Ley de la selva y trata de personas

No rige lo que comúnmente se llama “ley de la selva”. En la selva amazónica las especies coexisten en equilibrio; todas ellas —vegetales y animales— sobreviven al final de la historia. Pero en la región peruana de Madre de Dios —fronteriza con Bolivia y Brasil— no hay ley; de la selva ni de cualquier otro tipo.

Al calor de la fiebre del oro, que luego del Brexit supera los 1.300 dólares por onza, la única ley que rige en buena parte de Madre de Dios es la violencia, la ley del más fuerte, la del atropello incontrolado de los derechos de las personas. Con baja densidad poblacional (1,14 habitantes por kilómetro cuadrado) y su enormidad (85.000 km2), es más grande que Bélgica y Holanda juntas. Pero el Estado es casi inexistente.

Con la explotación ilegal del oro se tejen redes de trata de personas y de prostitución infantil

El Perú es el primer productor de oro de América Latina y se estima que no menos del 10% de la producción proviene de la minería ilegal. El desastre ambiental de este tipo de minería ya ha deforestado casi 90.000 hectáreas en Colombia. En el Perú se va en esa dirección, a lo que se añade la contaminación con mercurio de quienes se alimentan de peces de ríos contaminados. Las episódicas acciones estatales han fracasado.

Más allá de la deforestación o el mercurio, con la explotación ilegal del oro se tejen redes de trata de personas y de prostitución infantil de las que poco se habla y en las que la inoperancia del Estado es clamorosa. En Madre de Dios está el principal eslabón en el Perú en la trata y prostitución de niñas y jóvenes. Llegan de las serranías de Cusco y Puno atraídas por el señuelo de atender como meseras en restaurantes; en realidad se trata de lo que la gente conoce como prostibares. Centenares de prostíbulos clandestinos bordean las zonas aledañas a la carretera interoceánica que une Brasil con el Perú.

Estudiosos que trabajan en la zona estiman que podrían llegar a 4.000 las mujeres menores de 21 años en esta situación, las que a veces aparecen asesinadas y mutiladas y otras veces simple y llanamente desaparecen para siempre si amenazan con salirse del redil. Nada de esto es un secreto. Se han publicado reportajes y, de cuando en cuando, los fiscales organizan operativos en la zona contando con una fuerza policial usualmente poco entusiasta. El dinero corruptor y hasta el interés personal de algunos, que serían hasta socios de prostibares, hacen que muchas veces los agentes arrastren los pies.

La explotación sexual de la infancia dista de ser un drama local. Según una encuesta reciente de CHS Alternativo, más de 500.000 adultos habrían sufrido algún tipo de explotación sexual en el Perú en algún momento de su infancia. Faltan centros para atender a víctimas de trata, emprender investigaciones proactivas sobre esta cuestión, presencia policial preventiva y operaciones más sistemáticas y rutinarias. En resumen: falta Estado y decisión política.

Lo peor es que se va como los cangrejos. Los ya escasos recursos presupuestales contra la trata bajan de 2,65 millones de dólares en 2015 a un exiguo millón este año, lo que representa apenas el 0,0023% del presupuesto nacional. Hay en esto responsabilidades políticas y morales de un Gobierno que ya termina, que se vistió con el discurso de la inclusión pero que exhibe en Madre de Dios su clamorosa incompetencia e incumplimiento de sus obligaciones.

Confiemos en que Pedro Pablo Kuczynski —que asumirá la presidencia del Perú dentro de un mes— y su equipo ejercerán con vigor su función y que en esta zona del mundo la presencia del Estado deje de ser una ficción.