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Ecuador litiga con las grandes petroleras

Los informes de la comisión auditora indican que la defensa frente a los inversionistas ha generado un costo alto para el país

Ecuador
El procurador general de Ecuador Diego García, durante una rueda de prensa en Quito este mes.

Tras la orden de pagar a la petrolera OXY 1.061 millones de dólares, Ecuador continúa litigando con otros inversionistas en los tribunales internacionales: hasta 16 demandas económicas afronta el Gobierno, que negocia la indemnización a la petrolera francesa Perenco. Esta salió del país en 2009, después de que el presidente Rafael Correa reformara en 2007 la legislación de hidrocarburos y determinara que el 99% de las ganancias extraordinarias por el incremento del precio del crudo se revirtieran en el Estado.

Perenco solicitó el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, en abril de 2008 y esperó un acuerdo que nunca se dio. Ecuador recibió su primer revés en este caso en julio de 2014, cuando el tribunal instalado en París admitió que hubo un incumplimiento del estándar de “trato justo y equitativo” del Tratado Bilateral de Protección de inversiones suscrito entre Ecuador y Francia. El monto de indemnización que exigió Perenco al inicio fue de 440 millones de dólares más intereses, y podría ascender a 1.500 millones.

Esta es solo una de los 16 demandas económicas que tiene el Ejecutivo

Esta es solo una de los 16 demandas económicas que tiene el Ejecutivo. La mayoría (y las más cuantiosas) vienen de las petroleras que salieron del país porque no aceptaron renegociar sus contratos ni someterse a la nueva legislación sobre las ganancias extraordinarias. Burlington, Murphy y Petrobras han solicitado el arbitraje internacional a raíz de la exigencia de cambiar los contratos, y el monto que aspiran a cobrar supera los 3.000 millones de dólares. La diferencia entre las dos petroleras estadounidenses y la brasileña es el centro de arbitraje al que han acudido. Petrobras, que exige 830 millones, ha planteado su demanda ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral). Esto se debe a que Ecuador se separó del Ciadi en 2009; el presidente Correa consideró entonces que los fallos del tribunal del Banco Mundial tenían un sesgo a favor de los inversionistas.

Apelando a la soberanía nacional, el Gobierno ecuatoriano conformó en 2013 la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), que en sus primeros informes ratifica que el 56% de las demandas internacionales que ha recibido el país se relacionan con el sector hidrocarburífero y que concentran el 99,5% del total de las cuantías exigidas. Todo esto ha convertido a Ecuador en el tercer país de la región con mayor número de demandas en materia de inversiones, según la comisión, tras Argentina y Venezuela. Los problemas se originan por las omisiones en los 30 tratados bilaterales de inversión (TBI) que el país ha firmado desde 1968.

Los informes de la comisión auditora indican que la defensa frente a los inversionistas ha generado un costo alto para el país. Piedad Mancero, integrante de la Caitisa, cuenta que el Estado ha tenido que contratar estudios jurídicos especializados en derecho público internacional y “eso significa honorarios altos”. Hasta el mayo pasado, el gasto ha sido de 118 millones de dólares. El especialista en derecho público internacional Hugo García dice que pese a todo al Estado ecuatoriano “le ha ido relativamente bien” en las cortes internacionales. “Lamentablemente uno no puede convertir los deseos políticos de una nación en una realidad jurídica”, dice, e insiste en que la defensa ha sido buena y que eso implica la reducción de los daños en todos los casos. A continuación, vuelve al caso de OXY. “Una reducción del 40% en un laudo es la anulación parcial más grande en la historia del Ciadi”, concluye.

Un centro de arbitraje en la región

El presidente Correa instó en 2012 a la región a crear un centro regional para resolver controversias de inversiones. Luego, en diciembre de 2014, cuando se estrenaba la sede de Unasur en Quito, se informó de que se trabaja en la construcción de un centro de arbitraje en el seno del organismo regional. Ernesto Samper, secretario general de la Unasur, señaló recientemente que el Tribunal de Solución de Controversias del organismo podría concluir antes de terminar este 2015, “pues está listo en un 95%”.