La oposición impulsará en el Parlamento el fin anticipado del Gobierno de Maduro

La crisis económica es tan profunda que todos los partidos, que durante varios años defendieron distintas lecturas no solo de la naturaleza del chavismo, sino de la conveniencia de promover su salida anticipada del poder, son conscientes de que con la llamada revolución bolivariana al timón es imposible modificar el tétrico rumbo de la nación sudamericana.

El primer mes de 2016 ha pillado al régimen sin recursos para importar lo que se consume en el país. Después de 17 años en el poder, que celebraron el martes con un acto cultural que evocó la primera toma de posesión de Hugo Chávez, el chavismo está cosechado los frutos de su obra: la desinversión, el gasto dispendioso, el crecimiento descontrolado de la burocracia estatal, amparado en el alto precio del petróleo, el hostigamiento y la expropiación de varias empresas privadas, que han dejado al país en una ruina inédita. “Maduro y su régimen se tienen que ir ya”, escribió la líder opositora María Corina Machado en Twitter, al comentar ayer el titular de primera página del diario El Nacional. Hasta el gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, que ha privilegiado en el último tiempo la construcción de una agenda social que le permita ganarse el favor del votante chavista, no ha podido ser indiferente a la precaria situación de sus compatriotas y dedicó su espacio semanal en las redes sociales a hablar de la sustitución del Ejecutivo prevista en la Constitución. “Ha llegado el tiempo constitucional para que los venezolanos tomemos una decisión”, escribió, también en Twitter, a principios de semana. Son dos extremos que ahora coinciden en el mismo llamado.

El martes los diputados de la Causa R, una de las formaciones de la MUD, presentaron a la directiva del Parlamento una propuesta para modificar cuatro artículos de la Constitución venezolana. Se espera que el proyecto, que cuenta con el aval del presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, se discuta en la plenaria en las próximas semanas, o quizás antes, si Ramos Allup decreta una emergencia parlamentaria y lo lleva a la plenaria. Todo parece indicar que así será.

En un foro con estudiantes de la Universidad Metropolitana de Caracas, el director de debates del Legislativo se mostró partidario de promover la enmienda de la Carta Magna al considerarla como el mecanismo más expedito para salir del Gobierno. Apenas se requiere del voto de la mayoría simple de la Cámara y luego de un referéndum consultivo. Al valorar la intervención de Ramos Allup, el parlamentario opositor Américo de Grazia, uno de los proponentes del proyecto, dijo a este diario: “Es una señal de que vamos por buen camino”.

Vigencia inmediata

De ser aprobada, la enmienda tendría efecto inmediato sobre la vigencia del actual término. El proyecto propone acortar de seis a cuatro años el mandato del jefe del Estado, de 12 a seis años el período de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia y limitar a una sola reelección esos cargos. Maduro se colocó la banda presidencial en abril de 2013 para completar el período para el que fue elegido Hugo Chávez, que empezó en enero de ese año. Los cuatro años se cumplen en enero de 2017 por lo cual tendrían que adelantarse las elecciones para el último trimestre de este año.

De Grazia considera que esta propuesta incluso conviene al chavismo, atrapado entre el dilema de iniciar una reforma profunda del modelo de desarrollo o permanecer fiel al proyecto del comandante Chávez, encomendándose al azar del alza del precio del barril de petróleo. “Las filas para comprar alimentos se han agrandado, no hay comida y la crisis sanitaria es terrible. Además, el presidente no tendría que separarse del cargo y, si es su deseo, participar en esa elección” agrega el opositor.

Al escenario planteado por la oposición hay que sumarle la posible respuesta del Gobierno. En la primera quincena del año el chavismo dio una respuesta de su poder al obligar al Parlamento a desproclamar a tres diputados impugnados por el Supremo. La Sala Constitucional del máximo tribunal, que está bajo su control, es una suerte de árbitro cada vez que ocurre una colisión entre los poderes. Las cartas están echadas.