Médicos Sin Fronteras se retira de Somalia por problemas de seguridad
La organización humanitaria declara que ya no dispone de las garantías mínimas para mantener la ayuda en el país, en conflicto desde 1991
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este miércoles que se ha visto forzada a cancelar todos sus programas en Somalia, debido a la violencia extrema a la que su personal se expone constantemente en este país, en el que ha prestado asistencia durante 22 años. Según un comunicado difundido este miércoles, los equipos de MSF ya no disponen de "las garantías mínimas de seguridad para mantener los programas de ayuda" en Somalia, que se encuent...
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este miércoles que se ha visto forzada a cancelar todos sus programas en Somalia, debido a la violencia extrema a la que su personal se expone constantemente en este país, en el que ha prestado asistencia durante 22 años. Según un comunicado difundido este miércoles, los equipos de MSF ya no disponen de "las garantías mínimas de seguridad para mantener los programas de ayuda" en Somalia, que se encuentra inmersa en una guerra civil desde 1991.
En Somalia, MSF se ha encontrado constantemente en un contexto de brutalidad, en el que, en total, 16 de sus trabajadores han sido asesinados. Además, se han producido decenas de ataques contra su personal, ambulancias e instalaciones sanitarias. La violencia ha empeorado en los últimos años. La decisión de retirarse se debe a "la tolerancia y el apoyo otorgados por grupos armados y líderes civiles a los ataques contra los equipos de MSF", afirma la organización.
El presidente de Médicos Sin Fronteras España, José Antonio Bastos, explica que dos acontecimientos recientes han motivado la decisión: el secuestro de las cooperantes españolas en octubre de 2011 en Kenia, retenidas en Somalia y liberadas el pasado julio tras 21 meses de cautiverio, y el asesinato premeditado y a sangre fría de dos trabajadores del MSF en la capital, Mogadiscio. El autor sí fue identificado, juzgado por las autoridades somalíes y condenado a 30 años de cárcel, pero fue puesto en libertad después de cumplir tan solo tres meses de prisión.
Según el comunicado divulgado por MSF, "la capacidad y la voluntad de respetar unas mínimas garantías negociadas de seguridad para los pacientes y el personal, siempre frágil en zonas de conflicto, ya no existen en Somalia". Bastos cuenta que en cualquier país en guerra la organización negocia con los grupos armados, pero no puede imponer sus condiciones, así que siempre habrá riesgos. “No esperamos garantías completas, sino la disponibilidad de apoyarnos”, dice Bastos.
En algunos casos, los mismos actores con los que la ONG ha negociado las condiciones que permitían el desarrollo de sus actividades han estado directamente implicados en los abusos, apoyando y tolerando los diversos casos de asesinatos, secuestros y agresiones a sus trabajadores.
“La organización se ha visto muchas veces obligada a tomar decisiones difíciles y se ha acostumbrado a hacer diversas concesiones y trabajar contra sus principios”, señala Bastos, destacando la decisión excepcional de emplear escoltas armados para poder trabajar en Somalia. Las escoltas están formadas por guardas de seguridad contratados en la primera mitad de la década de los noventa. La adopción de esa medida, dice, “destruye la imagen pacífica y neutra de MSF, y provoca reacciones más violentas de los grupos armados”.
Bastos explica que la situación ha empeorado mucho desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dio inicio a la confrontación global contra el terrorismo. En la guerra de Afganistán el Ejército estadounidense pasó a utilizar la ayuda humanitaria como una “herramienta de guerra”. “Los militares se desplazaban en vehículos de color blanco, como los de las organizaciones humanitarias, y repartían alimentos y medicinas a cambio de información”. A raíz de esa práctica de “manipulación de la ayuda humanitaria” para ejecutar operaciones militares, los grupos armados locales implicados en conflictos en países de Oriente Próximo y África pasaron a desconfiar de toda iniciativa relacionada con Occidente. Los cooperantes se tornaron sospechosos y su acceso a las zonas de conflicto fue bloqueado.
El presidente internacional de la ONG, Unni Karunakara, ha señalado en una teleconferencia que "los cientos de miles de ciudadanos somalíes" serán los que en última instancia pagarán el precio más alto y ha lamentado el "incalculable" número de personas que quedará desatendido.
La organización ha expresado su compromiso con la población somalí. Está dispuesta a volver a prestar atención médica en el país si todos los actores demuestran con hechos "que tienen la voluntad y la capacidad de facilitar la prestación de la ayuda humanitaria", así como de "respetar la seguridad de los trabajadores humanitarios".
La renegociación, en todo caso, no va a ser inmediata. “Necesitamos tiempo para reflexionar y discutir internamente, y luego empezar a dialogar con las autoridades civiles somalíes”, dice Bastos.