Los Gobiernos incumplen el 60% de las recomendaciones por violaciones de derechos humanos en México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que el 60% de las recomendaciones emitidas entre 2011 y 2016 a los tres niveles de Gobierno no han sido cumplidas en su totalidad. Entre los puntos que no han atendido las autoridades señaladas está la atención a las víctimas, procedimientos administrativos y penales en contra de los servidores públicos involucrados en los casos y tampoco se han ofrecido garantías de que el hecho violatorio no vuelva a suceder. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, lamentó que no se atiendan las sugerencias hechas por el organismo. "No puede haber impunidad”, advirtió durante la presentación del informe especial.

El debido cumplimiento de las recomendaciones logra que las violaciones a los derechos humanos que dieron origen a los pronunciamientos sean debidamente resarcidas, que los responsables sean sancionados y que las afectaciones causadas a las víctimas sean reparadas. Por ello es importante que las autoridades acaten los pronunciamientos de la CNDH, afirmó González Pérez. Las dependencias e instituciones que tienen la mayor cantidad de los asuntos en trámite son la Comisión Nacional de Seguridad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Guerrero.

El titular de la CNDH destacó que el incumplimiento es una nueva violación a los derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de violaciones graves. La conducta de los servidores públicos incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita el Estado de derecho. "La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave que la negativa a aceptar las mismas", reiteró. 

Desde 1990 el organismo defensor de los derechos humanos en México ha emitido 2.537 recomendaciones. El 54% han sido dirigidas a los Gobiernos de los Estados, el 35% a las autoridades federales y el 11% a servidores públicos de los municipios. En 1.879 casos, las autoridades señaladas cumplieron y emitieron pruebas de haber acatado al cien por ciento el fallo de la comisión. En el resto hubo un cumplimiento parcial, insatisfactorio o no se aceptó.

Las dos recomendaciones en trámite más antiguas son la 16/2000 dirigida a la Comisión Nacional del Agua y la 26/2001 enviada a la Presidencia de la República. Esta última ha sido calificada por la CNDH como una de las más significativas que ha integrado porque fue la primera ocasión que dirigió una recomendación a un presidente de México, en ese entonces Vicente Fox Quesada. del conservador Partido Acción Nacional (PAN). El expediente contenía 532 quejas sobre la desaparición forzada de personas durante la década de los setentas y principios de los ochentas. 

En el pronunciamiento se le solicitaba el Ejecutivo federal asumir "un compromiso ético y político para orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos y evitar que sucesos como los ocurridos se repitan en el futuro". También se le pedía instruir al procurador general a efecto de que designara un fiscal especial que se hiciera cargo de la investigación y persecución de los delitos referidos en la recomendación, donde en al menos 275 casos se acreditó la desaparición forzada.