaragua, se colocó el martes constitucionalmente en la línea de sucesión del poder en este país, al ser nombrada por su esposo, el presidente Daniel Ortega, como su compañera de fórmula en el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de cara a las elecciones generales de noviembre.

De esta manera Ortega despeja meses de incertidumbre e instaura un modelo de gobierno en el que todo el poder queda en manos de su familia y allana el camino para imponer una nueva dinastía. Según la Constitución, en caso de falta del presidente asumirá el Gobierno su vice, en este caso Rosario Murillo.

Ortega asistió la tarde del martes con Murillo a la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE) para inscribir la fórmula presidencial. El Frente Sandinista es el único partido importante que participará en lo que la oposición ya ha catalogado como una “farsa”. Ortega, que controla el Tribunal Electoral y la Corte Suprema, ha logrado sacar de la competencia a la oposición, al despojarla de una casilla electoral, la del Partido Liberal Independiente (PLI), cuya representación legal fue arrebata al opositor Eduardo Montealegre. En este caso fue clave el control sobre el Supremo y la lealtad de los magistrados de ese poder del Estado. En otro fallo, este emitido por los jueces electorales, Ortega se hizo con el control total del Parlamento, al despojar a la oposición de sus curules.

Por lo tanto, las elecciones de noviembre son un mero trámite con el que el presidente pretende legitimar la imposición de su modelo de gobierno de partido único y mando familiar. Hasta ahora Ortega gobernaba Nicaragua al lado de su esposa, una poderosísima primera dama cuyas funciones incluían la administración diaria de todas las instituciones del Estado, una súper ministra, que maneja con un control férreo todas las instancias del Ejecutivo. Nada se hace en la administración pública si no cuenta con el visto bueno de la llamada “compañera Rosario”.

Ese mando, sin embargo, carecía del legitimidad, al no haber recibido Murillo ni un solo voto y por haber sido impuesta a dedo por su esposo. En la lógica de la familia presidencial, el participar en las elecciones de noviembre y ser electa por voto popular garantiza la legitimidad que necesita la sucesión de la familia Ortega en el poder. No importa si esas elecciones carecen de los elementos básicos de una democracia: que sean libres, en las que participe un amplio abanico de partidos y candidatos o que los votos se cuenten correctamente.

Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007 un halo de oscuridad se ha ceñido sobre la legitimidad de su mandato. En aquella ocasión regresó al Gobierno tras pactar con el presidente corrupto Arnoldo Alemán una reforma constitucional que reducía la cantidad necesaria de votos para convertirse en presidente, al pasarla del 45% al 35%. Luego Ortega se garantizó el control total del Tribunal Electoral y las sucesivas elecciones han sido denunciadas como fraudulentas, incluidas las de 2011, donde repitió mandato. En esa ocasión la Misión de Observación de la Unión Europea calificó el proceso como “opaco” y con tantas trabas que era difícil confirmar el triunfo sandinista.

El primer paso que dio el presidente para lograr la sucesión familiar en Nicaragua fue que la Corte Suprema emitiera en 2011 un fallo en el que declaraba inaplicable para Ortega la prohibición constitucional que le prohibía repetir mandato. La Constitución establecía que no podía ser presidente de Nicaragua el mandatario en funciones y si ya había sido presidente en otra ocasión, ambas prohibiciones eran aplicables a Ortega. Más tarde, tras el triunfo electoral de 2011, Ortega usó su mayoría parlamentaria para reformar la Constitución y eliminar esa prohibiciones, con lo que se garantizaba ser el candidato perpetuo a la Presidencia.

Desde entonces el mandatario ha reformado profundamente el Estado, imponiendo un mando familiar basado en la sumisión de la Policía Nacional y la lealtad del Ejército, el control absoluto de los poderes judicial y electoral y todas las instituciones y la mayoría de municipios del país, que controla ya sea por supuestos fraudes electorales o por destituciones ilegales de alcaldes de la oposición. Era el parlamento -y la voz incómoda de los diputados opositores- la última pieza que quedaba suelta, pero Ortega la liquidó con el fallo del Tribunal Electoral y un poco de ayuda de políticos oportunistas salidos de la oscuridad para jugar el papel de comodines a cambio de prebendas: un escaño como diputado que garantiza un buen salario (en dólares) y beneficios de los que carecen la mayoría de los pobladores de este país sumido en la miseria.