El Parlamento boliviano enjuicia a un dirigente de la oposición

El parlamento boliviano autorizó la iniciación de un “juicio de responsabilidades” (o especial para exautoridades) contra Samuel Doria Medina, el líder de la oposición al gobierno en la parte occidental del país. Se le acusa de una decisión que tomó a comienzos de los años 90, cuando era Ministro de Planeamiento del presidente Jaime Paz. El juicio también incluye a Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente derrocado por una protesta popular en 2013, y otros 12 antiguos funcionarios.

La decisión se tomó el viernes pasado en la última sesión de este periodo legislativo, que recomienza el 22 de enero, día en que el presidente Evo Morales cumplirá 10 años de gestión ininterrumpida. Un mes después, Bolivia celebrará un referendo para aprobar o rechazar una reforma constitucional que habilitaría a Morales a candidatear por cuarta vez consecutiva en 2019.

Doria Medina, quien salió segundo en las elecciones presidencial de 2014 --con el 25% de los votos, frente al 54% obtenido por Morales-- es hoy uno de los mayores impulsores del “no” a la reforma, que comenzó siendo la opción favorita en las encuestas, pero ha ido perdiendo fuerza conforme avanza la campaña del gobierno, realizada por todos los medios, para convencer a la población de que la estabilidad económica lograda en esta década se perdería con un cambio de presidente y que “lo mejor está por venir”.

Como parte de la campaña oficial, las autoridades han vuelto a despertar el fantasma del “retorno de la derecha privatizadora” en el mando del país. Doria Medina considera que el inicio del juicio que se prepara contra él desde hace meses es un intento de atemorizar a los opositores y de distraer la atención de la población de los casos de corrupción gubernamental que se han denunciado últimamente. Aseguró que él se mantendrá “firme” y que no dejará el país, como han hecho en el pasado otros dirigentes enjuiciados por su papel en el periodo neoliberal (1985-2005).

A este empresario, presidente de Unidad Nacional, se le acusa de haber autorizado, en su calidad de Ministro de Planeamiento de principios de los años 90, el traspaso a manos privadas de una cartera estatal de préstamos a las microempresas, conformada con créditos y donaciones de Estados Unidos por alrededor de 18,5 millones de dólares. Con esta cartera se formó una entidad de microcrédito que funciona hasta hoy, y que sigue pagando al erario el mencionado traspaso. Para el oficialismo, la operación implica un “contrato lesivo para el Estado”, pues privatizó un activo público sin respaldo suficiente. Según Doria Medina, la misma resultó de una imposición del gobierno estadounidense, que exigió que esta cartera, formada con créditos y donaciones suyas, y que en ese momento era incobrable, pasara a manos de una fundación sin fines de lucro como condición para condonar la deuda que Bolivia tenía con este país.

Gonzalo Sánchez de Lozada, que desde su derrocamiento se encuentra exiliado en Washington, es acusado por este mismo caso y también por la forma en que se valoró el precio de los ferrocarriles estatales antes de venderlos a inversionistas privados a mediados de los años 90. Esta valoración, que para los acusados se trató de una simple operación contable destinada a hacer posible la transacción, para la mayoría del parlamento consistió en una disminución real del costo de la empresa de ferrocarriles en beneficio de la empresa compradora, de nacionalidad chilena. Ambos casos se litigarán ante el Tribunal Supremo de Justicia y los acusados no pueden ser aprehendidos mientras no sean declarados culpables.

El presidente del parlamento, Álvaro García Linera, señaló que la labor de investigación y enjuiciamiento de las decisiones que condujeron a la privatización de las empresas nacionales hace dos décadas será permanente, porque estos actos “causaron daño a la patria”. La oposición considera que no se trata con la misma vara a los políticos de entonces que después se retiraron de la vida pública y a los que continúan activos, como Doria Medina.