El Supremo venezolano acepta la impugnación de las elecciones

Este miércoles al final de la tarde, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó los siete recursos de impugnación presentados por el gubernamental Partido Unido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en varias circunscripciones de tres provincias. El fallo, sin embargo, solo prevé que se suspenda la proclamación de los diputados electos en el estado de Amazonas (tres de oposición y uno del oficialismo), mientras se examinan todos los casos.

La incertidumbre crece en Venezuela mientras el chavismo continúa maniobrando, en medio de las distracciones del asueto navideño, para bloquear o al menos retrasar la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. La oposición controlará dos tercios de los escaños, o 112 sobre 167, lo que le concede la potestad constitucional de otorgar votos de censura a ministros y vicepresidente, plantear reformas a la Constitución e impulsar referendos. El Gobierno de Nicolás Maduro trata de rebanar esa mayoría a como dé lugar o, en todo caso, paralizar el funcionamiento del venidero legislativo.

La impugnación que desde este lunes intenta el oficialismo ante un Tribunal Supremo que controla forma parte de las maniobras. Excandidatos chavistas derrotados en los comicios introdujeron ante la corte recursos “contenciosos electorales” en seis circunscripciones regionales, además de otro que cuestionaba todo el proceso de votación en el estado de Amazonas (un territorio pobre, selvático y despoblado al sur del país), donde, según el Gobierno, la oposición pagó por la compra de votos. En todos los documentos consignados también se pedía al tribunal se adoptaran acciones para suspender los efectos de las elecciones.

Al admitirlos oficialmente este miércoles, sin embargo, el TSJ consideró necesario anular la proclamación de los diputados ganadores en Amazonas. En ese estado se asignaron cuatro curules. En los restantes casos que el tribunal considera, siguen en juego otras seis diputaciones, todas de la oposición.

El nuevo Parlamento

El 5 de enero solo se podrán juramentar 163 diputados (109 de oposición) mientras se decide el fondo del asunto. La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que ya en horas de la mañana había difundido el texto de una carta remitida a diversos organismos internacionales, en el que se denuncia un “Golpe de Estado judicial” en marcha, volvió a reaccionar al final del día mediante un comunicado. La alianza opositora calificó de “írrita” la decisión del TSJ y aseguró que el próximo martes estarán en la Asamblea Nacional todos sus 112 diputados para prestar juramento.

Casi al mismo tiempo que se conoció del veredicto, el presidente Nicolás Maduro hablaba por televisión. Aunque durante la transmisión de más de dos horas de duración el mandatario evitó referirse al asunto judicial, fue claro al expresar su desprecio por la nueva legislatura: “Me sabe a casabe la asamblea burguesa”, dijo, echando mano a una expresión popular que hace rima con el nombre de un pan de harina de yuca propio de la mesa venezolana.

Maduro hizo la alusión en un acto celebrado en el estado de Aragua (región central) en el que promulgó algunas leyes emitidas en el marco de los poderes habilitantes que la Asamblea Nacional de mayoría chavista le otorgó para legislar. Entre los instrumentos se refirió a las reformas apresuradas de las leyes de Impuesto sobre la Renta, de Impuesto sobre las Transacciones Financieras, del Régimen Cambiario, de la Explotación del Oro y Minerales Estratégicos y de las Actividades Petroquímicas. “Creí necesario utilizar mis facultades de Ley Habilitante para decretar un conjunto de leyes para garantizar los bolívares y las inversiones en divisas convertibles”, dijo.

Aunque inscribió el paquete de medidas dentro de un programa –todavía por desarrollar- para combatir la crisis económica que atraviesa el país, admitió además que tuvo el impulso legislativo para aprovechar las últimas horas de vigencia de la Ley Habilitante, que expira este 31 de diciembre. La confesión de Maduro puso de relieve que el Gobierno parece haber desechado una opción que durante las últimas horas se barajaba en el retorcido ajedrez político que se juega tras los resultados de las elecciones parlamentarias. Según trascendidos, el Gobierno se había planteado obtener de la Asamblea Nacional en funciones, de mayoría chavista, una extensión de los poderes habilitantes, lo que le habría permitido emitir leyes al margen del nuevo parlamento.